Líderes de pandillas salvadoreñas motorizan la propuesta de declarar libres de violencia 10 municipios, un plan audaz que, empero, tropieza con la desconfianza de vastos sectores de la sociedad sobre estos grupos y sus intenciones de reinsertarse en la legalidad.
"Queremos erradicar toda actividad ilícita y tener un acercamiento con la comunidad", dijo a IPS el líder de una de las dos facciones del Barrio 18, Carlos Mojica, alias "El Viejo Lin".
La iniciativa lanzada por los mediadores del proceso de pacificación, el exguerrillero Raúl Mijango y el obispo católico Fabio Colindres, fue aceptada públicamente el 4 de este mes por los jefes de Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), las dos principales pandillas, y luego por grupos menores como Máquina, Mao Mao y Mirada Locos, según un comunicado entregado a la prensa.
Cálculos oficiales estiman que al menos 60.000 jóvenes integran a esas agrupaciones violentas, también conocidas en América Central como maras, y que muchos de ellos ingresan por la falta de oportunidades de estudio y trabajo en las barriadas que habitan.
En El Salvador, con 6,2 millones de habitantes, el desempleo afectaba a fines del año pasado a 10,7 por ciento de la población económicamente activa de 16 a 29 años, 6,1 puntos porcentuales más que los mayores de 30 años.
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El peso de las maras dentro del crimen organizado ha crecido de tal modo que Estados Unidos incluyó, en octubre, a la MS-13 en su lista de organizaciones criminales transnacionales, en la que también figura la mafia narcotraficante mexicana Los Zetas.
Con la nueva iniciativa de paz, los pandilleros se comprometen a no cometer delitos en 10 municipios hoy asediados por el crimen y la inseguridad ciudadana, así como a entregar las armas en su poder, como una muestra de que la decisión va en serio.
Una vez que el plan se consolide en estos 10 distritos, se pretende expandirlo a otros y luego a todo el país.
Ni los mediadores ni los líderes pandilleros han revelado a la prensa los nombres de los 10 municipios, aparentemente para no crear presión mediática sobre los alcaldes involucrados.
"Queremos ir acabando gradualmente con algunas cosas que no se pueden hacer a gran escala, porque los demás sectores todavía no están preparados para hacerlo", señaló Borromeo Henríquez, alias "El Diablito de Hollywood", uno de los jefes de la Mara Salvatrucha.
Esos otros actores, agregó Henríquez a IPS, son organizaciones no gubernamentales, iglesias, el gobierno nacional del centroizquierdista Mauricio Funes y alcaldes, entre otros, con quienes deberán trabajar conjuntamente para crear las condiciones necesarias para la reinserción social de los pandilleros.
La tregua, vigente desde marzo, ha reducido la cantidad de asesinatos en uno de los países más violentos del mundo. Estadísticas oficiales aseguran que se pasó de un promedio de 12 homicidios diarios a cinco o seis.
Sin embargo, aún se siguen perpetrando extorsiones, el principal medio de subsistencia de los pandilleros. El establecimiento de municipios libres de violencia implicará el cese de ese y otros delitos.
El plan incluiría proyectos de reinserción laboral para que los jóvenes violentos puedan obtener ingresos, sin necesidad de caer en la delincuencia.
"Ha sido lamentable el daño que nosotros hemos hecho a nuestras comunidades, estamos arrepentidos", enfatizó Henríquez desde el penal La Esperanza, al norte de San Salvador, donde cumple prisión.
Un punto controversial del proyecto es la petición de modificar o derogar la Ley de Proscripción de Pandillas, aprobada en 2010 para combatir el fenómeno, pero con nulos resultados, según analistas.
Los mediadores Mijango y Colindres se reunieron el 14 de este mes con parlamentarios para plantear la necesidad de aprobar una nueva ley que dé garantías para que los pandilleros que quieran reinsertarse puedan participar de los programas productivos que traería el plan sin el temor a ser detenidos por la policía.
Las autoridades sí perseguirán a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia. "Esperamos que la ley antipandillas se derogue, porque si a nivel nacional estamos dispuestos a salir de la vida ilegal, ¿por qué me va a perseguir la ley?", se preguntó Henríquez.
Se espera un debate en el Congreso legislativo en torno a si derogar o poner en suspenso la ley antipandillas.
Otros puntos planteados a los diputados son el establecimiento de un fondo, aún no calculado, para compensar a los familiares y víctimas de la violencia de estos grupos, y la modificación del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes), para que se destine 25 por ciento de esos recursos en proyectos productivos donde participen pandilleros.
El proyecto incluiría también a jóvenes en riesgo de involucrarse en el crimen, en un incipiente esfuerzo de prevención.
El proceso de tregua sigue, no obstante, sin tener el apoyo de una ciudadanía que no confía en la reconversión de los pandilleros.
En una encuesta divulgada este mes por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), 89,4 por ciento de los consultados declararon no confiar en la tregua, mientras que 66,4 por ciento de ellos dijeron que el pacto de no agresión no reduce los índices de violencia y solo 24,5 por ciento dijeron que sí.
"Sabemos que no es fácil que la gente nos perdone. Yo he vivido un pasado oscuro, pero, ¿no tengo derecho a un cambio de vida, a vivir (de manera) diferente?", preguntó Henríquez a la sociedad.
La propuesta de establecer municipios libres de violencia, como todo el proceso de la tregua entre pandillas, deja más preguntas que respuestas, comentó a IPS la investigadora Sonja Wolf, del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), de México.
Algunas de las dudas tienen que ver con una posible emigración de delincuentes. También, que mientras baja el crimen letal pude ser que prevalezca el no letal, y que no se enfrenten las raíces del fenómeno de las pandillas, sostuvo esta experta que estudia el problema de la delincuencia en América Central.
Es importante que haya un mecanismo independiente de seguimiento y evaluación para poder determinar los aciertos y desaciertos del proyecto, acotó Wolf vía telefónica desde México.
Algunos alcaldes ya están trabajando en proyectos comunitarios donde participan pandilleros, como los iniciados por el edil Salvador Ruano, de Ilopango, al este de la capital salvadoreña.
En ese distrito se han abierto caminos y otras obras con programas en los que se incluye a pandilleros. "Incluso les hemos pedido que den seguridad a la maquinaria, y lo han hecho", dijo el acalde a un canal de televisión.
