Las relaciones entre familiares de los desaparecidos por la dictadura de Chile (1973-1990) y el Servicio Médico Legal (SML) comienzan a recomponerse tras el escándalo de 2006, cuando esa entidad admitió que había identificado erróneamente a 96 de los 126 cuerpos hallados en 1991 en una fosa común.
La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, destacó el valor del trabajo del SML. Es "extremadamente importante", porque "vuelve a darle nombre a los restos enterrados clandestinamente y que hoy día tienen identidad y una familia", dijo a IPS.
Así, el juez Alejandro Solís confirmó el miércoles 29 de agosto que el SML, en conjunto con el laboratorio del Centro para la Identificación Humana de la North Texas University, pudo identificar 51 cuerpos del Patio 29, una fosa del Cementerio General de Santiago donde fueron sepultados de modo anónimo una parte importante de los asesinados en este distrito en los primeros seis meses de la dictadura, iniciada en septiembre de 1973.
García recordó que, cuando se supo la mala identificación de los restos, "se vivió con mucha desesperación y mucha angustia". "Fue un momento de profunda conmoción para los familiares directamente afectados, pero no de sorpresa porque nosotros denunciamos con antelación que había irregularidades", añadió.
A partir de esa polémica, se inició un proceso de reforma del SML que significó, en el ámbito de la identificación, un análisis integral, la formación de equipos de especialistas y mejoras en la cadena de custodia, desde la señalización e identificación de los hallazgos, hasta el envío de los restos a laboratorios nacionales o extranjeros para su estudio.
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Hasta ahora se han identificado 120 de los cerca de 1.200 detenidos desaparecidos por la dictadura.
Otras 2.024 víctimas fueron entregadas a sus familiares tras ser ejecutadas, según pesquisas de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de 1991, y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, de 2004, con base en datos recopilados en el Informe Rettig, conocido así por el presidente del primer grupo especial, el hoy fallecido abogado Raúl Rettig.
Días de golpe y muerte
El 11 de septiembre de 1973, fuerzas militares lideradas por el general Augusto Pinochet bombardearon la casa de gobierno y derrocaron al presidente socialista Salvador Allende. A partir de entonces y por 17 años, la dictadura extendió la jurisdicción castrense al ámbito civil, suspendió derechos individuales y efectuó detenciones masivas.
El informe de una comisión especial enviada en 1974 a Chile por la Organización de los Estados Americanos indicó que los "cálculos moderados hablan de 1.500 muertos durante el período inmediatamente posterior al golpe de Estado".
El mismo documento señala que más de 220 personas fueron fusiladas en esa época de modo sumario, es decir sin haber sido sometidas a proceso judicial alguno.
Según cifras del SML, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, ingresaron 1.631 cadáveres a ese organismo. Muchos de ellos fueron reconocidos por familiares; otros, inhumados en el Patio 29.
Las sistemáticas desapariciones perpetradas por la dictadura fueron develadas en diciembre de 1978, cuando los restos de 15 campesinos fueron encontrados en los hornos de Lonquén, en una mina de cal abandonada en las cercanías de Santiago.
Ese hallazgo fue la comprobación de que cientos de opositores habían sido ejecutados y sus restos lanzados al océano Pacífico, a ríos y lagos o sepultados sin identificación y en lugares desconocidos.
El doctor Patricio Bustos, director del SML, dijo a IPS que el esfuerzo de la dictadura por ocultar a las víctimas a partir de la operación denominada "retiro de televisores", que apuntaba a la remoción y ocultamiento de los restos humanos, plantea la principal dificultad para la identificación.
Otra dificultad, añadió, radica en el accionar del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América en los años 70 y 80, creada en Chile con la anuencia del gobierno estadounidense de entonces.
La ciencia al servicio de verdad y justicia
"No estaremos tranquilos hasta que identifiquemos el máximo de personas, pero ahora lo hacemos con otras técnicas, con genética que da un certeza plena de la identificación positiva", explicó Bustos.
También se creó un banco de datos de ADN de familiares de víctimas, que hoy cuenta con más de 3.000 muestras que son traducidas en perfiles genéticos.
Además de las víctimas del Patio 29, hasta ahora el SML ha identificado "con certeza" a 12 de los 24 cadáveres cuyos restos fueron encontrados en el Fuerte Arteaga, una zona de quebradas montañosas en el sector de Peldehue, al noreste de Santiago, donde se hallaron víctimas del ataque a La Moneda en 1973, cuando murió Allende.
También se identificó a 14 de las 15 víctimas asociadas al caso de Lonquén, entre otras. A ellos se suman hallazgos individuales, como el de la profesora uruguaya Mónica Benaroyo, que fue decapitada y cuya desaparición no constaba en las listas oficiales. En todos esos casos, el SML trabajó con el Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck, Austria.
Si bien las confianzas se han ido recomponiendo, aún falta camino por recorrer.
"El daño que nos provocaron, especialmente a aquellos familiares que les entregaron restos equivocados, es irreparable, lo cual se suma al de la desaparición y la ausencia por largas décadas, y eso es responsabilidad del SML, pero también de las autoridades de la época", dijo García.
El viernes 31 de agosto, la justicia condenó al Estado a pagar una indemnización de 526.000 dólares a la familia de Luis Dávila, cuyos restos fueron exhumados del Patio 29 e identificados erróneamente por el SML en 1994.
Para Bustos, la confianza "se logra reconociendo que el sustento de todo este trabajo no son las ciencias forenses ni los investigadores, sino las familias".
"Nosotros solo damos un paso a la justicia a través de elementos de verdad para que avance este proceso que ha sido tan doloroso, tan largo, y sobre todo tan dificultoso", completó.
