Los preparativos para las primeras elecciones de Angola en 16 años, previstas para el 31 de agosto, se ven afectados por denuncias de fraude, parcialidad de los medios de comunicación y la violenta represión a activistas y manifestantes.
La organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, criticó al gobierno por la dura respuesta a las manifestaciones callejeras protagonizadas por soldados retirados que demandaban pensiones militares impagas.
HRW señaló estar especialmente preocupada por la serie de ataques violentos contra grupos de jóvenes que critican al gobierno.
"La última ola de serios abusos contra manifestantes es una señal alarmante de que el gobierno de Angola no va a tolerar el disenso pacífico", dijo la subdirectora de HRW para África, Leslie Lefkow.
"El gobierno debería dejar de intentar silenciar a estas manifestaciones y concentrarse en mejorar el ambiente de las elecciones", añadió.
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Mientras, la oposición muestra su descontento sobre cómo se están organizando los comicios. El viernes 6, las autoridades prohibieron la inscripción de varios partidos, supuestamente por irregularidades en sus documentos.
De los 27 partidos que se postularon para competir en los comicios, solamente nueve fueron formalmente aprobados por la Corte Constitucional.
Entre los que fueron rechazados se encuentra el Bloque Democrático, liderado por Justino Pinto de Andrade, y el Partido Popular, creado por el abogado de derechos humanos David Mendes.
"Este es un síntoma de (problemas en) la democracia angoleña. Deliberadamente han bloqueado a los partidos que realizan campaña por los derechos humanos y que muestran solidaridad con causas sociales", dijo a IPS el secretario general del Bloque Democrático, Filomeno Viera Lopes.
El mayor partido opositor, la Unión Nacional por la Independencia Total de Angola (Unita), fue autorizado a competir, pero aun así es duramente crítico de varios aspectos del proceso electoral, en especial la licitación de servicios como la impresión de las papeletas.
También puso en duda la independencia de la Comisión Nacional Electoral (CNE) respecto del gobernante Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA).
La CNE rechazó acusaciones de estar procediendo incorrectamente, y su presidente, André da Silva Neto, aseguró que los comicios serán realizados con "imparcialidad, transparencia y justicia".
El MPLA también negó las acusaciones de fraude y de que esté reprimiendo activistas. Varios altos funcionarios del gobierno, incluyendo al propio presidente José Eduardo dos Santos, han señalado que el partido es muy popular y por tanto no necesita fraguar las elecciones.
"Desde el punto de vista judicial, tenemos muchos problemas porque la CNE todavía está violando la ley electoral, y pensamos presentar una queja formal ante los tribunales constitucionales sobre varios temas", señaló el portavoz de UNITA, Alcides Sakala.
También se quejó de la parcialidad de los medios de comunicación a favor del partido gobernante.
Sakala expresó, además, preocupación sobre un plan para permitir que oficiales de policía y del ejército voten un día antes de los comicios. "¿Cómo será supervisado esto?", preguntó. "Nadie puede controlar eso, lo cual despierta mucha preocupación en nuestra parte".
Aunque Unita sigue siendo el mayor partido, con 16 asientos en el parlamento, afronta fuerte competencia de parte del nuevo bloque Convergencia Amplia para la Salvación de Angola (CASA-CE).
Creada meses atrás por Abel Chivukuvuku, exmiembro de Unita y con estrechos vínculos con el líder de la independencia Jonas Savimbi, la coalición introdujo una nueva dinámica en la escena política angoleña.
El analista político Markus Weimer, del centro de estudios Chatham House, con sede en Londres, dijo que, aunque la CASA-CE solo obtendría pocos asientos en el parlamento, su surgimiento había conmovido al MPLA.
"Creo que el MPLA está preocupado por la CASA-CE porque aún no la conoce bien", señaló. "El partido parece haber surgido de la nada, y por eso no están muy seguros como afrontarlo".
Weimer dijo estar convencido de que el MPLA, que mantiene un fuerte control sobre la economía y los medios de comunicación estatales y privados, ganará los comicios de agosto, y añadió que era crucial que se evacuaran las sospechas sobre el proceso electoral.
"El proceso debe ser visto como legítimo por todos para que el triunfo del MPLA sea aceptado", explicó. "El MPLA incluso estaría dispuesto a perder bancas si eso significa que las elecciones sean consideradas creíbles y legítimas".
La experiencia electoral angoleña es escasa. En este país se celebraron solo dos comicios desde la independencia de Portugal en 1975.
Las elecciones de 2008 se realizaron en forma pacífica a pesar de las propagadas denuncias de fraude, mientras que las de 1992 fueron suspendidas a mitad de camino, lo que desató una nueva fase de la guerra civil, que duró hasta 2002.
La primera etapa de la guerra civil comenzó inmediatamente después de la independencia y duró hasta 1991.
Hay temores de que los partidos de oposición sientan que las elecciones no son celebradas en forma justa, lo cual podría derivar en protestas e inestabilidad.
"Queremos mantener un enfoque positivo para evitar esto", dijo Sakala.
"Insistiremos en que se cumpla la ley para poder evitar situaciones que puedan llevar a otras dificultades que no son buenas para el país", añadió.
En los comicios se elegirán los miembros del parlamento y el presidente, de acuerdo con lo que establece una reforma constitucional de 2010 que también generó polémica.
MPLA parece estar camino a una victoria, con lo que Dos Santos continuaría otros cinco años.
La larga permanencia en el poder de Dos Santos desde 1979 sin que nunca haya sido formalmente elegido- así como las denuncias de enriquecimiento ilícito de su familia y de su círculo cercano, son los motivos principales de las protestas de los grupos de jóvenes.
A pesar de la enorme riqueza petrolera del país y el impresionante crecimiento económico logrado luego de la guerra civil, entre la mitad y dos tercios de la población angoleña todavía vive en la pobreza, sin acceso a agua potable, saneamiento o electricidad, y en viviendas precarias.
