La discusión central en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible, que se realizará la semana próxima en Río de Janeiro, girará en torno al concepto de «economía verde» y sobre la mejor forma de definirla.
«Si la economía se define claramente para apuntalar un desarrollo sostenible sin recurrir a experimentos basados sobre el mercado o soluciones técnicas será un éxito», dijo Alex Scrivener, oficial de políticas del World Development Movement, (Movimiento Mundial de Desarrollo conocido por sus siglas en inglés WDM), con sede en Londres.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, dijo la semana pasada que la comunidad internacional debe alcanzar un consenso sobre una economía verde inclusiva, «que saque a la gente de la pobreza y proteja el ambiente».
Esto, señaló, requiere colaboración internacional. Pero también inversión, financiación, experiencias compartidas y transferencia de tecnología.
Un tema clave de la cumbre, conocida como Río+20, que se realizará del 20 al 22 en Río de Janeiro, será cómo integrar una «economía verde» al concepto más amplio de desarrollo sostenible.
Según WDM, «una verdadera economía verde adoptará la justicia económica, el derecho de las comunidades pobres a definir su propio camino para salir de la pobreza, y terminar con las políticas perniciosas que priorizan la ganancia a la gente y al ambiente».
También pondrá fin, dice WDM, a «nuestra obsesión con el crecimiento económico y con un consumo no sostenible, los que reubicará haciendo hincapié en cómo cubrir las necesidades de todo el mundo de manera verdaderamente sostenible».
El borrador del plan de acción, documento que se discutirá en Río+20, divulgado en enero era vago y dejó afuera muchos de los compromisos concretos, señala la organización, pero las siguientes negociaciones parecen haberlo diluido todavía más.
Sin declaraciones específicas, como la disponibilidad de fondos para facilitar a los países en desarrollo la implementación de políticas verdes o un cronograma concreto para la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, el documento final de Río+20 corre el riesgo de ser una declaración sosa de generalidades, añade.
WDM observa que las naciones industrializadas como Gran Bretaña, además de los bancos y las compañías multinacionales, utilizan el término «economía verde» como cortina de humo para esconder sus planes de privatizar bienes globales y crear nuevos mercados para los servicios que la naturaleza provee en forma gratuita.
«De este caballo de Troya surgirán nuevos mecanismos de mercado que permitirán que el sector financiero obtenga más control sobre la gestión de los bienes globales», alerta la organización.
En vez de contribuir al desarrollo sostenible y a la justicia económica, esta «economía verde corporativa» llevará a la privatización de la tierra y de la naturaleza, las que pasarán a ser controladas por compañías multinacionales que las alejarán de las comunidades que dependen de ellas, indicó WDM.
Scrivener no cree que el Fondo Verde para el Clima alcance el objetivo de reunir 100.000 millones de dólares para 2020.
«La falta de fondos públicos se volvió la excusa de los países industrializados para justificar su falta de colaboración económica para el clima o su intento de utilizar fondos privados para cubrir el vacío», añadió el funcionario de WDM.
«La realidad es que, si bien la crisis de deuda soberana en Europa aumentó la presión sobre la disponibilidad de fondos públicos, se perdió totalmente la oportunidad de explorar nuevas fuentes», indicó Scrivener.
Por ejemplo mencionó que la idea de introducir nuevos impuestos a sectores muy contaminantes como la aviación y los transportes, mencionada durante la cumbre de Copenhague a fines de 2009, quedó en el olvido, pese a que ese tipo de medidas bastarían para cubrir la falta de fondos públicos.
«Cuando se habla de escasez de fondos no debemos olvidar la deuda climática que el mundo industrializado le debe a las naciones en desarrollo», remarcó.
Ese dinero, que representaría una ínfima proporción de los presupuestos de las naciones ricas, «no debería considerarse como un compromiso discrecional y su otorgamiento debería verse como prioritario», añadió.
«Por desgracia, es poco probable que en Río de Janeiro se anuncie un paquete con fondos nuevos, y el borrador preliminar del documento final no establece nada significativo por fuera de la tradicional asistencia oficial al desarrollo, de 0,7 por ciento del producto interno bruto», se lamentó Scrivener.
«Es malo, pero creo que la principal batalla en la cumbre girará en torno a los principios para definir una nueva economía verde», remarcó.
La actual crisis económica debiera servir de lección para los gobiernos sobre la inherente inestabilidad, la falta de sustentabilidad de nuestro sistema económico y las razones de por qué debe ser reemplazado.
Pero los gobiernos se concentran en regresar a un crecimiento económico que no es sostenible e, incluso, evalúan asignar un valor monetario a la naturaleza, lo que podría extender la influencia de los inestables mercados financieros sobre el ambiente.
La crisis también hace que los gobiernos resten importancia a los grandes desafíos que plantean el cambio climático, la reducción de la pobreza y la degradación ambiental.
«Vemos que eso ocurre en diferentes ámbitos como la falta de ambición del borrador del documento final de Río+20», observó.
En lo que respecta al cambio climático, esa mentalidad quedó demostrada en el retiro de Canadá, Japón y Rusia del Protocolo de Kyoto, así como por el intento de considerar al gas natural como una fuente de energía barata que emite poco dióxido de carbono.
