La muerte de ocho indígenas que participaban en una protesta contra el gobierno de Guatemala en el sudoccidental departamento de Totonicapán despierta repudio dentro y fuera de este país. Los manifestantes acusan al ejército de haber disparado a mansalva.
"Ahora más que nunca estamos seguros de que fueron ellos (los militares) los que dispararon. Nosotros no estábamos armados", dijo a IPS Carmen Tacam, presidenta de la Asociación de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán (municipio homónimo del departamento), la organización indígena que lideró la manifestación del jueves 4.
Ese día, unos 3.000 indígenas bloquearon la carretera Panamericana, que conduce a la frontera con México, para mostrar al gobierno del general retirado Otto Pérez Molina su descontento con las reformas que alargan de tres a cinco años la carrera magisterial y el alza de las tarifas de electricidad, que "se cobra pero muchas veces ni existe el servicio", según denunciaron.
La protesta también se dirigió a varias enmiendas constitucionales promovidas desde el gobierno, por excluir una reforma fiscal.
Al lugar llegaron efectivos del ejército que, según los manifestantes, accionaron sus armas contra la multitud. Además de los ocho muertos, 40 personas fueron heridas.
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"Mantenemos nuestras demandas, pero ahora se suman dos más: que se les dé resarcimiento a las familias de las víctimas y que se esclarezca la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de la muerte de nuestros compañeros", dijo Tacam.
El presidente Pérez Molina alegó que algunos soldados dispararon "al aire" y, respaldado por los ministros de Gobernación (Interior) y de Defensa, acusó a un agente de seguridad privada de haber baleado a los manifestantes.
El viernes 5, siete soldados puestos a disposición de la justicia aseguraron que sus disparos habían sido al aire.
Pero este lunes, después de reunirse con el cuerpo diplomático acreditado para explicar lo ocurrido en Totonicapán, el mandatario sostuvo que acatará el resultado de la investigación del Ministerio Público (fiscalía) y pidió a los manifestantes que eviten tomar medidas de hecho y favorezcan el diálogo.
La tragedia evocó el conflicto armado que vivió este país (1960-1996) entre guerrillas izquierdistas y fuerzas del Estado, que resultó en unos 250.000 muertos y desaparecidos, la mayoría indígenas.
"Desgraciadamente estamos retrocediendo al enfrentamiento armado, pero nuestro objetivo no es enfrentarnos. De nuestra parte no habrá ninguna movilización porque respetamos el luto y el dolor de las familias", sostuvo Tacam.
Esta situación debe llamar a las autoridades a la reflexión, advirtió la laureada activista de derechos humanos Helen Mack, presidenta y creadora de la no gubernamental Fundación Myrna Mack.
"El ejército nunca debe tener acciones de seguridad ciudadana. Su doctrina es matar, y lo que estaba pasando ahí no era para matar", dijo Mack a IPS.
El repudio y el reclamo de esclarecimiento también llegaron desde el exterior.
Este lunes 8, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, el guatemalteco Frank La Rue, consideró que el uso de militares para resolver conflictos sociales es un "gravísimo error".
Antes, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, había planteado la "urgente necesidad" de esclarecer los hechos como medida "imprescindible para pacificar los ánimos y abrir paso al diálogo".
Los hechos de Totonicapán forman parte de una serie de abusos de las fuerzas de seguridad contra la sociedad civil de Guatemala.
El activista Jorge Santos, director del no gubernamental Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, mencionó los asesinatos de 12 campesinos cometidos en 2004 en la finca Nueva Linda, en el sudoccidental departamento de Retalhuleu.
También recordó los desalojos de campesinos de haciendas del Valle del Polochic, en la noroccidental Alta Verapaz, que dejaron tres muertos y 18 heridos en 2011.
En ambos casos actuaron fuerzas de seguridad, y "hoy los volvemos a tener en escena en hechos de violencia", dijo Santos. "Pero ahora con el uso del ejército en la conflictividad social".
En su opinión, los sucesos del 4 de octubre ponen de relieve lo que definió como "el pensamiento racista de los funcionarios".
Santos reclamó que el Ministerio Público, encargado de la persecución penal, y la Procuraduría de Derechos Humanos realicen una investigación exhaustiva, y que el gobierno inicie la desmilitarización de los cuerpos encargados de la seguridad ciudadana.
La activista indígena Rosalina Tuyuc responsabilizó a Pérez Molina, "porque el ejército actúa bajo las órdenes del presidente".
"Cuando esto esté aclarado podremos decir que hay confianza en el sistema de justicia, mientras eso no pase, ocurrirá como en otros casos que quedaron en la impunidad", dijo a IPS.
Tuyuc justificó la forma de protesta de bloquear carreteras, "porque es la única forma de hacernos escuchar".
Guatemala tiene una elevada conflictividad social y enormes desigualdades entre ricos y pobres.
La propiedad de la tierra es uno de los problemas más conflictivos. Casi 80 por ciento de las tierras productivas están en manos de cinco por ciento de la población, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
