En una noche brumosa y sin estrellas de la capital de Sierra Leona, un adolescente corre desesperadamente por la calle antes de ser violentamente empujado al suelo por un transeúnte. De inmediato se propaga la noticia de que fue atrapado un ladrón y llegan prestos hombres de todos lados.
En un minuto, la estrecha calle se llena de gente y el muchacho, quien asegura no haber robado un teléfono celular, como se le acusa, recibe el primero de una serie de golpes que continuarán durante unos 40 minutos.
Los atacantes usan palos, ladrillos y rocas. "Vamos a matarlo", dice un hombre, excitado, revolviendo en el aire un pesado palo y golpeando la cabeza y el cuello del joven, quien sangra profusamente y trata de protegerse.
Finalmente, desnudo y apenas de pie, el traumatizado adolescente es expulsado del lugar por la muchedumbre y queda a merced de su propio destino. "Ese se va a morir durante la noche", pronostica un hombre. "Es un ladrón", explica, "es una muy mala persona".
La justicia por mano propia va en aumento en este país de África occidental de casi seis millones de personas. El fenómeno tiene varios factores, como la ineficiencia del sistema judicial, la propagada falta de confianza en la policía y el legado de grupos de autodefensa que operaron durante la larga guerra civil.
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Diez años después de terminado el conflicto interno, Sierra Leona es un país pacífico. Las últimas elecciones presidenciales se caracterizaron por masivas campañas contra la violencia, y se llevaron a cabo sin incidentes.
Pero, mientras la violencia política es condenada en forma generalizada, los ataques espontáneos contra supuestos delincuentes reciben pocas críticas.
Ibrahim Tommy, director ejecutivo del no gubernamental Centro de Responsabilidad y Estado de Derecho, sostiene que el aumento de la vigilancia parapolicial está directamente relacionado con el mal funcionamiento del sistema judicial.
"Lo que hace la población es responder a la debilidad del sistema, a la falta de capacidad de hacer justicia en un periodo razonable de tiempo", explica a IPS.
"Entonces que lo que hacen es golpear a la persona. Mientras alguien pueda por suficiente tiempo pegarle al sospechoso, se siente satisfecha", añade.
Como dijo un hombre durante la golpiza al adolescente, acusado de robar un teléfono celular: "Si lo entregamos a la policía, estará aquí de nuevo al día siguiente".
Tommy señala en especial las demoras burocráticas, que obstaculizan la participación testigos en los juicios. "Lo que sucede es que alguien es arrestado, llevado a la estación de policía, procesado, pero no va nadie a testificar. En ese momento, al juez no le queda otra opción que dejarlo en libertad. Para una condena se necesitan testigos".
"La gente en este país no va a los tribunales a testificar", coincide Ibrahim Samura, superintendente adjunto de la Policía.
Muchos se resisten a perder su tiempo en casos que demoran mucho tiempo. Otros temen que por declarar puedan ser luego objeto de represalias. Ni las propias víctimas van a los tribunales, dice Samura a IPS.
Pero, según Tommy, la falta de la participación de testigos es solo uno de los factores detrás de la baja tasa de sentencias. Para él, algunos de los delincuentes hacen acuerdos con autoridades policiales para no ser acusados.
"La mayoría de las veces son detenidos por la policía y, luego de un día o dos, después de que el público olvida lo ocurrido, son liberados en secreto", asegura.
Además, la cultura de "justicia callejera" tiene sus raíces en la guerra civil, en la que surgieron grupos de autodefensa frente al fracaso de los militares en darles seguridad frente a los ataques del rebelde Frente Revolucionario Unido.
"La vigilancia parapolicial realmente comenzó durante la guerra", afirma. "Aquí es cuando miembros de la población perdieron la fe en las fuerzas de defensa y pensaron que debían hacer algo para su propia protección y seguridad, así que intentaron llenar el vacío dejado por la lamentable conducta de los militares".
Víctimas sin nombre
Hoy los casos de ataques por parte de vigilantes ciudadanos son comunes en Freetown. En el principal hospital de la ciudad, la enfermera Dura Kamara está acostumbrada a tratar víctimas de la violencia callejera.
"Llegan al menos una o dos veces por semana", señala. "Se encuentran en condiciones muy serias. La gente les lanza ácido, los golpea, les rompe los huesos, los ataca con machetes".
Algunos ni siquiera llegan vivos al hospital, van directamente a la morgue de la ciudad, donde trabaja Alhaji Kanjeh. "Es muy común. Aquellos que son atrapados robando son golpeados hasta morir", dice a IPS.
Kanjeh muestra la foto de un adolescente que fue asesinado por una multitud cerca del estadio nacional. Intentó robarle a un automovilista y pagó con su vida. "Nunca pudimos saber su nombre", señala el empleado de la morgue, a donde han llegado víctimas de la justicia callejera de tan solo 15 años.
Los ladrones que mueren en manos de la muchedumbre rara vez son identificados o reclamados por familiares, que temen ser estigmatizados como delincuentes.
"Cuando la policía viene aquí con el cadáver, lo ingresamos como desconocido", explica Kanjeh. Si no llega ningún familiar a reclamarlo, es enterrado en una fosa común.
Para Owizz Koroma, jefe forense del gobierno, la justicia por mano propia se ha vuelto rutina, y eso supone nuevos desafíos para su oficina, responsable de los cadáveres.
"Realmente estoy bajo una enorme presión para hacer cosas para las cuales no tengo presupuesto los entierros y el combustible" para quemar los cuerpos. "Suena horrible, pero esa es la realidad".
