Una treintena de municipios pequeños y medianos de Argentina articulan políticas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. La idea es concientizar y actuar en conjunto para poner a esas comunidades en sintonía con el problema global, explican los promotores de la iniciativa.
"Los municipios grandes tienen equipos técnicos. El problema está en los distritos con 10.000 o 50.000 habitantes, que además están aislados, dijo a Tierramérica el coordinador de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, Ricardo Bertolino.
"Sin pares con los que discutir, siempre aparecen otras prioridades", añadió Bertolino, quien también es subsecretario de Medio Ambiente de Rosario, en la oriental provincia de Santa Fe, aunque esta urbe, una de las más importantes de Argentina, no forma parte de la red.
Esta unidad de acción permite a los representantes de los municipios capacitarse e intercambiar experiencias sobre energías renovables, manejo de residuos o turismo sustentable, a la par de comprometerse con los temas que afectan a sus comunidades.
"Ser parte del proyecto y participar de un encuentro mensual los mantiene involucrados. Se van con ideas nuevas sobre proyectos sustentables en pequeña escala, que pueden aplicar en sus municipios", indicó Bertolino.
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La Red, que se lanzó en 2010 en la localidad de Monte Caseros, en la nororiental provincia de Corrientes, surgió a raíz de las recomendaciones de las organizaciones internacionales sobre cambio climático para reducir emisiones que provocan el recalentamiento planetario y para mitigar el impacto de ese fenómeno.
Hasta ahora se han sumado al proyecto 34 municipios pequeños y medianos de nueve provincias, aunque la mayoría son de Santa Fe, Corrientes y de la oriental Buenos Aires, la más populosa del país. Cada uno de ellos paga una cuota mensual de 100 pesos (21 dólares).
"Nadie está rentado ni tenemos financiamiento. La cuota es para mantener el sitio de Internet. Esto es una quijotada que lo que persigue es instalar el tema del cambio climático en los pequeños municipios", sintetizó Bertolino.
En las reuniones con representantes municipales "no damos cátedra", sino que se presentan "experiencias exitosas" de algún municipio para compartir los conocimientos y tratar de sumar la mayor cantidad de funcionarios, empresas y a la propia sociedad civil.
"Necesitamos que los distintos sectores se articulen y que esté presente alguien de ellos con posibilidad de tomar decisiones", añadió.
Entre los más activos de la Red se encuentran Emilia, un distrito de 1.000 habitantes en el este de la provincia de Santa Fe, y el cercano Llambi Campbell, con unos 3.000, ambos rodeados de explotaciones ganaderas y especialmente de cultivos de soja, el principal producto de exportación de Argentina en la actualidad.
Su representante, el ingeniero agrónomo Eduardo Paviotti, contó a Tierramérica que Emilia trabaja en la separación de residuos en origen con el propósito de alimentar el biodigestor que funciona en la Escuela Agrotécnica 2050 "Monseñor Vicente Zazpe", donde él mismo trabaja como profesor.
En tanto en Llambi Campbell, también representado por Paviotti, los desechos orgánicos son aprovechados en la elaboración de compost para repartirlo entre los vecinos. Además se separan materiales plásticos y vidrios, junto con papeles y cartones para reciclar, mientras que las baterías eléctricas usadas se confinan en tambores plásticos sellados con cemento.
Esa comunidad pone especial atención al ahorro de energía eléctrica y en la reducción de emisiones contaminantes. "Como aquí se usa mucho el automóvil, lanzamos el proyecto denominado En bici al cole para promover el uso de ese birrodado entre los más chicos", comentó Paviotti.
Tierramérica consultó a Paviotti si no creía que la labor del municipio era una gota de agua dulce en el mar, ya que los dos municipios eran islas en los grandes campos cubiertos de soja transgénica, que arrasa con la biodiversidad y es resistente a la fumigación con glifosato, un agroquímico que, según como se manipule, puede resultar dañino para el suelo, el aire y el agua.
"Nosotros, como técnicos, creemos que se puede cultivar soja sin contaminar, pero las empresas que operan con agroquímicos deberían producir una línea menos tóxica", advirtió. "El problema es que el poderío económico de estas firmas es muy grande" como para poder incidir, añadió.
De todos modos, Paviotti sostuvo que trabaja junto a los productores rurales para mejorar la limpieza de los envases de glifosato que contaminan el área urbana. En la zona se reutilizan hasta para transportar agua pese a su toxicidad.
"Les recomendamos el triple lavado, que consiste en enjuagar el envase con agua limpia tres veces, agitarlo y tirar el contenido dentro de la máquina pulverizadora, para echar ese remanente sobre el cultivo y no en el poblado", explicó.
Paviotti, especializado en educación ambiental, aseguró que en el municipio tratan de ser "coherentes con el cuidado de los recursos", pero admitió que "no es fácil decirle no a la soja".
El experto y activista aseguró que los pobladores en general responden bien a la separación de residuos y a la confiscación de baterías. Sin embargo, reconoció que les cuesta comprometer a los productores del campo en el mejor manejo del glifosato.
"Es difícil la concientización. Por ejemplo con esto de los envases siempre están apurados y el perjuicio económico de aprovechar el tiempo de uso de las maquinarias prevalece sobre el costo ambiental", lamentó.
Pero, a pesar de las dificultades, la idea de la Red llamó la atención de otros municipios de América Latina, que están pidiéndole asesoramiento para replicar la experiencia. Bertolino ya dio una capacitación en Ecuador y ahora lo reclaman de Brasil y Venezuela.
* Este artículo fue publicado originalmente el 27 de octubre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
