Sri Lanka se prepara para la ardua tarea de negociar en 2013 un nuevo pacto de asistencia con la Unión Europea (UE), que hace dos años le retiró preferencias comerciales en represalia por sus políticas de derechos humanos.
Bernard Savage, jefe de la delegación de la UE en Sri Lanka y Maldivas, dijo que "las diferencias políticas no afectan al comercio". En entrevista con IPS, Savage declaró que el retiro de las preferencias comerciales obedeció a un caso específico. "Pero, si se mira el espectro más amplio de las relaciones comerciales no están afectadas por consideraciones a corto plazo", sostuvo.
Sin embargo, J.C. Weliamuna, abogado experto en derechos humanos, cree que el comercio y la asistencia están invariablemente ligados a los derechos humanos y la corrupción, dos áreas en las que se ha reclamado a Sri Lanka que muestre avances concretos.
"Lo que (el gobierno) prometió en los papeles es exactamente lo opuesto de lo que se hace en el terreno", dijo a IPS el abogado, miembro de la directiva de Transparencia Internacional.
La UE es uno de los principales proveedores de ayuda al desarrollo para Sri Lanka, y asignó más de 478 millones de dólares en el período 2007-2013 para proyectos de agua y saneamiento, vivienda, generación de ingresos, infraestructura, escuelas, centros de salud y seguridad alimentaria, entre otros.
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"El grado de asistencia para el próximo período (de 2013 a 2020) será más o menos el mismo. No se reducirá", dijo Savage.
Sri Lanka obtuvo generosas concesiones tributarias en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SPG+) para el periodo comprendido entre julio de 2005 y agosto de 2010, pero esta herramienta fue retirada porque el gobierno no dio respuesta a problemas relativos a la vigencia de los derechos humanos.
Investigaciones de la UE hallaron "deficiencias en la implementación de tres convenciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura (y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes) y la Convención sobre los Derechos del Niño".
Sin embargo, se cree que las preferencias fueron retiradas porque Sri Lanka no abordó judicialmente los presuntos crímenes de guerra cometidos durante las últimas etapas del conflicto étnico.
Este comenzó en 1983, tras una serie de ataques de la comunidad cingalesa, mayoritaria en este país, contra la tamil, predominante en el norte y el este.
Los rebeldes Tigres tamiles, que combatieron por la separación e independencia de sus territorios, se declararon derrotados por las fuerzas del gobierno el 17 de mayo de 2009.
La pérdida de preferencias se hace sentir en las ventas de vestimenta a Europa, que cayeron entre 15 y 20 por ciento en los primeros cinco meses del año, dijo Rohan Abeykoon, presidente de la Asociación de Exportadores de Vestimenta de Sri Lanka.
La ropa es el principal producto de exportación de este país, y representa más de 50 por ciento de las ventas a Europa.
"No es la pérdida de empleos lo que nos preocupa, porque hay demanda de mano de obra, sino que los contratos perdidos están afectando a las pequeñas y medianas empresas", dijo Abeykoon.
"Las empresas locales salen perdiendo, mientras que aquellas que tienen conexiones multinacionales trasladarán su producción a otra parte", agregó.
Abeykoon dijo a IPS que ha urgido al gobierno que vuelva a solicitar el ingreso al SPG+, pero no hay señales de que eso esté por ocurrir.
"Respecto del GSP +, no hemos recibido una solicitud del gobierno para obtener el beneficio", confirmó Savage.
Los sindicatos también apoyan el intento de recuperar las preferencias. Palitha Athukorala, presidente de la Unión del Progreso de los Trabajadores Srilankeses de la Vestimenta, dijo que el gobierno no parece preocupado.
El gobierno "debería pedirlo. Estamos muy afectados, dado que las pequeñas industrias están cerrando y los trabajadores están perdiendo sus empleos", declaró Athukorala a IPS.
Padmini Weerasuriya, coordinadora del Centro de Mujeres, una organización no gubernamental activa en las zonas francas de este país, dijo que no se perdieron empleos en ellas debido al retiro de las concesiones del SPG+, aunque esto puede cambiar.
"Nuestras integrantes han reportado una reducción de pedidos, lo que luego afecta otros incentivos fuera del salario mensual", señaló. Los sindicatos vienen haciendo campaña en reclamo de mejores sueldos.
En el frente político, este mes el gobierno dio un giro radical al invitar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a visitar el país para evaluar la situación humanitaria.
Sri Lanka había negado incluso el ingreso al equipo de la UE para que examinara su postulación a la renovación de los beneficios del SPG+.
El gobierno preparó un plan de acción sobre derechos humanos y lo envió a Ginebra -sede del Consejo- cinco meses antes de que la ONU aprobara una resolución respaldada por Estados Unidos urgiendo a Sri Lanka a abordar presuntos abusos a los derechos humanos.
La moción de la ONU de marzo pedía a Colombo abordar las violaciones al derecho internacional humanitario, implementar las recomendaciones de una comisión local que investigó el conflicto, y alentar a la oficina de derechos humanos de la ONU a ofrecerle asesoramiento y asistencia, y a que el gobierno los aceptara.
El presidente Mahinda Rajapaksa ha negado reiteradamente las acusaciones sobre muertes de civiles a gran escala durante las últimas etapas de la guerra contra los separatistas tamiles.
Las tensas relaciones con Occidente obligaron al gobierno a depender de aliados geográficamente más cercanos, como China, Irán, Libia e India, para obtener asistencia al desarrollo y militar.
La constante presión internacional y la resolución de la ONU de marzo -que fue respaldada por India, tradicional partidaria de Sri Lanka- forzó a Colombo a realizar gestos conciliatorios hacia Occidente.
El periódico Sunday Times dijo el 5 de este mes que la decisión del gobierno de implementar a pleno la resolución de la ONU y de permitir que un equipo del foro mundial visite el país cimentará el camino para una visita pendiente desde hace tiempo: la de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
Weliamuna dijo que los asuntos que preocupan a la comunidad internacional -derechos humanos, imperio de la ley, creciente impunidad y corrupción- son relevantes. "El gobierno sabe que no puede continuar de este modo, e intenta convencer al mundo de que ha cambiado", señaló.
Según Abeykoon, la devaluación de la rupia frente al dólar, que cayó de 110 unidades por cada divisa estadounidense en febrero a 130 en mayo, ayudó a la industria de la vestimenta. "De lo contrario, nuestras exportaciones (a la UE) habrían empeorado", dijo.
Para Savage, el SPG+ es un "capítulo cerrado", tomando prestada una frase del ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Gamini Lakshman Peiris.
"El hecho es que el SPG+ fue retirado y Sri Lanka no se volvió a postular. Necesitamos seguir adelante", sostuvo.
