La superación de la pobreza y del hambre no puede perder tiempo en escalas. Urgen las iniciativas públicas y privadas: no se puede prescindir de la agricultura familiar y tampoco del llamado agronegocio.
Toca a los gobiernos y a la cooperación internacional armonizar ese esfuerzo ecuménico para que las ganancias de la oferta se traduzcan en reducción de carencias.
Los destinos humanos están en juego. La forma en que una sociedad enfrenta este desafío define no solo la suerte de quienes viven del lado de afuera de la ciudadanía. Ella contribuye a ordenar el modelo de desarrollo e influye en las relaciones entre el mercado, el Estado y la democracia.
No son opciones teóricas ni ideológicas las que nos deben guiar en estas decisiones.
El mejor criterio para evaluar estas elecciones es escuchar la voz de la experiencia. América Latina tiene, por ejemplo, un avanzado campo de pruebas sobre la necesaria convivencia de grandes y pequeños agricultores.
Diez años de políticas sociales y productivas en un entorno de expansión económica crearon un repertorio singular en la trayectoria regional.
¿Hasta qué punto ese impulso combinado generó una adherencia estructural deseable para desmontar el ciclo de reproducción de la pobreza? La pregunta y su respuesta son de interés para la agenda mundial de lucha contra el hambre y la miseria.
En los años 80, el fin de un ciclo de liquidez internacional desnudó la fragilidad del modelo latinoamericano de crecimiento económico. En la siguiente década, la adhesión al canon de autosuficiencia de los mercados expuso las economías regionales a sucesivos episodios de colapso financiero y desmintió la existencia de los contrapesos autorregulables que prometía el "laissez-faire".
El costo social fue devastador: 31 millones de latinoamericanos cayeron en la miseria en la década de 1990.
La contabilidad de pérdidas y daños abrió un espacio para políticas rectificadoras, que fueron progresivamente incorporadas a la agenda regional de desarrollo.
Un dato resume el alcance de ese nuevo marco: uno de cada cinco habitantes de América Latina y el Caribe, cerca de 113 millones de personas, participa hoy de programas de transferencia condicionada de ingresos.
Si bien inconclusa, esta travesía tuvo un efecto amortiguador de los impactos de la crisis mundial iniciada en 2007.
El producto interno bruto regional por persona retrocedió tres por ciento en 2009. Pero, al contrario de lo que ocurría en otras crisis, esta vez el saldo de los avances no se pulverizó: 41 millones de personas dejaron la pobreza y 26 millones escaparon del torniquete de la miseria desde 2002. Solo nueve millones retrocedieron a los grados que habían superado.
Persisten todavía fragilidades estructurales, que favorecen recidivas de miseria y hambre, sobre todo en el espacio que concentra el núcleo duro de la exclusión regional: el universo rural.
El contingente de quienes viven en la miseria representa hoy cerca de 13 por ciento de la población regional: 35 millones en el espacio rural y otros 35 millones en las ciudades.
Pero la aparente simetría es engañosa. La indigencia rural equivale a una porción de 30 por ciento de los habitantes del campo, una proporción casi cuatro veces mayor que la urbana, de ocho por ciento, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Los datos radiografían una realidad que desautoriza ilusiones sobre la eficacia de los automatismos económicos para corregir la inequidad social.
Entre 1980 y 2010, pero sobre todo en la primera década de este siglo, las exportaciones agrícolas de la región se catapultaron a sucesivos récords de precios y volúmenes, impulsadas por la demanda mundial de productos básicos.
En medio de este ciclo, sin embargo, la pobreza rural exhibió un descenso insignificante en América Latina y el Caribe: del 60 por ciento en 1980, cayó a 53 por ciento en 2010. Eso es lo que muestra "Boom agrícola y persistencia de la pobreza rural", un estudio conjunto de la Cepal, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El hecho de que la mayor proporción de población miserable viva en el campo nos pone frente a dos registros paralelos. Y ambos son ciertos.
Primero, una oferta abundante no es garantía de seguridad alimentaria ni siquiera para quienes viven en su entorno físico. Segundo, el gran negocio agrícola llegó para quedarse, ocupa un papel estratégico en la generación de divisas de los países en desarrollo y es imprescindible para el abastecimiento mundial.
Pero en América Latina y el Caribe, el agronegocio demostró una vez más que la oferta no es sinónimo de acceso. El hambre puede convivir perversamente con la abundancia.
Esta paradoja evidencia la relevancia de consolidar una tercera pata para armonizar el conjunto. Ese atributo pertenece a las políticas públicas.
A ellas les cabe consolidar los derechos laborales en el campo, erradicar la precariedad, respetar la tenencia de los pequeños propietarios, realizar e incentivar inversiones que promuevan la seguridad alimentaria de los vulnerables, derribar las barreras de género, fomentar la producción familiar, cooperativizar a pequeña escala y elevar la productividad para generar excedentes, renta y abastecimiento del mercado interno.
La coagulación de la pobreza y del hambre en el campo latinoamericano y caribeño no es un fenómeno extraño, razón por la cual las lecciones de la experiencia regional tienen un alcance más amplio.
De casi 900 millones de personas que sufren hambre en el planeta, 75 por ciento viven en zonas rurales.
Pero la vulnerabilidad de quien gravita en torno de la tierra es mayor. Un tercio de la población mundial está constituido por pequeños agricultores que laboran predios de menos de 10 hectáreas: apenas dos por ciento están tecnificados, y más de 70 por ciento cuentan solo con la fuerza de sus músculos como única herramienta.
En el siglo XXI, la agricultura todavía es el principal empleador del mundo, y 40 por ciento de la humanidad gira en torno de ella.
Por tanto, la agenda latinoamericana de combate al hambre y la pobreza se hace eco de carencias transcontinentales. Lo mismo puede decirse del requisito de políticas públicas para extender al campo los derechos laborales, el fomento y la ciudadanía.
* José Graziano da Silva es director general de la FAO. Esta columna fue publicada originalmente el 29 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
