Por primera vez en su historia, el Mercosur realizará su cumbre semestral con uno de sus países miembros suspendido por «ruptura del orden democrático», como ha sido calificada la destitución de Fernando Lugo de la Presidencia de Paraguay por un juicio fulminante del Senado.
Con 21 años recién cumplidos, el Mercosur (Mercado Común del Sur), integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela en proceso de adhesión plena, se prepara para celebrar su XLIII Cumbre de Jefes de Estado este jueves 28 y viernes 29 en la occidental provincia argentina de Mendoza.
Pero esta vez no estará presente delegado alguno de Paraguay, pues ese país fue suspendido a raíz de la destitución de Lugo el viernes 22. Sus socios estudiarán en la cumbre otras sanciones.
A la cita de Mendoza acudirán también mandatarios y cancilleres de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), muchos de los cuales son también asociados al Mercosur, que realizarán una reunión extraordinaria para tratar la crisis en Paraguay.
Lugo fue reemplazado el mismo día de su destitución por su vicepresidente, Federico Franco, líder del Partido Liberal Radical Auténtico, su aliado electoral que apenas comenzar su mandato en 2008 comenzó a restarle apoyo y se constituyó poco a poco en un grupo opositor más.
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Ante casos de quiebre institucional en uno de los países socios, se apela al Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, Bolivia y Chile, firmado en 1998 en esa austral ciudad argentina. Pero ese acuerdo establece normas básicas y no abunda en las medidas concretas de sanción y sus implicancias.
"Una cosa es tener un protocolo o carta democrática y otra muy distinta es tener la hoja de ruta para saber cómo proceder cuando se rompe el orden" democrático, dijo a IPS el politólogo argentino Federico Merke, profesor de teoría de las relaciones internacionales de la privada Universidad del Salvador.
"Las áreas legales de las cancillerías del bloque deben estar trabajando intensamente, porque yo creo que ningún abogado tiene hoy una respuesta acabada sobre cómo proceder frente a este caso", indicó el experto.
El Protocolo de Ushuaia prevé que, en caso de "ruptura del orden constitucional", se aplicarán sanciones que van desde la suspensión del Estado a participar de organismos de integración hasta la suspensión de derechos y obligaciones emergentes de esos procesos". Pero no marca un rumbo concreto a seguir.
"Si los presidentes deciden que no aceptan la destitución de Lugo, ¿qué harán?, se pregunta Merke.
"Estas cosas se probaron con Honduras y salieron mal", recordó, en referencia al golpe parlamentario, en este caso con ayuda militar, que derrocó en junio de 2009 al presidente Manuel Zelaya y a las elecciones posteriores que llevó al gobierno al derechista Porfirio Lobo.
Los gobiernos de América del Sur "insistieron en que volviera Zelaya y no lo lograron, amenazaron con no reconocer a Lobo y finalmente tuvieron que aceptarlo", remarcó.
Merke avizora que, de aquí a que asuma un nuevo presidente elegido en las urnas, Paraguay estará en un limbo".
En la cumbre de Mendoza puede ocurrir que los socios decidan mantener la relación con Paraguay congelada hasta esos comicios. Pero hay muchas dudas sobre cómo debe actuarse en el plano del comercio y los proyectos de desarrollo.
Frente a las sucesivas avanzadas sobre gobiernos democráticos en la región como la perpetrada en Honduras, los socios del Mercosur habían elaborado un nuevo protocolo conocido como Ushuaia II, basado en uno similar firmado para la Unasur..
Este último texto, aprobado por los presidentes en diciembre pasado en Montevideo, es más explícito en recoger las diversas formas de atentar contra gobiernos democráticos, y es más severo en las sanciones, previendo incluso el cierre de aduanas.
El primer artículo del Ushuaia II, calcado del que se aprobó en la Unasur, prevé que se aplicará no sólo en casos de "ruptura del orden democrático" de uno de sus miembros, como establece el primero, sino también ante la "amenaza" de quiebre o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio de un gobierno elegido por el voto popular.
Las sanciones también son más severas y detalladas. Prevé, por ejemplo, el cierre parcial o total de la frontera terrestre, la suspensión o limitación del comercio, el tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía. Este Ushuaia II, que una vez ratificado dejaría sin efecto el firmado en 1998, parece diseñado a la medida del caso de Paraguay, donde Lugo había estado siendo amenazado reiteradamente con el juicio político y la destitución.
Pero la oposición en el Senado paraguayo se negó a ratificarlo y cuestionó a Lugo por haber suscrito ese texto, que consideró "un atentado contra la soberanía". En enero de este año, Franco coincidió en estas críticas airadas y fue, precisamente, una de las cinco "acusaciones" esgrimidas en el juicio político contra Lugo.
En el texto acusatorio, los senadores que depusieron a Lugo consideraron incluso que Ushuaia II "fue pergeñado por los presidentes de la región para protegerse unos a otros".
Merke explicó que el protocolo firmado en 1998 fue diseñado "con el fantasma del golpe cívico militar, pero últimamente la región está expuesta a rupturas de otra naturaleza, que están en una línea gris entre lo legal y lo ilegal".
En la crisis de Paraguay, dijo, el Congreso legislativo "parece haberse ajustado a derecho, pero la falta de transparencia del proceso y la celeridad con que se juzgó al mandatario, sin derecho casi a la defensa, tornan ilegítimo el procedimiento", opinó.
"Ushuaia II refleja mejor la nueva realidad, estas amenazas grises que no vienen con uniformes militares y que son difíciles de identificar", dijo. Sin embargo, este nuevo protocolo difícilmente entre en vigor sin el consenso de Paraguay.
Por su parte, el abogado Norberto Consani, profesor de derecho internacional y público de la estatal Universidad Nacional de La Plata, coincidió en que hay un nuevo tipo de amenazas en la región para las cuales los instrumentos se revelan ineficaces.
"Los países tienen temores, no infundados, de que se estén generando golpes de nuevo tipo. Lo que ocurrió en Paraguay parece de lo más sofisticado, porque se cumplieron los pasos formales pero no se respetó el derecho a la defensa", explicó Consani a IPS.
"Los cancilleres y presidentes en Mendoza van a tener que debatir a fondo una nueva fórmula jurídico-política para aplicar sanciones a Paraguay sin que eso se convierta en una traba para el desarrollo del Mercosur. Pero no será fácil", finalizó.
