No es cierto que los países en desarrollo condicionaron la inclusión de la economía verde en el documento final de Río+20 a definiciones sobre financiamiento, dijo a TerraViva la jefa de la delegación de Venezuela, Claudia Salerno Caldera.
«Eso es un rumor sin sustento», sostuvo.
El jueves 14, el Grupo de los 77 (G-77) países en desarrollo más China se retiró de la mesa que discutía economía verde, alegando que las naciones ricas obstaculizaban todo avance en los «medios de implementación», es decir la transferencia de tecnología y el financiamiento para hacer frente a la transformación de los patrones de producción y consumo.
El viernes las discusiones llegaron a punto muerto en otros varios terrenos y este sábado 16 Brasil presentó un documento consolidado en busca de consenso antes de que los jefes de Estado y de gobierno lleguen a esta ciudad para el segmento cimero de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20, entre el 20 y el 22 de este mes.
Los países en desarrollo «iniciaron la negociación sobre economía verde y sobre los cambios necesarios», y eso avanzaba «maravillosamente bien» hasta que la discusión llegó a medios de implementación, describió Salerno.
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¿Cómo es posible «que nosotros, con las luchas contra la pobreza que tenemos, estemos más dispuestos a esa transformación que los que se supone que tienen mejores condiciones?», se preguntó.
Las propuestas para reverdecer la economía que el Norte industrial había puesto sobre la mesa en enero iban en el sentido de crear nuevas barreras al comercio, «y las peleamos desde entonces y hemos logrado ajustarlas», indicó la venezolana.
El acuerdo «no podía destruir 20 años de negociaciones en la Organización Mundial del Comercio y todo lo adoptado en materia ambiental» porque tú tienes una crisis, sentenció, en referencia a la Unión Europea (UE).
Sin embargo, «el debate se recondujo» y el capítulo de economía verde «es hoy uno de los que tienen mayor cantidad de textos ya acordados», aseveró. «¿Por qué no hay un solo párrafo acordado sobre medios de implementación?», interrogó. Porque los países ricos «no quieren nada».
Los estados aceptaron «limitar la naturaleza prescriptiva de la idea de ‘economía verde'» y colocar en su lugar «políticas de economía verde», reconociendo que los países «deben retener la capacidad de definir cómo adaptarlo a sus circunstancias específicas», según Alex Rafalowicz, asesor legal de la no gubernamental Red del Tercer Mundo, que sigue de cerca los debates.
A los gobernantes les toca decidir «si puede ser la crisis y la coyuntura lo que impida al político tener una visión de 20 años», dijo Salerno. «Todo el mundo tiene una crisis distinta. Europa clama por la suya y la vive poniendo sobre la mesa como justificativo».
El anuncio esta semana de un fondo de 30.000 millones de dólares «ya es un acuerdo y no lo vamos a revisar. Si ellos (Estados Unidos y la UE) se echan para atrás en lo que los propios países desarrollados colocaron como la gran bandera política de la cumbre de cambio climático de Copenhague, entonces estamos muy mal». Pero «incluso eso hemos visto», agregó.
Las delegaciones de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua, que coordinan sus posturas en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), salieron este sábado 16 a hablar en duros términos sobre los retrocesos en financiación.
De hecho, «el G-77 se retiró de los debates sobre economía verde porque fue el ALBA y Bolivia que observamos que los medios de implementación están yendo por un rumbo tan equivocado y absurdo que aparece como fuente de financiamiento la caridad privada», dijo a TerraViva el jefe de negociaciones sobre cambio climático de Bolivia, René Orellana.
«No sabemos si se están burlando de nosotros o efectivamente quieren desmantelar la cooperación internacional», agregó. «¿En dónde dice que las obligaciones validadas en numerosos tratados internacionales se suspenden en tiempos difíciles?», cuestionó.
Su país «tiene esperanza en el proceso de Río+20», dijo, pero «queremos ver un documento que exprese el derecho al desarrollo, los derechos de la Madre Tierra, la armonía con la naturaleza y un enfoque que nos resuelva la pobreza».
Bolivia, Venezuela y otros países latinoamericanos productores de hidrocarburos se encuentran ante el dilema de una economía basada en una producción sucia.
«Tenemos una dependencia muy importante de esos recursos no renovables, y por ser vulnerables no podemos salir de un día para otro de esa dependencia, salvo que tengamos transferencia de tecnología, la condición para migrar de una energía no renovable a una renovable», abundó Orellana.
Sin embargo, «nuestra contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero es de 0,03 por ciento. Y de repente quieren que asumamos una enorme responsabilidad en la reducción de emisiones países que no somos los culpables del cambio climático. Si lo hacemos de un día para otro, dejaremos a nuestros estados sin posibilidad de ingresos».
