Las bases legales de derechos y acceso a oportunidades ayudaron a emerger un fortalecido liderazgo de las mujeres indígenas de Bolivia, pero aún queda un largo trecho para su aplicación práctica y la eliminación del frecuente acoso político masculino, coinciden analistas y activistas.
La Constitución Política del Estado, promulgada en febrero de 2009, incluyó un total de 26 artículos a favor de las mujeres y concedió derechos civiles, de género, equidad social, e igualdad de condiciones con los varones.
Un estudio gubernamental presentado en julio de aquel año, señaló que "del 60 por ciento de la población que se encuentra en la extrema pobreza, 37,7 por ciento son indígenas y mujeres".
Los datos del censo realizado en octubre de 2012 aún están en proceso, pero en el de 2001, más de 60 por ciento de la población declaró su pertenencia a un pueblo originario, en un país que en 2010 tenía 10,4 millones de personas según proyecciones oficiales, 50,1 por ciento del total, mujeres.
En este contexto, la presencia de lideresas indígenas en organizaciones sociales que habitualmente eran dirigidas por hombres, en funciones municipales y gobernaciones departamentales "es un poder emergente", resumió a IPS la oficial del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Verónica Tejerina.
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"Los espacios de poder tienen más presencia de mujeres indígenas podemos mencionar su participación en el gabinete de ministros, en las bancadas de diputados y senadores donde expresan su diversidad cultural", describió a IPS la responsable del Programa de Incidencia de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo.
La representante de la organización que integra a 26 agrupaciones, 12 de ellas nacionales y cinco representativas de las indígenas, recuerda que en dos gabinetes del presidente Evo Morales, entre 2010 y 2011, las mujeres consiguieron la paridad plena con los ministros varones.
"Nosotras hemos parido este proceso de cambio y lo vamos a defender", declaró a IPS la quechuahablante Juanita Ancieta, ejecutiva nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa.
La lideresa que surgió de las lides de las cultivadoras de coca del Chapare, en la zona central de Bolivia, se declara seguidora del presidente Morales, del que destaca el haber impulsado la Constitución que declara al país como un Estado plurinacional y reconoce 36 grupos etnolingüísticos con derechos de pueblos originarios.
De ellos, los quechuas son los que tienen mayor población, seguidos de los aymaras, los chiquitanos, los guaraníes y los moxeños.
Ancieta también resalta de la labor del aymara Morales la aprobación de leyes en favor de la participación de la mujer en la política, la asignación de una bonificación a las mujeres en estado de gestación, entre otras conquistas sociales.
"Llegó la oportunidad de defender nuestros derechos y romper la discriminación que no dejaba que participemos de las decisiones", dijo a IPS la guaraní Carmen Cruz, responsable de Género del Consejo de Capitanes de Chuquisaca.
La lideresa nació en Monteagudo, una región del sureño departamento de Chuquisaca dominada por terratenientes a los que llaman "patrones" y con familias indígenas que viven en la extrema pobreza, por el despojo de sus tierras y escasas oportunidades económicas.
Cruz representa a 10.000 mujeres que habitan en 82 comunidades y con ese respaldo consiguió ingresar en filas dominadas por los capitanes, una jerarquía en la dirigencia indígena masculina, y ahora proyecta una ley dirigida a proteger a las mujeres en ejercicio de la representación comunitaria.
En Montecristo, una comunidad chiquitana del suroriental departamento de Santa Cruz, la dirigenta Beatriz Tapanaché relata a IPS una historia de acoso político.
Por mandato de las comunidades de esta región de cálidas llanuras, Tapanaché fue elegida legisladora departamental, por voto popular. Pero ante su resistencia a apoyar la las propuestas de los partidos de derecha, dominantes en la Asamblea regional, se determinó su destitución en mayo de 2012.
Con 30 años en la lucha de los pueblos indígenas y fundadora de varias organizaciones, aseguró que "las mujeres tienen las leyes a su favor pero el acoso político es un cuello de botella en varios sectores".
"Cuando ven un liderazgo formal femenino que hace sombra a otro líder varón, nos limitan, aunque igual estamos tratando de ser visibles. Hemos avanzado en un 50 por ciento, pero es una lucha que continúa", concluyó.
Desde la Coordinadora de la Mujer, Novillo respalda la preocupación de esa lideresa indígena y describe que existen "situaciones penosas de acoso y violencia para mujeres que ejercen cargos públicos".
Como ejemplo, recuerda el asesinato el 19 de junio de 2012 de Daguimar Rivera, concejala del municipio de Guayaramerín, en el norteño departamento de Beni.
La representante de la agrupación ciudadana Primero el Beni recibió dos disparos de arma de fuego pocos días después de denunciar una administración irregular en el municipio de su ciudad.
El 13 de marzo de 2012, la concejala del municipio indígena de Ancoraimes, en el central departamento de La Paz, la aymara Juana Quispe, fue hallada muerta. Al menos en dos oportunidades denunció ante la justicia amenazas y abusos de autoridades municipales, pero sus quejas no fueron escuchadas.
En mayo de 2012, el presidente Morales promulgó la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que incluye sanciones de privación de libertad de dos a ocho años.
Tejerina, la responsable de Protección de la Niñez Indígena de Unicef, comenta que para apuntalar la legislación de respaldo a la mujer y su participación en el ámbito del poder, se debe promover una mayor capacitación, para así ayudar a poner en práctica las normas. "Hay que trabajar en el empoderamiento de las lideresas", subrayó.
Desde Monteagudo, Cruz coincide en la importancia de impulsar la formación en la aplicación de la legislación y hace un llamado a la unidad de las mujeres "sin mirar el origen de las personas" y junto con los hombres "para acabar con la discriminación".
Novillo explica que la Coordinadora de la Mujer junto a 12 organizaciones de mujeres, trabaja en incluir la visión de las mujeres en toda ley o norma en proceso, " en una sociedad que es patriarcal y machista en todo ámbito".
