Sindicatos de agricultores de Mozambique advierten que pronto escaseará la tierra pues el gobierno otorga cada vez más hectáreas a compañías agroindustriales extranjeras y deja a miles de campesinos a la deriva, sin títulos legales sobre su propiedad.
"Como UNAC (Sindicato Nacional de Campesinos de Mozambique) creemos que a muy corto plazo la tierra será cada vez más escaza para los mozambiqueños porque el gobierno busca atraer inversores extranjeros con el argumento de que tenemos una gran cantidad de hectáreas sin usar", dijo a IPS el portavoz de la organización, João Palate.
Datos del Centro de Promoción de Inversiones señalan que Mozambique cuenta con 19 millones de hectáreas de tierra para agricultura, silvicultura y ganadería, pero solo se explotan 5,6 millones.
"En realidad, cuando los inversionistas vienen, su apetito se concentra en las tierras que ya están ocupadas por la población local", indicó Palate.
Hasta el momento 64 por ciento de los mozambiqueños viven en zonas rurales, donde la agricultura es el sustento principal, y 45 por ciento de ellos sobreviven con menos de un dólar al día, según la organización de derechos humanos FIAN International.
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En los últimos dos años, el gobierno de Mozambique aprobó más de 10 proyectos de desarrollo agroindustrial extranjeros. El más grande es ProSavana, en el marco del cual se otorgaron más de 10 millones de hectáreas a inversionistas brasileños y japoneses.
La Constitución de Mozambique estipula que la tierra es propiedad del Estado y no puede ser vendida, "el derecho de uso y el beneficio de la tierra se confieren a personas o entidades".
Según la legislación nacional, la gente puede solicitar hacer uso de la tierra al gobierno provincial si la superficie es menor a 1.000 hectáreas. Para extensiones mayores, las peticiones deben presentarse ante el Ministerio de Agricultura y Pesca.
Pero la norma también prevé que se otorguen tierras a las comunidades locales que las ocupan desde hace más de cinco años.
Palate subrayó que la posesión de la tierra es una cuestión de soberanía y la producción de alimentos debería estar en manos de la población local, capacitada con mejores prácticas agrícolas.
Por ejemplo, apuntó, ProSavana cultivará soja. "Es decir que es un negocio de exportación, por lo tanto no resolverán nuestros problemas" de seguridad alimentaria, explicó.
El proyecto en cuestión se ubicará en el Corredor de Desarrollo Nacala, una zona ubicada entre las provincias de Nampula, Zambézia y Niassa, en el norte del país.
Las tierras designadas están ocupadas por miles de pequeños agricultores.
Mientras, el gobierno sostiene que los pequeños agricultores no perderán sus tierras con el emprendimiento.
Promesas incumplidas
Delfina Sidónio, madre de tres niños, perdió la cuenta de la cantidad de veces que le prometieron indemnizarla por la pérdida de sus tierras ancestrales, dijo a IPS.
Perdió sus cinco hectáreas, ubicadas en la comunidad de Ruace en la provincia portuguesa de Zambézia, cuando a la compañía agroindustrial portuguesa Quifel le fueron concedidas 10.000 hectáreas. En el marco del proyecto Hoyo-Hoyo, la empresa tiene previsto cultivar soja y girasol para la producción de biocombustibles.
"Fui expulsada de la tierra que heredé de mis padres con la promesa de que me otorgarían otra, además de 680 dólares como compensación. Desde entonces, hace un año, lo único que recibí fue un cuarto de esa suma, y no hay información sobre nuevas tierras para trabajar", agregó Sidónio.
Ella es una de los más de 200 pequeños agricultores que perdieron su terreno a causa de ese acuerdo.
"Nuestra vida estaba en esa tierra, nos daba alimentos e insumos; era nuestro estilo de vida", se lamentó Ernesto Elías, secretario del foro de la asociación de pequeños agricultores de Ruace.
"Al principio, la compañía nos prometió darnos nuevas tierras cultivables construir infraestructura, darnos agua y pagarnos una indemnización según lo que tuviéramos en el terreno", recordó. "Pero después de unos meses, las promesas se convirtieron en mentiras", se molestó.
Tras ser contactada por IPS, la oficina de Quiefel en Gurue, provincia de Zambézia, negó las acusaciones.
"Nos preparamos para cumplir las promesas pendientes de las negociaciones con las comunidades hasta junio de este año", dijo un representante de la empresa.
"Y después, nadie hablará de acaparamiento de tierras en Ruace, sino de cooperación sustentable entre comunidades e inversionistas para desarrollar la agroindustria", añadió.
Mahomed Valá, director nacional de servicios agrarios del Ministerio de Agricultura, dijo a IPS que el gobierno es consciente de las quejas de la comunidad de Ruace. Pero lo único que puede hacer es llamar al diálogo entre las partes enfrentadas, alegó.
"Básicamente, el conflicto es por las promesas incumplidas", coincidió.
"La compañía prometió tierras para su reubicación y semillas para ayudar a los pequeños agricultores e infraestructura, pero no lo hicieron. Me reuní con representantes de la compañía y les aconsejé fortalecer el diálogo con la comunidad y cumplir sus promesas", explicó Valá.
Un pequeño gran problema
"Lo único importante para evitar los conflictos de tierras es adoptar soluciones beneficiosas para todos", dijo a IPS el profesor de desarrollo internacional del Departamento de Agricultura, Alimentación y Economía de Recursos de la Universidad de Michigan, Rafael Uaiene.
Mozambique sigue siendo un país pobre y necesita inversiones para explotar su potencial, sostuvo Uaiene. "Pero también debe proteger el derecho a la tierra de las comunidades locales y promover la inversión agrícola", arguyó.
Beneficiosa para todos quiere decir arrendar la tierra para maximizar su uso, según el especialista. "Y en el caso de las que utilizan las comunidades locales, tienen que recibir la compensación que indica la ley y quedar integradas en el círculo de las inversiones", añadió.
(IPS/traen-vf/af dv ip pr hu ij fe/13)
