Las nubes negras se cernían sobre la pequeña y apagada multitud reunida en la Plaza de los Mártires de la capital libia para recordar a sus héroes caídos. Un helicóptero militar inspeccionaba desde arriba.
La tranquila congregación contrastó drásticamente con la eufórica movilización del 17 de febrero en ese mismo lugar, cuando se cumplió un año del levantamiento que derrocó al régimen de Muammar Gadafi (1969-2011).
Entonces, 10.000 personas, algunas con imágenes de sus "mártires", salieron a las calles del centro de Trípoli para expresar su optimismo y esperanza en un futuro de democracia, prosperidad y paz.
Pero ese optimismo fue reemplazado por ansiedad. El asesinato la semana pasada del embajador estadounidense Christopher Stevens en la nororiental ciudad de Bengasi dejó en evidencia los peligros que supone la proliferación de grupos armados en este país desde la revolución.
Muchos integran la amplia e imprecisa red de fuerzas auxiliares del gobierno, mal entrenadas y que parecen actuar con impunidad en toda Libia. El libre accionar de estos grupos alimentan la percepción pública de que las autoridades son aún demasiado débiles.
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El plan del gobierno para que los ciudadanos entreguen voluntariamente sus armas fue postergado para fines de este mes debido a temores de seguridad.
El primer ministro Abu Shugar propuso dar dinero en efectivo a cambio de cada arma.
Luego de combatir en la revolución y recibir tres semanas de entrenamiento formal, Rami Ezzadine Tajari, de 22 años, y Mohammed Nagy, de 19, integran las filas del Consejo de Supremo de Seguridad (CSS), la poco controlada fuerza auxiliar del Ministerio del Interior libio.
El CSS, así como la brigada Escudo de Libia, es una reunión de grupos armados que operan en todo el país bajo el poco preciso control del gobierno.
"Muchas personas vienen a entregar sus armas", dijo Tajari. "Les decimos que las traigan el 29. Después de eso, se les prohibirá a los ciudadanos portarlas".
El abogado de derechos humanos Salah Marghani, reconocido por la organización Human Rights Watch (HRW) por su trabajo de defensa de prisioneros bajo el régimen de Gadafi, está indignado por el plan de intercambio de armas por dinero.
"Eso va a crear un lucrativo comercio de armas y no sacará a ninguna de estas de las calles", señaló. "Lo que necesitamos es eliminar las armas pesadas".
Marghani divide a los grupos armados que operan en Libia en cinco categorías. Explicó que tres de estas son "fáciles de tratar".
Estas están constituidas por los otrora revolucionarios que creen que su único deber es proteger a los ciudadanos y que están dispuestos a desarmarse, los que guardan los intereses nacionales motivados por una mezcla de deseo de trabajar por el bien público y de ambición económica, y los que integran las fuerzas de seguridad solo para cobrar pequeños sobornos.
"Las otras dos categorías son peligrosas", dijo Marghani. Se trata de exconvictos que cometieron delitos violentos, como robo a mano armada o tráfico de drogas, o grupos leales al ideario de Gadafi o radicales islámicos.
Marghani dijo que, tras el ataque al consulado de Estados Unidos en Bengasi, los libios sentían "vergüenza" colectiva. "Ahora están asustados", añadió. "No quieren que su país se convierta en otra Somalia, con señores de la guerra".
Un análisis del Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas en inglés), centro de estudios con sede en Bruselas, sobre los grupos armados en Libia echa luz sobre el complejo desafío del nuevo gobierno.
El ICG señaló que el régimen de Gadafi aplicaba la máxima de "divide y reinarás", manipulando a las diversas comunidades del país con un severo aparato de seguridad y una distribución selectiva de los ricos recursos de Libia.
Una vez caído el régimen, "había razones para temer que se impusiera la ley de la selva, ya que la miríada de grupos armados que proliferaron durante la rebelión querían ganar ventajas materiales, influencia política o, más simplemente, venganza", señala el informe.
Bill Lawrence, analista para el Norte de África del ICG, dijo a IPS que los líderes salafistas (integristas islámicos) responsabilizan del ataque en Bengasi a elementos extremistas.
"Los salafistas, que en general son escépticos de la transición política en Libia, aunque no siempre, definitivamente se quieren desvincular de este acto de violencia, y condenaron tanto el asesinato como el filme" que ofendía al profeta Mahoma y que desató la ira popular en muchos países musulmanes, explicó.
Algunos libios temen que los aviones no tripulados, los agentes de inteligencia y el personal militar de Estados Unidos no abandonen nunca territorio libio luego de la muerte del embajador.
El profesor de relaciones internacionales Sami Khaskusha es una figura importante de la Universidad de Trípoli y miembro activo de la resistencia civil contra Gadafi. Organizó una amplia gama de discusiones para la sociedad civil bajo el ambicioso lema: "Programa de la Universidad de Trípoli para reconstruir Libia".
"De pronto convertimos la universidad en un gran taller", recordó Khaskusha. "Había mucha euforia y entusiasmo".
Pero dijo que el ambiente cambió cuando representantes del ala más conservadora del gobierno de transición ocuparon varios ministerios.
"Al mismo tiempo, todo tipo de mafiosos se presentaban en las oficinas (de gobierno) afirmando ser miembros de una brigada miliar. Presentaban listas a los ministerios de Defensa y del Interior, y exigían dinero y automóviles, y extorsionaban a comerciantes", señaló Khaskusha.
"El Ministerio del Interior es ahora dirigido por la milicia, cuando debería ser al revés. El Ministerio le dio a los grupos armados autoridad para detener, interrogar y asegurar los bancos, las oficinas de gobierno y las embajadas ante la ausencia del poder estatal", añadió.
Mientras, el aumento de la criminalidad, de los enfrentamientos tribales y de los ataques de intolerancia contra sitios religiosos y organizaciones no gubernamentales contribuyen a crear una atmósfera de temor e inestabilidad.
Salah Marghani lucha contra esto. Frente a las torturas en centros de detención, documentadas por Amnistía Internacional y HRW, el académico educa a los grupos armados (entre los cuales hay exprisioneros de Gadafi que ahora supervisan las cárceles) para que respeten los protocolos de derechos humanos.
"En un caso, le pregunté a una brigada militar si torturaban reclusos. Un hombre respondió: No, no lo hacemos, solo hacemos falaqa (golpear al prisionero en los pies). Lo que me impactó fue que no comprendiera que esto estaba mal", contó Marghani.
"Creo que tomará entre 10 y 15 años que la gente entienda el papel de la democracia en la sociedad civil", señaló por su parte Khaskusha.
"Debemos librar una lucha pacífica de ideas, de cultura de tolerancia y de aceptación del otro. Hoy, cuando estamos en desacuerdo, corremos a nuestras armas", añadió.
