Los empleados estatales de Brasil, uno de los colectivos que ayudaron a llevar al gobierno al izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), se enfrentan ahora con la administración de Dilma Rousseff por entender que los relega en sus reclamos ante el freno de la economía.
Ya suman unos 350.000 los empleados públicos en huelga por demandas salariales y otras reivindicaciones, iniciada hace dos meses por los profesores de las universidades estatales y a la que luego se incorporaron personal de ministerios, de agencias reguladoras, de medios de comunicación, de salud y de empresas como Electrobras.
"Es la misma fuerza que trajo al gobierno al PT la que hoy esta dándole esta sacudida a Rousseff para decirle: se equivocan", dijo en entrevista con IPS el secretario general del Sindicato de Servidores Públicos Federales (SINDSEP) del Distrito Federal (Brasilia), Oton Pereira Neves.
"Todos los empleados públicos con salarios deprimidos, percibieron que la opción política del gobierno es hoy intentar salvar el sistema financiero internacional. Por eso resolvieron alertar que esta estrategia esta llevando al país al desastre total", sostuvo.
El gobierno de Rousseff, del PT al igual que su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), ya enfrentó el año pasado huelgas del sector privado, como la de bancarios, pero es la primera vez que una movilización de este tipo une tras un mismo objetivo a categorías de funcionarios tan diversas de la estructura estatal nacional.
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"Es la primera gran huelga de Dilma", señaló a IPS el analista político Alexandre Barros, de la consultora Early Morning, de Brasilia.
Los huelguistas, que realizaron manifestaciones multitudinarias en Brasilia, corazón del poder político, tras la consigna "Negocie, Dilma", piden reajustes salariales que varían de sector en sector, así como nuevas contrataciones. Aducen que sus sueldos tienen atrasos respecto de la inflación desde 2008.
Pero el gobierno considera que ese sector laboral ya fue beneficiado con aumentos durante la administración de Lula y que ahora, ante la crisis económica, es necesario impulsar la producción y el consumo para estimular el crecimiento del producto interno bruto, que proyecta en por lo menos 2,7 por ciento este año.
Además de paquetes de medidas de exención fiscal y de estimulo al crédito, se espera que el gobierno anuncie en los próximos días nueva inversiones en infraestructura.
Es notorio que los líderes del PT tratan de que no se pierdan las conquistas sociales y económicas alcanzadas en la última década, como el hecho de que hayan salido de la pobreza unos 28 millones de brasileños gracias a programas de inclusión y mejoras en los ingresos.
En los últimos meses, Rousseff se manifestó "preocupada por la crisis" y lanzó varias medidas de exención impositiva para áreas industriales como la metalurgia, los textiles y los fabricantes de calzados.
"El principal problema es que, desde 2010, en el tramo final del mandato de Lula, se ha puesto mayor énfasis en el ajuste fiscal, y eso obviamente obstaculiza las negociaciones con los funcionarios porque no se atiendes sus reclamos salariales", indicó a IPS el economista Adhemar Mineiro, del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Económicos (Dieese).
"Esto empeoró porque, cuanto más se corta por exenciones fiscales, más se busca ajustar en otras áreas y esto termina teniendo un impacto en el sector público llevando a esta situación explosiva", agregó.
Rousseff teme que la ola de demandas ponga en riesgo sus metas económicas. Cálculos del Ministerio de Hacienda citados por el diario local O Globo indican que el perjuicio para las arcas públicas llegaría a unos 46.000 millones de dólares si tuviera que satisfacer todas las demandas de los empleados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
"Esto es peligroso", opinó Barros, quien entiende que, como muchos de los huelguistas son empleados fijos, no pueden ser despedidos sin causa laboral y, por tanto, el gobierno quedaría sin alternativas.
Ante la expansión de la huelga nacional, al que temen se unan otras empresas estatales de peso como la petrolera Petrobras, las autoridades se proponen endurecer su posición y recurrir a la justicia si no se llega a un acuerdo de modo rápido.
En un discurso sobre la crisis global, Rousseff dijo que, aunque Brasil no está preocupado porque sus bases económicas son fuertes, tampoco se puede "jugar al borde del precipicio".
"Al borde del precipicio está el sistema financiero mundial, la usura mundial. No se puede sacrificar a toda la humanidad para salvar a los banqueros", ironizó Pereira Neves.
El dirigente sindical recordó que casi la mitad del presupuesto estatal de Brasil se destina al pago de la deuda pública o de intereses.
"Está claro que la deficiencia del servicio público brasileño es por falta de inversión. El Estado tiene que capacitarse", consideró, tras subrayar que en este país hay apenas cinco empleados públicos por cada 100 ciudadanos, mientras que en Estados Unidos esta proporción es de 13,5 cada 100.
Mineiro entiende que el argumento de que cumplir con todas las demandas salariales pondría en peligro las cuentas publicas "es un discurso que todo patrón hace".
"Lo que me parece que traba cualquier negociación es esa visión del ajuste fiscal, de continuar con las metas de superávit primario, porque significa que por cada exención fiscal habrá menos espacio para otras demandas presupuestarias", concluyó el economista.
