El modelo de explotación pesquero desarrollado en la última década llevó a la crisis del sector en Chile, que posee 6.435 kilómetros de costa en el océano Pacífico y una gran diversidad de recursos marinos.
La pesquería define en Chile la extracción industrial de cada recurso marino específico en zonas determinadas de la costa.
El informe añade que, de 148 diferentes recursos pesqueros desembarcados en 2009, solo en 20 de ellos se disponen de evaluaciones sobre su condición biológica o estado de explotación. Por tanto, se desconoce la situación de 86 por ciento de los recursos pesqueros nacionales, los cual representan 30 por ciento de los desembarques.
En Chile, 92 por ciento de los recursos marinos extraídos son peces, cinco por ciento algas y el tres por ciento restante mariscos. La pesca extractiva representó 0,4 por ciento del producto interno bruto del país en 2011 y las exportaciones de este tipo de pesca y la acuicultura aportaron ese año 4.889 millones de dólares.
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"La crisis pesquera se agudizó en los últimos 10 años y es el modelo que permitió que las cuotas se pudieran determinar por sobre las recomendaciones científicas el que hoy día nos tiene en esta situación", denunció a IPS el ecologista Samuel Leiva, coordinador de Campañas de la organización ecologista Greenpeace en Chile.
Según un reporte del Centro de Investigación Periodística, nueve grupos económicos son dueños en Chile de 90 por ciento de la pesca industrial de jurel (Trachurus murphyi), sardina y anchoveta, las tres principales capturas en el país. Es un negocio que les reporta más de 1.200 millones de dólares anuales.
"La gran discusión hoy día tiene que ver con quién pesca los recursos. Pero en Greenpeace también estamos muy preocupados de que esos recursos hoy día no existen, están en crisis, están sobreexplotados y lo que hay que hacer es determinar planes tanto internacionales como nacionales para la recuperación de las pesquerías", advirtió Leiva.
Añadió que "todos los esfuerzos que se puedan realizar para poder manejar las pesquerías de una manera precautoria y con un enfoque ecosistémico es, justamente, lo que se necesita para recuperarlas".
Con ese fin, el bicameral Congreso legislativo discute la nueva ley de administración pesquera, que estará vigente por 20 años, desde enero de 2013.
Para el ministro de Economía, Pablo Longueira, la nueva norma "es necesaria para el sector, pues fija objetivos como la sustentabilidad, el control y la fiscalización de las pesquerías, ordenamientos y decisiones científicas en materias de administración pesquera, entre otros avances".
Sin embargo, los pescadores artesanales rechazan el proyecto que, a su juicio, "beneficia sólo a siete familias de la industria".
"El gobierno insiste en medidas que ahogan a la pesca artesanal como la incorporación del posicionador satelital en nuestras embarcaciones", criticó el portavoz de la Comisión Nacional de Defensa de la Pesca, Jorge Bustos.
"Esto es solo un gran negocio, pues si no tenemos para comer, cómo pretende Longueira que tengamos dinero para sus exigencias", adujo.
Bustos precisó que los pescadores artesanales piden el cese de la pesca de arrastre, un mejor fraccionamiento de la pesca, con equidad para el sector artesanal, extensión de la protección de cinco millas a lo largo del territorio chileno y mayor sustentabilidad ambiental, entre otras demandas.
Para Leiva, es importante saber quién se quedará con la cuota pesquera, "pero lo más importante es cómo aseguramos que lo que se va a pescar sea en estricta concordancia con las recomendaciones científicas para determinar las cuotas que se van a pescar".
Afirmó que "la idea es asegurar la recuperación, primero, de las pesquerías nacionales, para luego hacer coherente la política pública respecto a quién tiene la cuota, quién pesca y para qué lo pesca".
Leiva culpó a los gobiernos de la última década de tener una mirada cortoplacista.
"En 2001-2002, cuando se comenzó a aplicar la ley de pesca que se quiere modificar, las pesquerías en Chile no estaban en crisis", recordó el activista.
"En los últimos 10 años, ignorando las recomendaciones científicas, las pesquerías han sido sobreexplotadas. Por lo tanto, el modelo no aseguró la promesa de regular de manera efectiva las pesquerías", argumentó.
Convención internacional al rescate
A pesar del crítico escenario, las organizaciones ecologistas celebraron la ratificación por parte del Senado, el 13 de este mes, del Acuerdo sobre Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur.
Esta convención internacional, pactada en Nueva Zelanda en 2009, crea la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, más conocida como ORP-PS.
El tratado internacional establece las reglas para la regulación de las pesquerías transzonales en altamar, así como el marco para que los estados costeros y los estados de aguas distantes acuerden medidas de administración y conservación.
Actualmente, de los 32 estados parte de la ORP, nueve ratificaron la convención.
El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, explicó que con esta aprobación Chile está a las puertas de la ratificación y entrada en vigor de la convención.
Galilea recordó que el jurel es "una de nuestras principales pesquerías y actualmente se encuentra en un estado crítico, por lo que todas las medidas que se puedan adoptar para evitar la pesca indiscriminada de este recurso nos ayudarán a cuidar su estado, por el bien de las generaciones venideras."
En la misma línea, Leiva celebró la medida y destacó que ahora "todo el Pacífico sur estará bajo las regulaciones de esta nueva Organización Regional de Pesca y especies como el jurel, que actualmente están sobreexplotadas, van a tener una real oportunidad de recuperarse", celebró.
Añadió que, además, las flotas que ahora incumplen las regulaciones interinas y voluntarias "tendrán que respetarlas porque van a ser regulaciones vinculantes con los países que tengan intereses pesqueros en el Pacífico sur".
Para Leiva, uno punto especialmente importante de la Convención es que todas las cuotas de pesca en el Pacífico Sur, sin importar si las especies están dentro o fuera de aguas nacionales, estarán sujetas a un estricto monitoreo científico multilateral.
"Esto es muy importante para recuperar y regular las pesquerías de todo el Pacífico Sur", consideró.
La primera sesión de la Comisión de la ORP en enero de 2013. En esa instancia se empezarán a adoptar medidas vinculantes y obligatorias para la administración de los recursos pesqueros transzonales del Pacífico Sur, principalmente medidas que beneficien al jurel.
