Una comunidad indígena de Brasil decidió hacer cumplir la ley por su propia mano al enfrentar a taladores ilegales que penetran en sus tierras en busca de valiosas maderas.
Una nueva modalidad de tala se concentra en tierras indígenas, ricas en especies madereras y cuya población se vuelve blanco de madereros ilegales que apelan tanto al soborno como a la amenaza.
El episodio más reciente se registró a fines de enero en la tierra indígena Governador, en el sudoeste del estado de Maranhão, cerca de la ciudad de Amarante y a 900 kilómetros de la capital estadual, São Luís.
En ese rincón que marca el límite de la Amazonia oriental, nativos del pueblo pukobjê-gavião confiscaron cuatro camiones y un tractor con casi 20 metros cúbicos de troncos de ipê (Tabebuia chrysotricha), una especie de lapacho de madera excepcional, y sapucaia (árbol del género Lecythis).
"Nos cansamos de denunciar y entonces resolvimos tomar nuestras providencias. Veíamos los camiones dentro de la reserva. ¿Qué iba a pasar si no hacíamos nada?", explicó el cacique Evandro Gavião, de la aldea Governador, una de las seis tribus pukobjê-gavião de esa tierra indígena.
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El joven líder de 24 años dialogó por teléfono con Tierramérica mientras se encontraba reunido con jefes de otras aldeas para discutir un plan de monitoreo y protección de la reserva.
Según Gavião, la comunidad había denunciado en 2009 la tala en sus tierras, que abarcan un área de transición entre la Amazonia y el bioma Cerrado (sabana) y, por eso, son ricas en especies como el ipê y la sapucaia, la aroeira (Schinus terebinthifolius), la copaíba (Copaifera sp.), y la cerejeira (género Amburana).
"Pero los árboles se están acabando", se lamentó Gavião.
Según el capítulo brasileño del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la extracción ilegal de madera está íntimamente ligada a la construcción de carreteras y a los movimientos migratorios. El acceso vial facilita el ingreso al bosque.
Entre septiembre y noviembre de 2012, Interpol arrestó a 200 personas en 12 países de América Latina, en la primera operación internacional contra la tala y el comercio ilegal de madera. El operativo tuvo lugar en Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela, y se confiscaron 50.000 metros cúbicos de madera por valor de ocho millones de dólares.
En la tierra indígena de Governador, sus habitantes reclaman la presencia de la Fundación Nacional del Indio, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de la Policía Federal para garantizar la seguridad de unas 1.000 personas distribuidas en las seis aldeas.
"Lo que hicimos fue peligroso, pero fue la única forma de llamar la atención de los órganos responsables", dijo Gavião.
Desde la confiscación de los camiones, el retiro ilegal de madera no cesó, sino que cambió de ruta.
"La sensación es que puede empeorar y que las amenazas que sufrimos continuarán… Sabemos que ya están negociando la cabeza del cacique de la aldea Nova en 30.000 reales (más de 15.000 dólares) para matarlo. Pero el pueblo gavião no va a parar", advirtió el cacique.
Los indígenas atribuyen el aumento de amenazas y presiones a la redefinición de los límites de la reserva. La tierra indígena Governador está en proceso de una nueva demarcación desde 1999, tras ser homologada en 1980.
Los límites de usufructo tradicional de los indígenas no se respetaron, y estos necesitaban salir de su territorio para acceder a recursos naturales para alimentarse y cumplir con sus rituales, explicó a Tierramérica Rosimeire Diniz, del católico Consejo Indigenista Misionero (CIMI) de Maranhão.
Partes del territorio antes utilizado por los pukobjê-gavião quedaron fuera de la demarcación y fueron ocupadas por hacendados. Durante años, los indígenas tuvieron "una relación más o menos amistosa" con esos ganaderos, pero cuando pidieron una revisión de los límites, los conflictos y la violencia se exacerbaron, describió Diniz.
La tierra indígena Governador tiene 42.000 hectáreas y la nueva demarcación podría ampliarla hasta 80.000. Según Evandro Gavião, el área actual no es "suficiente" pues la determinó el régimen militar de la época "a las apuradas".
"Los lugares donde nuestros antepasados pescaban y cazaban están fuera de la tierra indígena. No consultaron a los indígenas para saber dónde pescaban, dónde cazaban, dónde cosechaban. Por eso pedimos la revisión. Estamos al tanto de que puede llevar mucho tiempo, pero tenemos una responsabilidad con nuestro pueblo. Por eso estamos luchando", explicó.
Al menos desde la década de 1980 se desarrolla la tala ilegal en tierras originarias, pero antes se daba sin conocimiento de sus habitantes.
"Ahora es mucho más visible. A través del soborno, los madereros transfieren la autoría del delito ambiental a los indígenas. La situación era insostenible, los nativos resolvieron llevar a cabo una acción para protegerse. La tala era tan visible que los camiones pasaban por dentro de las aldeas", señaló Diniz.
Fábio Teixeira, delegado de la Policía Federal de la ciudad de Imperatriz, la segunda más grande de Maranhão y a unos 100 kilómetros de Governador, dijo a Tierramérica que, a lo largo de los años, los taladores migraron hacia esa parte de la reserva y actualmente existen allí al menos siete grandes aserraderos.
"Deforestación hubo siempre, pero era puntual. Después de una gran operación de combate en otras localidades, muchos madereros se mudaron hacia Governador", señaló.
Teixeira también admitió que la situación es "muy conflictiva" entre los indígenas y los hacendados y madereros que se están uniendo contra ellos.
Teixeira relató que en el incidente de los camiones, la propia población del pequeño municipio de Amarante, situado apenas a 20 minutos de automóvil de Governador, hizo una barricada con fuego y piedras en la carretera para bloquear el acceso de los indígenas a la ciudad, y la seguridad se reforzó con 20 agentes federales y 30 policías militares.
"No sabía que la ciudad estaba tan comprometida con la explotación ilegal", reconoció el policía. "Su economía se sustenta en la madera y la actividad pecuaria. El propio poder municipal está implicado. No puedo dar detalles sobre nuestras operaciones, pero se intensificará la fiscalización", aseguró.
Para Teixeira, la acción de los indígenas fue "un acto de desesperación" que pudo terminar en "un baño de sangre". A partir de entonces, "los orientamos para que registren con fotos lo que vean como acciones ilegales dentro de la reserva, pues servirán como material de investigación", aseguró.
* Este artículo fue publicado originalmente el 2 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
