La prensa mexicana vivió la semana más roja de todo el gobierno de Felipe Calderón. En cinco días fueron asesinados cuatro periodistas una mujer y tres hombres en el sudoriental estado de Veracruz, el más peligroso para ejercer el periodismo en este peligroso país. Todos fueron torturados.
La primera fue Regina Martínez, corresponsal del semanario político Proceso, uno de los medios nacionales más importantes.
"Es una cacería", dijo a IPS un reportero de Veracruz que pidió no publicar su nombre. "Estoy muy triste. No tengo ganas ni de salir a trabajar".
La noticia movilizó al gremio periodístico, que nuevamente salió a las calles a exigir garantías para su labor. Lo había hecho en agosto de 2010, con una inédita y multitudinaria manifestación que, bajo el lema de "Los queremos vivos", demandó justicia para los asesinatos de reporteros en la última década.
Esta vez fueron varias jornadas de protestas en la capital del país y en una decena de ciudades, que se iniciaron el domingo 29 de abril, un día después de que fuera localizado el cuerpo de Martínez, estrangulada en su casa.
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"La vi en Veracruz hace dos semanas en un acto de campaña, platicamos
Sí pega eso: que veas a una compañera y 15 días después sea asesinada", comentó a IPS el periodista Jenaro Villamil, colaborador de Proceso.
"La muerte de un periodista afecta a la sociedad en general, morir por publicar la información es lo peor que le puede pasar a la democracia", agregó.
Durante el gobierno de Calderón, iniciado en diciembre de 2006, 45 periodistas fueron asesinados, casi el doble que en el mandato de su antecesor, Vicente Fox (2000-2006), los dos del conservador Partido Acción Nacional.
Además, hay 14 reporteros desaparecidos, según el seguimiento de distintas organizaciones promotoras de la libertad de expresión.
En su último informe, el estadounidense Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) incluyó a México en la lista de 12 países que olvidaron proteger a sus comunicadores en los últimos nueve años (2002-2011).
"Simplemente no hay protección. ¿Cuántos periodistas más van a seguir esa suerte? ¿Cuántos más y por qué?", cuestionó Mike O'Connor, representante en México del CPJ, quien considera que ninguno de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal ha hecho lo suficiente para proteger a quienes ejercen la labor de informar.
El jueves 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización Freedom House mantuvo a México en la categoría de "país no libre", a la que había descendido en 2011, y como uno de los más violentos de América Latina y del mundo.
En la lista de 197 países, México ocupa el lugar 139, junto a Argelia, Guinea, República Centroafricana y Honduras. Y en América Latina está en el sitio 32 de 35 países, otra vez empatado con el país centroamericano.
El jueves 3 hubo protestas en varios estados del sur que tienen serios problemas de censura y agresiones a la prensa, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
Pero aún se procesaban las noticias sobre informes y marchas cuando se confirmó la identificación de los cuerpos de los fotorreporteros Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez. Los dos últimos habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares en Veracruz.
Huge fue uno de los ocho periodistas que en 2011 después de que fueron asesinados tres reporteros del diario en el que trabajaba huyeron del estado. Según algunos medios locales, llevaba una semana de regreso a Veracruz, pero el gobierno estadual no le brindó medidas de protección.
Los tres cuerpos fueron localizados junto con un cuarto el de Irasema Becerra, novia de uno de ellos, desmembrados y en bolsas negras de plástico, en un canal del puerto de la ciudad de Veracruz, la más importante del estado homónimo.
La organización internacional Artículo 19 aseguró que las autoridades federales y estaduales sabían que los fotorreporteros recibían amenazas desde octubre de 2011.
"Ni los representantes de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), ni las autoridades del estado de Veracruz tomaron medidas para garantizar la seguridad de los periodistas, quienes formaban parte de un grupo aun mayor de desplazados", dijo la organización a través de un comunicado.
La presión de los periodistas, expresada en redes sociales, obligó al gobierno y a los candidatos presidenciales a pronunciarse sobre los crímenes.
La oficina presidencial sostuvo en un comunicado que el mandatario había instruido al secretario (ministro) de Gobernación, Raúl Poiré, contactar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y tomar medidas de seguridad para los comunicadores.
Pero el gesto resultó insuficiente. Este viernes 4, se efectuó una nueva marcha hacia la sede de la Secretaría de Gobernación, para cuestionar el interés de las autoridades en proteger la libertad de prensa.
"El oficio de informar se ha convertido en México en una actividad de altísimo riesgo, ante la inmune ofensiva de grupos de la delincuencia organizada y de autoridades e instituciones penetradas y a veces virtualmente manejadas por esos delincuentes", dice el comunicado que leyeron en el acto Julio Hernández, columnista del periódico La Jornada, y Jesusa Cervantes, reportera de Proceso.
Para este sábado 5, está convocada una velada en el monumento capitalino Ángel de la Independencia, en la que los periodistas movilizados definirán nuevas acciones para enfrentar la emergencia y apoyar a sus colegas de Veracruz, estado que en un año sumó ocho reporteros asesinados, uno desaparecido, un diario incendiado y dos tuiteros encarcelados.
Sobre la muerte de Martínez, su colega José Gil Olmos dijo a IPS que "Regina ya tenía temores, amenazas, ni siquiera hacía vida social. Salía del trabajo y se iba a su casa, y en su casa la asesinaron".
