BRASIL: El aluminio tiene quien lo defienda

Rechazado por ambientalistas debido a la cantidad de energía que se necesita para producirlo, el aluminio es uno de los blancos de la intensa campaña contra las centrales hidroeléctricas de la Amazonia brasileña. Pero su defensa cuenta con argumentos de peso.

Los beneficios de usar ese metal no son pocos para el ambiente, además de que, puntualmente, su producción promueve el desarrollo industrial de una zona empobrecida del norte de Brasil, aseguró a IPS el presidente de la empresarial Asociación Brasileña del Aluminio (ABAL), Adjarma Azevedo.

Precisamente, debido a que la energía es el principal insumo, el crecimiento del sector viabiliza la construcción de grandes complejos hidroeléctricos, aprovechados por su condición de fuente renovable.

También se trata del producto que presenta el mayor índice de reciclaje en Brasil, destacó Azevedo.

El creciente uso del aluminio agiliza la construcción, y ahorra combustibles en el transporte debido a que pesa menos que otros productos.
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Así, el consumo en Brasil de este metal tiende a crecer más rápido que la propia economía en general. Eso exige más energía a precios reducidos si se pretende atender la demanda solo con la producción nacional.

Cálculos de ABAL estiman que el mercado interno crecerá un promedio de 7,2 por ciento al año hasta 2025, pese a que es un producto sensible a las oscilaciones comerciales.

En 2009, su uso cayó 10 por ciento debido a la crisis global con epicentro en Europa, pero la demanda se recuperó con creces al año siguiente, cuando aumentó 31 por ciento, y en 2011 la expansión fue de 8,2 por ciento, mientras que este año otra vez muestra indicadores estancados.

La gran expansión de actividades y bienes que emplean mucho aluminio, como la construcción, envases y vehículos automotores, justifican las previsiones optimistas, sostuvo Azevedo.

El aumento de los salarios y de otros ingresos en los últimos años entre la población media y trabajadora brasileña hizo que se incrementaran las ampliaciones y mejoras en viviendas, que demanda materiales de construcción.

Ayudan además las obras requeridas para la realización del campeonato mundial de fútbol en 2014, que involucra a 12 ciudades, y los Juegos Olímpicos, que tendrán lugar en 2016 en Río de Janeiro.

Por otra parte, el gobierno ha dispuesto que los nuevos vehículos que se fabriquen contengan componentes que reduzcan la emisión de gases contaminantes. Esa meta ambiental exigirá nuevas tecnologías, pero también elementos más livianos, hechos de aluminio, celebró el presidente de ABAL.

Pero la producción nacional de este metal difícilmente pueda acompañar el aumento de la demanda si la energía eléctrica en Brasil sigue siendo una de las más caras del mundo, al punto de que en la actualidad representa más de un tercio del costo de producción de aluminio primario.

Ante ello, el gobierno centroizquierdista de Dilma Rousseff adoptó en septiembre medidas para abaratar el costo de la electricidad, que incluyen el recorte de tributos y la prórroga de concesiones de generación, transmisión y distribución, que caducarán entre 2015 y 2017.

El principal objetivo es recuperar la competitividad de las industrias en general, para así evitar un precoz e irreversible achicamiento de ese sector ante el fuerte aumento de los costos de producción en los últimos años.

Para ABAL, empero, las medidas son insuficientes y hasta inciertas, puesto que dependen de la aprobación del parlamento, donde la iniciativa gubernamental que contiene estos beneficios ya sufrió el bombardeo de 431 propuestas de enmiendas.

"Con el megavatio/hora a 35 dólares solo es posible mantener la industria de aluminio al ritmo actual", pero un precio por debajo de ese nivel sí estimularía nuevas inversiones para ampliar la producción, explicó Azevedo.

El promedio mundial del valor de la energía eléctrica ronda los 40 dólares, pero esa media baja a 27 dólares si se excluye a China, donde esta actividad está subsidiada. Empresarios en Brasil aseguran que, incluso, han llegado a pagar hasta 60 dólares por megavatio/hora.

