«Esto es la guerra; el Parlamento tiene que disolverse. Pretenden convertir a los empleados públicos en cabeza de turco de una situación que creó la banca y que el gobierno ha permitido». Una funcionaria ministerial sintetizó así el creciente enojo de buena parte de los españoles tras los ajustes fiscales.
"Nos quieren quitar la paga extraordinaria. La mayoría de los funcionarios no cobramos más de 1.000 euros (unos 1.200 dólares) por mes. El año pasado nos bajaron el salario cinco por ciento y los impuestos se están incrementando. Es insostenible", se quejó Carmen Raduy, empleada del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Raduy, de mediana edad, no está acostumbrada a concurrir a manifestaciones, pero este jueves 19 formó parte de un grupo que bloqueaba el tránsito en la calle del Prado, una de las principales vías céntricas de Madrid. A menos de 500 metros se ve el edificio del Congreso legislativo, completamente blindado por fuerzas policiales de choque desde hace una semana.
Mientras hablaba con IPS, esta mujer descubrió a unos 50 compañeros y compañeras de la administración estatal española que marchaban en son de protesta como ella.
El paquete de medidas anunciado la semana pasada por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP), disparó la convocatoria a la huelga general y a manifestar en las calles de unas 80 ciudades del país este jueves 19, cuando el Parlamento había previsto debatirlo.
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Entre las iniciativas de austeridad, que finalmente fueron aprobadas solo con los votos del PP, se cuentan la eliminación de un salario extraordinario que los funcionarios cobraban en Navidad, el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) general de 18 a 21 por ciento y el endurecimiento de las condiciones para la ayuda a los desempleados.
El gobierno de Rajoy ya ha impuesto el pago de parte de los medicamentos que antes eran gratuitos e hizo aprobar en el Parlamento una reforma laboral que, entre otras cosas, flexibilizó el despido de trabajadores. Las últimas mediciones dan cuenta de 5,6 millones de personas desempleadas, que equivalen a 25 por ciento de la población económicamente activa.
Y se anuncian más recortes de gastos y de otros beneficios sociales.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que las arcas del Estado no hay dinero suficiente ni para pagar a los empleados públicos, mientras que esperan el desembolso del rescate de 100.000 millones de euros (123.000 millones de dólares) aprobado hace 10 días por la Unión Europea para sanear las entidades bancarias españolas.
Por eso, buena parte de la población considera que se ha atacado a los servicios públicos para mantener los privilegios de los bancos.
"Manos arriba, esto es un atraco", se leía en unos de los carteles de protesta.
Virginia Romero, una jubilada de 81 años, enarbolaba uno casi más grande que ella con la leyenda: "No a los privilegios de los políticos". Avanzaba despacio, porque la edad pesa. Pero las miles de personas que colapsaron Madrid por la tarde y la noche le abrían paso. Sabía por qué salió a la calle. "Tengo hijos y nietos" que sufren la situación, aseguró.
En realidad, esta anciana considera que su vida está solucionada. Pero no las de sus tres vástagos y sus descendientes. El desempleo se ha disparado y los salarios bajan e incluso quien tiene trabajo observa cómo sus condiciones de vida empeoran.
"Tengo dos hijos en edad universitaria. Las tasas han subido 20 por ciento. Si quieren seguir estudiando tendrán que ponerse a trabajar. Pero no hay trabajo", dijo María José Hernández, empleada en el Ministerio de Fomento.
Junto a otros 200 funcionarios, Hernández se instaló en el Paseo de la Castellana, la avenida de seis carriles centrales y cuatro laterales que cruza Madrid de norte a sur, para bloquear el tránsito a la altura de Nuevos Ministerios, una céntrica zona donde se ubican las principales oficinas de la administración estatal.
Para los madrileños es ya habitual la escena de empleados públicos paralizando el tráfico, una modalidad que se impuso en Argentina en las tumultuosas protestas ante la debacle socio-económica de fines de 2001.
Hernández comentó a IPS que seguirá con esa práctica porque su sueldo se ha reducido en un tercio, los precios de la canasta básica van en aumento y quiere un futuro para su familia.
Los bloqueos de tráfico generan malestar en algunos conductores, que increpan a los manifestantes. Otros muchos, bajan del vehículo y hacen sonar sus cláxones. Es el caso de María Isabel Martínez, parada en plena Castellana.
"Tienen razón en todo. Estoy con ellos", señaló a IPS. No es casualidad. Venía precisamente de una entrevista de trabajo. Su preocupación es que dejó a sus hijos con su hermana, también desempleada. Sin embargo, lanzaba gritos de ánimo a los funcionarios que mantenían la pancarta cerrando el paso.
El descenso en la calidad de vida es uno de los motivos que llevaron a los españoles a salir a la calle. El otro es lo que los sindicatos y los partidos de izquierda califican como "desmantelamiento de los servicios públicos".
Guti Domínguez, un bombero de 28 años, lo explicó gráficamente a IPS mientras caminaba junto a una dotación como parte de la inmensa protesta.
"Los bomberos estamos bajo mínimos. Faltan turnos por cubrir. Puede haber una desgracia", alertó. Como ejemplo, Domínguez remarcó que en los turnos de 24 horas era habitual que uno de los trabajadores saliese a hacer la compra para todos. Ahora, como no hay dinero, sale el retén completo, por miedo a que se desate un incendio y, al estar divididos, no puedan atenderlo.
Los bomberos son uno de los colectivos que más aplausos recibieron por parte de los manifestantes. Los médicos, las enfermeras y los profesores relataban los mismos problemas.
"Los recortes ponen en riesgo la educación pública". Mercedes García trabaja en un instituto de enseñanza secundaria de Madrid y participó en una de las innumerables concentraciones espontáneas que sacudieron la capital de España. En este caso eran unos 150 cerca del Congreso de los Diputados.
"Se supone que ahí está la soberanía de los ciudadanos, pero lo han cerrado para que la población no se acerque", explicó, en referencia al temerario operativo policial que rodea el edificio.
Las protestas recrudecieron en la noche de este jueves, cuando se registraron choques entre policías y manifestantes, con el saldo de varios heridos y detenidos.
Es la segunda vez en siete días que hay incidentes. El gobierno, empero, tiene mayoría absoluta en el Parlamento y no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Así que los bloqueos de calles, las marchas y los disturbios podrían extenderse.
"Nos quieren llevar a la pobreza, (por eso) saldremos todos a la calle", resumió María José Torres, empleada de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
