Cuando faltan pocos días para el inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, hay inquietantes señales de que los países desarrollados quieren desconocer los compromisos sobre ayuda a las naciones en desarrollo que asumieron en la Cumbre de la Tierra, de 1992.
También existen temores de que la conferencia, también conocida como Río+20, podría no reafirmar por completo los compromisos políticos formulados hace dos décadas.
Durante la reunión preparatoria de la Conferencia que finalizó el 2 de este mes en Nueva York se lograron algunos progresos en la elaboración de la declaración de Río+20.
Pero hubo acuerdo en solo 70 parágrafos de un total de 329, lo que traslada a los negociadores una tarea abrumadora para llegar a un consenso sobre el texto que deberá ser presentado a los líderes políticos cuando se reúnan en Río de Janeiro entre el 20 y el 22 de este mes.
La Cumbre Río+20 enfrentará los mismos problemas derivados de la divergencia Norte-Sur surgidos en las recientes negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, en la Convención sobre el Cambio Climático y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
Las diferencias son evidentes en las nuevas cuestiones que debatirá Río+20: el concepto de economía verde, y, en relación al desarrollo sostenible, cómo definir sus objetivos y el nuevo marco institucional para las futuras actividades.
Pero más preocupante aún es el intento de los países desarrollados de diluir los principios acordados en Río hace 20 años y de dar marcha atrás en los compromisos de ayuda a las naciones en desarrollo.
Está claro que la división Norte-Sur no es solo sobre cuestiones específicas, sino también acerca de conceptos fundamentales de la cooperación internacional, particularmente el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas (RCPD), y los compromisos sobre transferencia de tecnología y asistencia financiera.
El RCPD es uno de los Principios de Río, adoptados en 1992. Se acordó allí que todos los países tienen una responsabilidad común en la protección del ambiente, pero también responsabilidades diferenciadas, puesto que los países ricos deberían jugar el papel de líderes en la concreción de acciones ambientales debido a sus mayores responsabilidades en la crisis ecológica y a sus superiores recursos económicos.
Este principio básico, que los países en desarrollo consideran muy importante, está bajo ataque. En las negociaciones preparatorias, Estados Unidos dejó en claro que no acepta referencias al RCPD.
Casi todos los países desarrollados arguyen que ningún principio de Río debería ser resaltado en la declaración y que sería suficiente una referencia general al conjunto de principios de Río.
Ello causa gran inquietud a los países en desarrollo agrupados en el Grupo de los 77 (G-77) y a China. Para ellos, es muy importante una neta reafirmación del principio RCPD en particular y de los principios de Río en general. De otro modo, Río+20 se alejaría de lo acordado en la Cumbre de la Tierra original.
También preocupa el abandono por parte de los países desarrollados de los acuerdos sobre transferencia tecnología a las naciones en desarrollo. En la sesión dedicada a este tema, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia se opusieron a que en la declaración se utilice el título Desarrollo y transferencia de tecnología.
Esos países desarrollados quieren sustituir las palabras transferencia de tecnología por transferencia voluntaria en términos y condiciones mutuamente acordados .
Se trataría de un retroceso en los acuerdos de las cumbres de 1992 en Río y de 2002 en Johannesburgo sobre transferencia de tecnología a las naciones en desarrollo con concesiones y en condiciones preferenciales o en justas y más favorables condiciones.
Los principales países desarrollados también quieren eliminar los párrafos que exigen un tratamiento equilibrado en relación a los derechos de propiedad intelectual. Los copresidentes propusieron el examen del impacto de las patentes en el acceso a la tecnología por parte de los países en desarrollo, pero la propuesta fue rechazada por casi todas las naciones desarrolladas.
En la cuestión financiera, los países desarrollados están resistiendo la renovación del tradicional compromiso de proporcionar fondos nuevos y adicionales. El documento preparatorio también instaba a los países desarrollados a hacer esfuerzos adicionales para alcanzar la meta de otorgar fondos para la asistencia equivalentes a 0,7 por ciento de su producto interno bruto, que fue incluido en el plan de acción original de Río. Pero Canadá y Estados Unidos quieren eliminar esa meta con la que dicen no haber estado nunca de acuerdo.
China y el G-77, que hoy tiene 132 Estados miembros, propusieron que los países desarrollados concedan recursos adicionales a los ya acordados por 30.000 millones de dólares anuales entre 2013 y 2017, y por 100.000 millones de dólares desde 2018 en adelante, y que se cree un fondo para el desarrollo sustentable.
Pero la mayoría de las naciones desarrolladas objetó esa propuesta.
Al reanudarse las negociaciones en Río el 13 de este mes, es de esperar que haya un cambio de posición de las naciones desarrolladas en estas cuestiones. Ello es necesario para permitir progresos rápidos en otros temas y asegurar un resultado exitoso de Río+20. (FIN/COPYRIGHT IPS)
* Martin Khor es el director ejecutivo del South Center, organización intergubernamental de los países en desarrollo, con sede en Ginebra.
