Tras el levantamiento que derrocó al presidente Zine El Abidine Ben Ali en enero de 2011, Túnez se embarcó en un proceso para juzgar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen.
El nuevo gobierno creó el Ministerio de Justicia Transicional y Derechos Humanos, así como una serie de comisiones especiales destinadas a estudiar los abusos cometidos durante las protestas populares.
Ese país también intenta reformar su sistema judicial, acusado de corrupción, impunidad y falta de autonomía. Pero en la sociedad posrevolucionaria, el proceso no es sencillo.
Said Mechichi es secretario de Estado de Reformas en el Ministerio del Interior de Túnez. Abogado de profesión, es miembro de la Asociación Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos y del Consejo Nacional de Libertades Civiles.
Es además miembro fundador y director del Centro para la Independencia del Sistema Judicial y la Profesión Legal, al igual que de la Asociación Tunecina contra la Tortura. Integra también el comité de abogados de la rama tunecina de la organización Amnistía Internacional.
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En conversación con IPS, Mechichi se refirió a los pasos necesarios para construir una cultura de paz en Túnez, y analizó los demás desafíos que afronta el país.
IPS: ¿Qué papel juega la confianza en el restablecimiento del imperio de la ley?
SAID MECHICHI: Es una pregunta más que buena. ¿Por qué se desató la revolución? Fue una protesta contra las instituciones del régimen. La revolución fue lanzada bajo la premisa de que estas ya no tenían credibilidad.
La revolución demostró que se había roto el vínculo entre las instituciones y los ciudadanos.
La acción más importante a concretar en la posrevolución es restablecer la confianza en esas instituciones: el sistema judicial, los medios, las que están a cargo de asuntos sociales y económicos, las que representan la soberanía del Estado, los funcionarios a cargo de la administración y de los temas públicos a nivel nacional y regional, desde el empleado que ocupa el puesto más bajo del escalafón hasta el primer ministro y el presidente.
La confianza debe construirse de tal manera que podamos responder a las necesidades básicas en la fase inicial. En la siguiente, debe pensarse reformas referidas a las leyes, al empleo y a los cargos que controlan esas instituciones.
Se debe propagar una nueva cultura en todas las áreas, para acabar con la heredada del régimen anterior.
IPS: ¿Cuál es la situación humanitaria en Túnez?
SM: La gente que lanzó la revolución recibió ciertos beneficios, pues demandó una mejora de sus condiciones socioeconómicas. Desde la revolución hasta ahora no hubo protestas ni manifestaciones para pedir empleo o mejorar la situación.
Naturalmente, tratamos de atender todas las demandas y apoyar el presupuesto destinado al desarrollo, así como de acelerar el estudio y la implementación de proyectos de desarrollo en cooperación con países amigos y agencias especializadas.
Lamentablemente, hay muchas, muchas demandas. Varias de ellas son extremadamente urgentes y tienen que ver con necesidades básicas, como agua, energía, carreteras y equipamiento básico para el trabajo de las autoridades. Estamos tratando de satisfacer esas necesidades, porque ha habido una demora en el apoyo (internacional).
Esperamos una mejora en la situación y en la provisión de recursos, así como en el apoyo de donantes y organizaciones.
IPS: ¿Cuáles son las barreras para el fomento de una cultura de la paz en un país posrevolucionario?
SM: La más grande es la interrupción del diálogo entre los principales partidos y actores. Este es uno de los mayores impedimentos, pues la gente pierde la esperanza y podría tener reacciones imprevistas.
