La severísima crisis económico-financiera que afecta a España y la serie de medidas de ajuste dispuestas para enfrentarla, que se profundizan a cada anuncio, desgastan aceleradamente al gobierno del derechista Partido Popular (PP), que este jueves 19 fue golpeado por masivas protestas en todo el país.
Las multitudinarias manifestaciones fueron convocadas por la oposición política, las centrales sindicales y otras organizaciones sociales para rechazar una nueva tanda de las llamadas políticas de austeridad.
El paquete de medidas, aprobado por el parlamento este jueves con los 180 votos del PP y 131 en contra, incluye el aumento del impuesto al valor agregado (IVA) general de 18 a 21 por ciento y la supresión del salario extraordinario de Navidad para los empleados estatales que cobran el equivalente a 1.180 dólares mensuales, es decir casi toda la plantilla nacional de 2,7 millones de personas.
Ante el tenor de los recortes, el secretario general de la prosocialista Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, dijo a IPS que "el pueblo debe decidir sobre una crisis que se agudiza y afecta en especial a los asalariados y sus familias".
"Nuestro reclamo es que el gobierno convoque una consulta popular para que el pueblo español se pronuncie sobre políticas que no votó en noviembre", añadió, en alusión al drástico giro dado por el PP respecto de su oferta electoral que le dio el triunfo el 20 de ese mes.
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El líder del PP, Mariano Rajoy, a quien un mes después el parlamento ungió presidente del gobierno español, en ningún momento de su campaña manifestó que adoptaría recortes fiscales y quitas de beneficios como las que está aplicando y menos de la severidad de los mismos. Incluso aseguró que bajaría los impuestos, entre ellos el IVA.
Pero el mismo día de su instalación en el gobierno, Rajoy anunció recortes de los gastos del Estado de al menos 16.500 millones de euros (unos 20.000 millones de dólares) este año, con el objetivo de bajar el abultado déficit fiscal hasta ponerlo en línea con el máximo de tres por ciento exigido por la Unión Europea. El aprobado este jueves es el cuarto paquete de medidas de austeridad que se aplica.
Méndez destacó que el pueblo español es el que "soporta la crisis y las medidas gubernamentales, como las que recortan los derechos y los ingresos de los trabajadores".
La UGT y la Confederación Central de Comisiones Obreras (CCOO), cercana al Partido Comunista, fueron las principales impulsoras hace una semana, cuando se anunciaron las medidas, de las más de 80 marchas concretadas a lo largo de este jueves por las calles de las más variadas ciudades de España.
Desde las Islas Canarias, ubicadas frente a la costa occidental de África, donde a las 10 de la mañana comenzó la primera manifestación, llegó el que puede considerarse el mensaje más claro expresado en las pancartas: "No a la reforma laboral, injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía, inútil para el empleo".
En Madrid, con la misma pancarta y otra que proclamó "Trabajo sí, esclavos no", unos 500.000 manifestantes atravesaron al mediodía el centro de la ciudad. En esa multitud se destacó una persona disfrazada de ejecutivo que portaba un maletín con las siglas CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y arrastraba un esqueleto con un casco de albañil.
El secretario general de la CCOO, Ignacio Fernández Toxo, cuestionó la reforma laboral aprobada en febrero por "muy injusta, pues desequilibra las relaciones del trabajo en beneficio del empresariado y afectará sobre todo a las pequeñas empresas, donde no hay cobertura sindical".
La CCOO calcula que la reforma impactará a 65 por ciento de los asalariados y a 99 por ciento de las empresas, por haber instalado el despido libre y gratuito. La desocupación ya alcanza en España a 25 por ciento de la población económicamente activa, es decir unos 5,6 millones de personas.
Otro cambio cuestionado por afectar a los sectores más pobres es la reducción de la ayuda que se otorgaba a las personas con dificultades para que fueran cuidadas por un familiar en su casa. La reducción será de 15 por ciento como mínimo.
Además, para ser un dependiente reconocido por el Estado como tal, en vez de seis meses para recibir el reconocimiento deberá esperar dos años.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, justificó las medidas de austeridad culpando a "la herencia recibida del PSOE (Partido Socialista Obrero Español)", que precedió a este gobierno durante dos mandatos, de 2004 a diciembre de 2011.
Esas decisiones llegan impuestas por la necesidad y obligan al gobierno a "reducir los servicios públicos para crecer", pues "financiarlos con más déficit y deuda solo llevaría al desencanto", sostuvo Montoro en el debate de este jueves en el Parlamento.
Pero hasta la Iglesia Católica se suma a las críticas al gobierno de Rajoy. El presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Antonio Rouco Varela, dijo en conferencia de prensa que "la crisis se supera cuando se atiende a las exigencias del bien común con espíritu de solidaridad y entrega".
El movimiento Democracia Real Ya, que agrupa a desempleados, trabajadores subcontratados, y en funciones precarias y jóvenes, plantea que es preciso un gran cambio y un futuro digno.
"Es absurdo que en plena crisis, mientras aumenta la desocupación y bajan (las retribuciones de) la jubilación y los salarios, los bancos nos suban las hipotecas o, si no podemos pagar a tiempo, se queden con nuestras viviendas", indicó uno de sus adherentes.
La responsabilidad de que esto ocurra, concluyó, es de los partidos políticos mayoritarios, "que miran hacia otro lado".
