Defensores mexicanos de la libertad en Internet se preparan para resistir la decisión del gobierno de su país de firmar el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA).
Los activistas solicitarán al presidente electo, Enrique Peña, que asumirá su cargo el 1 de diciembre, y al Senado, que será investido el 1 de septiembre, que desistan del proceso de adhesión al ACTA, porque sus disposiciones entrañan riesgos para la privacidad de los usuarios, la libertad de expresión y el acceso universal a Internet.
El gobierno saliente del conservador Felipe Calderón anunció sorpresivamente el miércoles 11 que el estatal Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial había suscrito el acuerdo, negociado desde 2006 en un proceso que fue sumando a Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Marruecos, Nueva Zelanda Japón, Singapur, Suiza y la Unión Europea (UE).
"Vamos a insistir en que no se ratifique por parte del Senado, por ser un intento de controlar la red, y que, al mismo tiempo, se escuche a los creadores, se elabore una iniciativa nacional para modificar leyes de propiedad intelectual para proteger los legítimos derechos de los autores", dijo a IPS la presidenta del no gubernamental Observatorio de las Telecomunicaciones de México (Observatel), Irene Levy.
De hecho, el ACTA viene generado toda suerte de resistencias fuera de México. El 4 de julio, el Parlamento Europeo le bajó el pulgar, por considerarlo violatorio de derechos fundamentales. La sesión que acabó rechazando el ACTA se saldó con 478 votos contra el tratado, 39 a favor y 165 abstenciones.
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El tratado busca establecer un marco legal internacional para combatir la falsificación de bienes y medicamentos genéricos y las infracciones a los derechos de patente en Internet. Si entra en vigor crearía un nuevo órgano de gobierno intergubernamental, distinto de la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización de las Naciones Unidas.
El ACTA abarca propiedad intelectual, derechos de autor, marcas comerciales, indicaciones geográficas o denominación de origen, diseños industriales, patentes, esquemas de configuración de circuitos integrados, protección de información no divulgada y secretos comerciales. IPS reveló en 2010 que México se había sumado a las negociaciones.
El tratado establece la vigilancia fronteriza del tráfico de información y obliga a los proveedores de servicios de Internet a controlar la transferencia de datos por la red.
"La parte más importante a retomar sería una agenda que incluya todas las voces involucradas, crear un esquema legal que proteja a todos y no solo a la industria del monopolio cultural", dijo a IPS el encargado de comunicaciones de la oficina mexicana de organización no gubernamental Artículo 19, Antonio Martínez, que se dedica a promover la libertad de expresión.
El gobierno de México ignoró los resultados de los debates del Grupo Plural de Trabajo para dar Seguimiento al Proceso de Negociaciones del ACTA, del que participaron senadores, empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
En junio de 2011, el Senado mexicano ya lo había rechazado, pues violaba leyes mexicanas, contravenía disposiciones jurídicas vigentes, establecía posibles limitaciones al acceso universal a Internet que agravarían la brecha digital, y entrañaba el peligro de censura a los contenidos de la red, que limitarían su libre funcionamiento y neutralidad.
Con anterioridad, en noviembre de 2010, la estatal Comisión Federal de Telecomunicaciones expuso que el ACTA podría desalentar la expansión de Internet, amenazar la privacidad de los usuarios y frenar el avance de la agenda digital.
Pero al suscribir el ACTA, Calderón obliga a los futuros poderes Ejecutivo y Legislativo electos, a retomar el debate sobre su pertinencia.
En una población de 112 millones de personas, hay más de 30 millones de cibernautas, según la Asociación Mexicana de Internet.
Representantes de las industrias musical, cinematográfica y de software han insistido en que este país latinoamericano endurezca la protección de sus productos.
La falsificación de software es un negocio valuado en 1.249 millones de dólares en México, según la Alianza de la Industria del Software (BSA por sus siglas inglesas).
En la Cuarta Encuesta de Hábitos de Consumo de Productos Piratas y Falsificados, publicada en 2011 por la Cámara de Comercio Americana de México, ocho de cada 10 consultados aseguraron haber comprado bienes pirateados.
El Código Penal ya tipifica como delitos la piratería y su distribución, así como el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.
El discurso de la industria ha permeado instancias como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que debate sobre futuras regulaciones políticas y técnicas de Internet.
Aun si el ACTA no prospera en el ámbito doméstico, su contenido puede filtrarse en otros convenios en discusión, como el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas inglesas), firmado inicialmente en 2005 por Chile, Singapur, Brunei y Nueva Zelanda y que negocia el ingreso de Australia, Canadá, Estados Unidos, Malasia, México, Perú y Vietnam.
"No tengo la menor duda de que este derecho de picaporte lo van a buscar los Estados por donde sea, con otro tipo de disfraces, sea el TPP o la UIT. Por eso no hay que irse con la finta de que se trata solo de derechos de autor, es un asunto de libertad de Internet", resaltó Levy.
La décimo octava ronda de negociaciones del TPP se realizó del 2 al 10 de este mes en la ciudad estadounidense de San Diego.
En materia de propiedad intelectual, el TPP propone incentivos legales para que los proveedores de Internet dificulten el almacenamiento o la transmisión libre de material protegido e identifiquen a los usuarios de sitios web que violen derechos de autor. También habilitaría la compensación económica a los denunciantes afectados por esas prácticas.
Además, prevé penalizar la violación de derechos de forma comercial o no comercial, la creación de un esquema legal de vigilancia y de normas de patentes para proteger procedimientos quirúrgicos o medicinas surgidas de procesos biológicos, como vacunas.
"Esos mismos sectores juegan a distintas bandas con la misma noción para controlar la distribución de bienes materiales e intangibles, que debieran estar separados", indicó Martínez.
