Las protestas de terratenientes de la oriental provincia de Buenos Aires, la más grande y populosa de Argentina, por una actualización de impuestos, puso de manifiesto esta semana las necesidades financieras crecientes de muchos de esos distritos del interior del país.
A pesar de las resistencias de empresarios agropecuarios, el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, decretó el jueves 31 de mayo una revaluación fiscal de las propiedades para actualizar el cálculo de impuestos. Luego la legislatura provincial aprobó la medida por amplia mayoría.
"Si no se actualizaba ese valor, que se mantenía congelado desde hacía más de 15 años, en una economía con inflación las cuentas no cierran", explicó a IPS el economista Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica.
En rechazo al aumento de los impuestos como consecuencia de la revaluación de sus propiedades, los terratenientes anunciaron que entre este sábado 2 y el domingo 10 realizarán un "lock out" (cese temporal) de sus actividades, con lo cual no se comercializarán los productos provenientes del campo, a excepción de los perecederos.
Scioli, del mismo sector de centroizquierda que la presidenta Cristina Fernández, procuró eludir este costo político, pero no pudo.
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La economía de Argentina, que el año pasado creció 8,9 por ciento, afronta en la actualidad un proceso de desaceleración importante debido especialmente a la crisis que soporta el mundo industrializado, gran consumidor de materias primas sudamericanas.
Ese freno y la menor recaudación tributaria consecuente, sumadas a las dificultades de los estados provinciales para colocar títulos de deuda de su Tesoro a una tasa razonable en los mercados, están constriñendo fuertemente las economías de las provincias argentinas.
El total del déficit primario (sin contar el pago de deudas) en las provincias se estima en 9.000 millones de pesos, equivalentes a unos 2.045 millones de dólares. La mayor parte corresponde a la de Buenos Aires y podría ser mayor a fin de año.
La consultora Ecolatina pronostica que para fin de año el desequilibrio podría llegar a 30.000 millones de pesos en el conjunto de 20 provincias analizadas sobre un total de 24. Son unos 6.800 millones de dólares de desfase entre ingresos y gastos.
La situación reavivó el fantasma de la aparición de las "cuasi monedas", los diversos bonos de intercambio que provincias y municipios emitieron en vísperas del colapso económico-financiero de 2001, cuando la ley de convertibilidad que rigió durante los años 90 impedía emitir pesos, la moneda nacional.
En aquel momento, al menos siete provincias tenían estos bonos circulantes propios y había también papeles nacionales y municipales. Quebrachos, patacones, bonfes y lecops fueron algunos de esos papeles usados para pagar salarios, bienes y servicios.
Sin embargo, Castiñera aseguró que Argentina "está lejos hoy de eso". La economía se desacelera e incluso está más cerca de una recesión, dijo, pero hoy el Estado nacional, en última instancia, puede emitir moneda y salir en auxilio de las provincias, indicó.
La economista Soledad Pérez Duhalde, del estudio Abceb, señaló a IPS que "el problema del déficit de algunas provincias, como la de Buenos Aires, es serio" y que está requiriendo adelantos del gobierno nacional.
La provincia de Buenos Aires, "que es la más complicada", dijo, no alcanzará a cubrir su déficit ni siquiera con la reforma que acaba de conseguir. "Tiene un atraso importante en el pago a proveedores y para abonar salarios gira en descubierto", alertó.
De todos modos, confió en que el gobierno de Fernández le otorgará el financiamiento requerido, aunque primero "le va a meter toda la presión que pueda para conseguir que hagan reformas y que recauden más", dijo Pérez. El último reporte de Abeceb lo adelanta. "Asfixiadas por los menores ingresos, las provincias recurren al aumento de impuestos", sostiene el escrito, para luego agregar como ejemplo el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia homónima y las de Tucumán y Río Negro.
Las provincias tienen dificultad para emitir bonos de deuda por las elevadas tasas de interés que les exige el mercado y algunas demoran el pago a proveedores para evitar quedarse sin fondos para hacer frente a los salarios de sus empleados, advirtió.
El gobernador de Santa Fe, el socialista Antonio Bonfatti, admitió que "casi todas las provincias" viven "momentos difíciles", incluida la que está a su mando. Por eso ya presentó un proyecto de incremento de los tributos a la legislatura local, que aún no fue aprobado.
También el estudio Ecolatina informó en mayo que "las finanzas públicas de las provincias comenzaban a dar señales de alarma" y comentó que "reformas tributarias y problemas para pagar salarios son los síntomas de un panorama fiscal delicado".
No obstante, el economista Juan Pablo Paladino, experto de esa consultora, declaró a IPS que, si bien existen dificultades, actualmente el Estado nacional tiene recursos para financiar ese déficit, a diferencia de lo que ocurrió en 2001.
"Las provincias van a tratar de moderar el gasto, de hacer las reformas tributarias y los ajustes para no tener que depender de la Nación, pero si alguna amaga con emitir una cuasi moneda, el gobierno nacional no lo va a permitir", aseguró.
En diálogo con IPS, la economista Marina Dal Poggetto, del Estudio Bein, sostuvo que el déficit de la provincia de Buenos Aires "es estructural", porque el distrito recibe varios puntos porcentuales menos de lo que aporta a la recaudación impositiva de las arcas nacionales.
En Argentina, dividida en un sistema federal de provincias, la mayor parte de los impuestos son recaudados por el Estado nacional, que luego los reparte de acuerdo a criterios proporcionales y de equidad. Hay además transferencias discrecionales que aumentan o caen según la coyuntura.
"El desbalance entre lo que la provincia de Buenos Aires aporta y lo que percibe de impuestos se compensaba tradicionalmente con giros discrecionales que ahora, con la menor recaudación a nivel nacional, cayeron", advirtió Dal Poggetto.
Para esta experta, en la disputa planteada hay también "un fuerte condimento político". Si bien Scioli forma parte del gobernante Frente para la Victoria, la agrupación centroizquierdista del Partido Justicialista liderada por la presidenta Fernández, no es considerado un referente leal.
El gobernador ya expresó su voluntad de ser candidato presidencial para las elecciones de 2015, pero su pretensión no tiene respaldo de la mandataria, que lo percibe como un rival.