Por eso la industria del aluminio busca bajar ese costo con autogeneración de electricidad. Para ello, el sector se convirtió en el principal socio, por ejemplo, de la central hidroeléctrica de Estreito, sobre el río Tocantins, en el centro de Brasil y con potencia de 1.087 megavatios.

En el mismo Tocantins, unos 500 kilómetros río abajo, se construyó 28 años antes la gigantesca central de Tucuruí, con capacidad para generar 8.370 megavatios, buena parte de ellos destinados a complejos mineros e industriales del aluminio.

Activistas sociales y ambientales acusan a esa industria de haber inducido la construcción de Tucuruí para disfrutar de su energía a precios subsidiados, ignorando sus impactos negativos. La represa inundó 2.917 kilómetros cuadrados de muchos bosques y desplazó decenas de miles de pobladores.

Azevedo, quien anteriormente presidió la rama brasileña de Alcoa, una de las empresas supuestamente favorecidas, tiene otra versión.

Brasil sufría los efectos de la brutal alza del petróleo desde 1973 y necesitaba mucha energía para realizar su ambicioso plan de desarrollo económico, sustituyendo hidrocarburos importados a precio de oro.

Tucuruí era una solución, por lo cual fueron llamados capitales japoneses y empresas transnacionales como Alcoa para desarrollar grandes proyectos de extracción de bauxita y su transformación en alúmina y aluminio.

De ese modo sirvieron de "anclas que fijaron la energía en la región", donde la pequeña economía y la población no constituían una demanda suficiente para impulsar una represa hidroeléctrica tan grande, señaló Azevedo.

Sin embargo, "no era una buena ubicación", ya que está muy lejos de los principales mercados consumidores, sin carreteras, infraestructura, ni mano de obra calificada ni proveedores de servicios, observó. De cualquier modo, las empresas aceptaron el desafío, haciendo factible Tucuruí y capacitando proveedores y trabajadores locales, acotó.

Para compensar los altos costos, el gobierno ofreció, por 20 años, un descuento de 10 por ciento en los contratos de suministro de electricidad en tensión extra-alta, a partir de 230 kilovoltios. No se trataba de subsidio, aclaró.

Pero Alcoa se asoció a las también transnacionales BHP Billiton y Rio Tinto Alcan para constituir el complejo industrial Alumar y producir alúmina y aluminio primario en São Luis, capital del estado de Maranhão, 980 kilómetros al este de Tucuruí.

Hubiera sido mejor haberse instalado más cerca, evitando así la transmisión de electricidad a larga distancia y también el transporte de materia prima por casi 2.000 kilómetros, sostuvo João Meirelles, director del no gubernamental Instituto Peabirú, con sede en Belém, capital estadual de Pará.

El aluminio es una vocación natural de la Amazonia oriental, especialmente de Pará, al concentrar enormes yacimientos de la mejor bauxita y ríos de potencial hidroeléctrico por aprovechar, destacó Meirelles a IPS, discrepando con sus colegas ambientalistas al defender esa opción de desarrollo.

Aluminio es "material del futuro" y el "más reutilizable", justificó. Pero es necesario "verticalizar la producción local", hacer productos finales, no solo el aluminio primario para exportar al sur de Brasil y otros países, como ocurre ahora, y promover el "desarrollo integrado", lo cual genera más empleos calificados y "capacidad humana local", arguyó.

Meirelles reconoce los daños ambientales y sociales de los proyectos que explotan recursos naturales amazónicos, pero también cree que es posible mitigarlos, como intenta hacer Alcoa en su nueva mina de bauxita, en Juruti, en el oeste del Pará. Y los relativiza, señalando la ganadería como principal factor de deforestación a combatir.

Defiende, además, nuevas formas de negociar compensaciones por los impactos de los grandes proyectos, como las centrales hidroeléctricas, la minería y las carreteras.

Es necesario luchar por "compensaciones estratégicas", como el fin de la deforestación amazónica, y no limitarse a problemas locales, como hospitales y saneamiento de ciudades afectadas, que son funciones del poder público, concluyó.

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