En España se han producido grandes avances contra la discriminación sexual, pero todavía falta recorrer un buen trecho para lograr la igualdad, coincidieron distintos actores sociales y políticos en la celebración este jueves 17 del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.
La entrega de premios por parte de organizaciones de activistas a defensores de los derechos de lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales (LGBTI) y la nominación de detractores formaron parte en España de los actos que conmemoraron la decisión tomada el 17 de mayo de 1990 por la Organización Mundial de la Salud de excluir la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.
Los galardonados esta vez por su posición antidiscriminatoria fueron Fernando Grande Marlaska, juez de la Audiencia Nacional, Iñigo Lamarka, Defensor del Pueblo Vasco, Esther Nolla, presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (AMPYGL), Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo.
También se recordó especialmente los asesinatos este año por su orientación o identidad sexual de la activista transexual mexicana Agnes Torres, de las transexuales uruguayas conocidas como Gabriela y "La Brasileira", y del joven chileno Daniel Zamudio.
El premio negativo, denominado Látigo Colectivo, fue otorgado a los 72 diputados que en 2005 firmaron llamado "el recurso de la vergüenza" ante el Tribunal Constitucional, o sea una apelación contra el matrimonio igualitario en España.
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La lucha por la igualdad sexual en España tiene larga data. Es llamativo que el primer matrimonio homosexual en este país se produjo en 1901, en la noroccidental ciudad de La Coruña, actual capital de la Comunidad Autónoma de Galicia, pero solo por medio de una estratagema de dos mujeres.
En esa ocasión, Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez recurrieron a una trama, cambiando el nombre de esta última por el de Mario, para poder casarse en la parroquia local. Poco después, debido a las continuas burlas de los vecinos, las autoridades dispusieron la captura de ambas, quienes huyeron a Argentina, donde se volvieron a casar de la misma manera y vivieron en ese país hasta el final de sus días. El acta de casamiento en España nunca fue anulada.
Un tema preocupante es que en los presupuestos generales del Estado de este año se aprobaron medidas que, según los colectivos LGTBI, producen la reducción o incluso la extinción de políticas de igualdad en curso.
En ese marco, la secretaria de Igualdad del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Purificación Causapié, alertó sobre las señales de retroceso en torno a la igualdad de género.
Causapié manifestó su disgusto por la declaración de Juan Manuel Moreno, secretario de Servicios Sociales del gobierno del centroderechista Mariano Rajoy, "respecto a que las mujeres maltratadas no denuncian a sus agresores", como lo hacían en años anteriores.
Lo que ocurre, dijo Causapié a IPS, es que se está fallando en la prevención, por lo que el gobierno actual debe desarrollar campañas de comunicación para aumentar la sensibilidad ciudadana contra la violencia de género.
Es terrible, añadió, que en los primeros cuatro meses de este año fueran asesinadas 19 mujeres por violencia de género y que ninguna de ellas hubiera denunciado previamente a sus agresores, lo que muestra que quienes sufren malos tratos se rinden ante el miedo y no acuden a la justicia.
Una de las reivindicaciones que levantan a plena voz los colectivos LGTBI es la reinstalación del acceso gratuito a los procesos de transexualización y a los sistemas de reproducción asistida para mujeres lesbianas y bisexuales, anulado por el gobierno de Rajoy.
También reclaman que se vuelva a poner en vigor el Plan Nacional sobre el Sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
Otras medidas gubernamentales, como la reforma laboral, también van contra la igualdad. El cambio fue diseñado "atendiendo los criterios empresariales, contra los derechos y las necesidades de los asalariados", denunció la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), una de las dos grandes centrales de trabajadores de España.
Un ejemplo es el derecho a la lactancia que podrán ejercer el padre o la madre, pero no ambos en conjunto, violando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la según CCOO.
Esa corte del bloque reconoció el permiso de lactancia como "un derecho individual de la madre y del padre", porque permite que los dos o cualquiera de ellos tengan permiso laboral para quedarse en su domicilio a atender a sus hijos.
Pero esa reforma tiene otros aspectos que dañan mucho a las mujeres, que ya cobran menos que los hombres por el mismo trabajo.