Para garantizar el respeto efectivo de derechos, sobre todo en poblaciones marginadas, las autoridades de Argentina diseminan centros de acceso a la justicia en barrios de grandes ciudades que brindan variados servicios, desde la atención a víctimas de violencia doméstica a trámites migratorios.
"Muchas de las soluciones se consiguen levantando el teléfono", explicó Ariel Pereira, coordinador del centro que funciona en la Villa 1-11-14, un vecindario hacinado del barrio de Bajo Flores, en el sur de la ciudad de Buenos Aires.
Los vecinos piden ayuda para tramitar pensiones, documentos de identidad, radicación y otros certificados en el caso de inmigrantes. También presentan denuncias de violencia de género y reclamos por subsidios sociales o para ser eximidos del pago de algún tributo o servicio.
"En nuestro centro, los que más solicitan ayuda son los extranjeros y las mujeres por temas de violencia", precisó Pereira a IPS. En ambos casos, la traba que los lleva a recurrir al centro es la propia policía, que desatiende habitualmente esos reclamos y denuncias por considerarlos de menor entidad o por mera discriminación.
Los inmigrantes, la mayoría de Bolivia y Paraguay, necesitan para tramitar la radicación en Argentina un certificado de domicilio que debe expedir la Policía Federal luego de constatar dónde vive el solicitante.
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"Como esto es una villa (barrio marginado e irregular), la policía no viene y la gente se desespera porque le llega el turno (en la oficina de la Dirección de Migraciones) y no tiene el certificado", relató. El centro de acceso a la justicia interviene entonces para que la policía otorgue el documento.
Con las mujeres que sufren violencia ocurre que los policías no les toman la denuncia, "las mandan a hacerla a los tribunales del centro de la ciudad, y eso les complica la vida", explicó.
En cambio, estas oficinas barriales ponen a disposición de las mujeres, abogados, asistentes sociales y psicólogos, que les informan sobre sus derechos y, en caso de que quieran efectuar la denuncia, las acompañan durante todo el proceso.
Por eso se destaca que 63 por ciento del total de usuarios de los centros son mujeres, mientras que 45 por ciento son extranjeros de ambos sexos.
Tras el certificado de pobre
Unas 15 personas aguardaban turno para ser atendidas cuando IPS visitó una de las delegaciones instaladas en la Villa 31, un añejo asentamiento irregular ubicado en el céntrico barrio de Retiro, que cobija las terminales de trenes y de líneas de autobuses nacionales e internacionales.
Tres funcionarios atienden de 10 a 16 horas cada día en un local de escasos dos metros de ancho y seis de largo, próximo a una parroquia católica, en este barrio pobre al que el censo de 2009 atribuyó 26.200 habitantes, 51 por ciento procedentes de países vecinos, en particular Bolivia, Paraguay y Perú, y otro 20 por ciento del interior de Argentina.
IPS entrevistó al azar a siete de los que esperaban y se encontró con que todos eran inmigrantes que venían a gestionar un "certificado de pobreza", como denominaron al documento que les evita tener que pagar 300 pesos (65 dólares) para acceder a la tarjeta argentina de identidad.
También esperaban su turno personas en busca de otros documentos o para consultar a la abogada, como Sandra, una peruana de 31 años que requería asesoramiento legal para conseguir la tenencia de su hija.
"El padre no me pasa plata (dinero) y sé que anda por acá", dijo aludiendo a que está en el país. Sandra quiere ir a ver a otros dos hijos que permanecen en Perú con un familiar, pero para llevar a la niña de siete años que vive con ella necesita la autorización del padre, que no aparece.
Mediadores de conflicto
Los cinco primeros centros se crearon en 2008 en Buenos Aires. Luego de ese paso, que obligó a ir variando la oferta de un asesoramiento y patrocinio jurídico a una mayor diversidad de servicios, se abrieron otros 33, varios en el interior del país, dijo a IPS la jefa de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Florencia Carignano.
"Hay barreras económicas, sociales, culturales, geográficas, que impiden que todos accedan a los mismos derechos. Por eso, más que una intervención esporádica, con los centros buscamos tener una presencia estable del Estado", indicó.
Ante el tipo de reclamo que más se reiteraba entre los vecinos, la Dirección, dependiente del Ministerio de Justicia, firmó convenios de cooperación con otras carteras, organismos públicos, universidades y consulados extranjeros.
En algunos casos se logró que esos organismos sumaran personal propio a los centros donde se requerían sus servicios.
"Muchas veces se traban trámites de extranjeros en los países de origen. Entonces implementamos unidades móviles", informó Carignano. "Vienen cónsules a tomar nota de las necesidades y en 15 días vuelven con los papeles", añadió.
Los centros también actúan como mediadores y difunden, mediante folletos y conferencias, el contenido de nuevas leyes que amplían derechos, como las migratorias, de salud mental o sobre violencia de género.
La oficina de Readaptación Social del Ministerio de Justicia, que trabaja en la reinserción comunitaria de personas privadas de la libertad, tiene su representación en los centros, para apuntar a la aceptación y reinserción laboral de un exdetenido.
Como respaldo, en algunas oficinas se desempeñan como empleados administrativos jóvenes del programa Más y Mejor Empleo del Ministerio de Trabajo, que están terminando los estudios secundarios y buscando insertarse en el mercado laboral.
Los adultos mayores solicitan asistencia para trámites de pensión, exención de impuestos o beneficios que la ley les otorga, pero que no saben cómo reclamar. Por ejemplo, el derecho a recibir un codificador gratuito de televisión digital.
Por convenio con la cartera de Salud, el centro también responde a las demandas de vacunas o de servicios odontológicos cuando no hay en las cercanías un organismo del Estado que lo brinde.
Según un estudio hecho por la Dirección, desde su creación se atendieron más de 152.000 consultas en estas delegaciones de justicia.
Como estaban desbordados de consultantes, en Buenos Aires se añadieron este año nueve unidades itinerantes que recorren los barrios, lo cual pauta el éxito del programa y la importancia de que la justicia vaya al encuentro de quienes demandan derechos.
