La periodista liberiana Mae Azango contó que durante un año “vivió como murciélago, yendo de un árbol a otro” junto con su hija, para escapar de los fanáticos religiosos que la amenazaron de muerte por denunciar la mutilación genital femenina en su país.
Esta periodista de FrontPage Africa dijo a IPS que el gobierno de Liberia suscribió un tratado en 2012 que garantiza el derecho a la información a sus ciudadanos, pero sigue escondiendo datos sobre los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva.
“Con cada artículo que escribo estoy en riesgo”, indicó. Añadió que depende totalmente de “fuentes secretas” dentro del gobierno para obtener información, pues es muy poco lo que se difunde a la opinión pública.
Sus problemas se hicieron eco entre mujeres y especialistas en derechos de salud, que se reunieron en esta capital de Malasia para la tercera conferencia mundial anual de Women Deliver (las mujeres dan vida), realizada entre el martes 28 y el jueves 30.
Procedentes de distintos puntos del planeta, las participantes no tuvieron problemas para identificar los objetivos comunes: romper los tabúes en materia de educación sexual y crear un ambiente seguro para activistas y profesionales de la salud y de la educación, con el fin de generar conciencia sobre planificación familiar y relaciones sexuales seguras.
En Marruecos, un país de 32 millones de habitantes, está prohibido enseñar educación sexual las escuelas porque los legisladores creen que es un “concepto nocivo, destinado a promover la promiscuidad”, explicó a IPS la activista Amina Lemrini.
Las mejoras en los servicios de salud sexual en Marruecos son lentas por los tabúes que buscan preservar autoridades religiosas, apuntó.
Con un gobierno que no está dispuesto a desafiar a los clérigos, la labor de proveer servicios de salud recae totalmente sobre la sociedad civil, y, por ende, también las amenazas.
Lemrini señaló que no conoce a ningún defensor de derechos de salud reproductiva que no haya sufrido una amenaza, pero el gobierno no les ofrece ninguna protección.
Entre los especialistas que reconocen el peligro está el director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Babatunde Osotimehin, quien dijo a IPS que el fundamentalismo religioso es “ciertamente, una preocupación”, en lo que respecta a los avances en materia de salud sexual.[related_articles]
Pero aun así, urge a los activistas a continuar con su labor. “El fundamentalismo existe en todas las sociedades y en todas las religiones, lo que importa es cómo comunicamos nuestro mensaje”.
Según él, cuanta más gente conozca sus derechos y opciones, menos dudarán en desafiar las leyes y los llamados “tabúes culturales”.
Un rápido repaso de las estadísticas mundiales basta para confirmar la necesidad de mejorar las comunicaciones. Según el UNFPA, casi 800 mujeres mueren por día por problemas relacionados con el embarazo. En un año son 350.000 fallecidas, 99 por ciento de las cuales viven en los países en desarrollo.
Los abortos selectivos en función del sexo y el descuido que sufren las niñas recién nacidas son responsables de la “falta” de 134 millones de mujeres en el mundo.
El UNFPA estima que “millones de adolescentes” mantienen relaciones sexuales inseguras y carecen de información sobre anticonceptivos.
Osotimehin señaló que “33 por ciento de las adolescentes de entre 15 y 19 años no cuentan con información sobre planificación familiar en Etiopía, 38 por ciento en Bolivia, 42 por ciento en Nepal, 52 por ciento en Haití y 62 por ciento en Ghana”.
Nyaradzayi Gumbonzvanda, directora de la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes, dijo a IPS que no es una opción renunciar a la difusión de cuestiones sobre derechos y salud sexual y reproductiva.
“Necesitamos un ambiente operativo para quienes discuten estos temas”, indicó. “Se necesita proteger a la prensa, no es una cuestión opcional. Los gobiernos deben ampliar la cooperación con los medios y ofrecer respaldo legal allí donde no exista”, añadió.
Gumbonzvanda cree que el periodismo ciudadano es una forma efectiva para mitigar los riesgos que suponen los fundamentalistas, no solo para amplificar las voces que no son escuchadas, sino para impulsar la acción ciudadana.
En Egipto, donde la ciudadanía se enfrenta a las políticas conservadores del brazo político gobernante de la Hermandad Musulmana, una red de periodistas ciudadanos se concentra en cuestiones de salud sexual y reproductiva, lo que hace fruncir el ceño de los islamistas.
Ahmed Awadalla, responsable de violencia sexual y de género de Africa and Middle East Refugee Assistance (Amera), dijo a IPS que toda persona que hable sobre este asunto corre riesgo de ser detenido, acosado o de ir a prisión.
Eso hace que cada día haya más blogueros; la gente huye al ciberespacio en busca de foros seguros para compartir información e ideas.
“Cuando escribo sobre los derechos sexuales de las mujeres violo dos normas”, explicó Awadalla. “Primero por hablar de un tema prohibido; segundo por hacerlo siendo hombre, no se supone que esté del lado de las mujeres”, explicó.
Awadalla está bajo mucha presión, pero nada lo convencerá de abandonar su lucha.
Los gobiernos de África, América Latina y Asia deben rendir cuentas a los donantes, sostuvo Agnes Callamard, directora ejecutiva de la organización Artículo 19, con sede en Londres, que se dedica a defender la libertad de expresión en el mundo.
“Todos los gobiernos se comprometieron a gastar cierta cantidad de dinero de los fondos de ayuda en salud sexual”, indicó. Investigar sobre el flujo de dinero puede servir para presionar a los gobiernos a que mejoren la difusión de información.
De hecho, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), con sede en México, comenzó a rastrear la asistencia destinada al suministro de información sobre salud sexual y reproductiva en 2011.
“Encontramos que faltaba casi un millón de dólares”, señaló Alma Luz Beltrán y Puga, defensora de derecho a la información de GIRE. “Iniciamos una demanda al gobierno. Si se sigue el rastro de esta forma en distintas partes del mundo, podrá haber una mayor responsabilidad”, añadió.
Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, los países ricos donaron casi 6.400 millones de dólares para ayudar a ofrecer acceso e información en materia de salud reproductiva en las naciones en desarrollo.
