Morir por informar en Sri Lanka

Miles de jóvenes fueron secuestrados en Sri Lanka por razones políticas en los años 80. Crédito: Amantha Perera/IPS

Eran casi las cuatro de la mañana del 18 de febrero de 1990, cuando la médica Manorani Saravanamuththu llegó al número 42 de la calle Castle, una casa de antiguo estilo portugués en un suburbio de Colombo, la capital de Sri Lanka.

Su hijo había sido secuestrado. «Se llevaron a Richard», le zampó a su sobrina y a su esposo en cuanto abrieron la puerta. «Se lo llevaron los Gatos Negros».

La joven pareja no necesitaba más explicaciones. Ambos conocían muy bien a ese escuadrón de la muerte cuyos miembros, vestidos de civil y en jeeps negros, secuestraban, torturaban y asesinaban a voluntad.

Sus presas, miembros o supuestos partidarios del izquierdista Frente de Liberación Popular (Janatha Vimukti Peramuna o JVP), eran por lo general estudiantes universitarios.

Muchas veces, los cadáveres de los jóvenes eran hallados al día siguiente de su desaparición ardiendo en pilas con otros cuerpos. En otras ocasiones, nunca más se supo de ellos.
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Aunque en este periodo de la historia de Sri Lanka, conocido como «deeshana kalaya» (reino del terror), todos eran potenciales víctimas, nadie se esperó que una de ellas sería Richard de Zoysa: descendiente de dos poderosas familias, estrella del teatro srilankés en inglés, conocido comunicador y jefe de la oficina en Colombo de la agencia de noticias Inter Press Service (IPS).

Sus artículos sobre Sri Lanka en los años 80 le granjearon reputación a nivel local e internacional.

Los días siguientes al secuestro de De Zoysa fueron de gran incertidumbre, tanto para su familia como para sus colegas y para el gobierno del entonces presidente Ranasinge Premadasa (1989-1993), del Partido Nacional Unido, que libraba una guerra para «erradicar» al JVP.

Los teléfonos sonaban día y noche. Eran llamados desesperados a las estaciones de policía y a influyentes abogados, urgentes ofertas de asilo desde el exterior, incesantes pedidos de medios internacionales para que el gobierno hiciera declaraciones, todos con la misma pregunta: ¿Dónde está?

Al tercer día de que seis hombres armados (a uno de los cuales su madre identificó como un funcionario policial de alto rango) obligaron a De Zoysa a subirse a un jeep vistiendo nada más que su «sarong» (especie de falda que en muchos lugares de Asia usan tanto mujeres como hombres), un pescador encontró flotando un cuerpo en la costa de Moratuwa, un suburbio del sur de Colombo.

Era el cadáver del periodista, que, pese al sumo deterioro, su madre pudo reconocer.

¿Por qué recordar?

El 18 de este mes se cumplieron 23 años de la muerte de De Zoysa. Ese mismo día, la cadena panárabe Al Jazeera informó del descubrimiento de una fosa común con más de 150 cadáveres en la central localidad srilankesa de Matale.

Aunque hubo diversas teorías sobre el origen de estos cuerpos, un equipo de expertos constató que en ellos había «evidencias de decapitación, desmembramientos y encubrimiento», todo lo cual «indica que se cometieron crímenes».

El hecho de que Matale haya sido foco de la actividad insurgente izquierdista no escapó al JVP. Para ese grupo, la tumba podría contener los cadáveres de sus partidarios.

Aunque el «reino del terror» parece haber quedado ya en los libros de historia, un sector de Sri Lanka sigue siendo tan vulnerable como antes: 19 periodistas fueron asesinados en las últimas dos décadas, varios siguen «desaparecidos» y muchos más resultaron gravemente heridos mientras hacían su trabajo.

En 1990, la noticia de la muerte de De Zoysa desató una indignación pública que fue mayor que la motivada por las alrededor de 40.000 muertes que le precedieron en el «reino del terror».

Pocos días después del funeral, los medios recibieron una directiva del gobierno: no más menciones de Richard de Zoysa, ni en la prensa escrita ni a través de fotografías ni en la radio. Si su asesinato no era suficiente para silenciarlo, entonces la censura tendría que hacer lo suyo.

Larga historia de asesinatos

Las especulaciones sobre las razones detrás del crimen de De Zoysa son muchas, desde su actividad en el teatro hasta sus relaciones con miembros del JVP, pero IPS ha sostenido siempre que, en todo caso, fue en el campo del periodismo donde él arriesgo más.

Esta agencia le otorgó en forma póstuma el Premio al Logro Internacional «por sus informes sobre los asesinatos de estudiantes por parte de escuadrones de la muerte» en Sri Lanka.

De hecho, De Zoysa fue corresponsal para IPS durante quizás uno de los momentos más complejos de la historia srilankesa, un tiempo de guerra total en más de un frente.

«La impunidad con la que reporteros son asesinados en Sri Lanka tiene una larga historia», dijo a IPS el coordinador del Programa en Asia del Comité para la Protección de los Periodistas, Bob Dietz.

«La muerte de Richard de Zoysa no ha sido olvidada en absoluto, como tampoco la de tantos otros en Sri Lanka», añadió.

Dietz recordó que, aun cinco años después del asesinato, el caso de De Zoysa era usado por el gobierno para frenar la labor de los periodistas.

«En mayo de 1995, la presidenta Chandrika Kumaratunga (1994-2005) hizo una amenaza intencional a la prensa en la inauguración del Centro Nacional de Información», dijo Dietz.

La mandataria entonces afirmó: «No los asesinaremos ni lanzaremos desde el aire a las playas», en alusión al homicidio de De Zoysa.

«Pero advirtió que los reporteros tenían que ser ‘responsables’ al cubrir la guerra, y amenazó con que ella y su gobierno tomarían ‘acciones serias para asegurar que cumplieran esa responsabilidad’», recordó Dietz.

De Zoysa informó sobre la guerra que libraba el ejército de Sri Lanka en dos frentes: contra el JVP en el sur de la isla, zona marginada económicamente, y contra los separatistas Tigres para la Liberación de la Patria Tamil-Eelam en el norte.

Con su trabajo, el periodista fue un ejemplo del lema de IPS, de darle «voz a los que no tienen voz», en un momento en que expresarse de cualquier forma, sea escrita, susurrada o hasta insinuada, podía significar la muerte a manos de diferentes grupos armados.

De Zoysa denunció cómo las severas leyes antiterroristas aprobadas para vencer a la rebelión tamil, permitiendo detenciones arbitrarias, las torturas y los asesinatos rápidamente fueron usadas también contra el JVP y afectaron a campesinos cingaleses.

Su labor fue descrita como periodismo activista, pero una lectura de sus artículos para IPS revela que no tenía una agenda específica. En cambio, muestran que simplemente se sumergió en aguas peligrosas para ver qué encontraba.

Y cuando informaba sobre su presente se anticipó, quizás involuntariamente, al futuro de su país: su último despacho para IPS, titulado «Sri Lanka: cerca de un Apocalipsis de derechos humanos», denunciaba una ola de asesinatos.

El artículo denunciaba la proliferación de «cadáveres ardiendo en calles públicas» y escuadrones de la muerte con «licencia para matar», y señalaba que más de 1.000 jóvenes habían sido asesinados en el mes anterior.

De Zoysa concluyó su artículo citando a la ex primera ministra Sirimavo Bandaranaike (1960-1965, 1979-1977 y 1994-2000), quien alertó al parlamento poco antes de morir: «Si no tienen otra respuesta a los asesinatos indiscriminados que represalias igualmente brutales, van a construir un monstruo que nadie podrá controlar».

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