«Es más divertido en Filipinas», reza el eslogan de la campaña turística del gobierno de Benigno Aquino III. No piensan lo mismo los periodistas que trabajan en este país asiático, el tercero más peligroso del mundo para su actividad.
La reputación filipina en materia de libertad de prensa y seguridad todavía no se recupera de la masacre de Ampatuan, cometida el 23 de noviembre de 2009 en la provincia de Maguindanao, en la isla de Mindanao.
En esa ocasión, 58 personas, 32 de ellas periodistas, fueron asesinadas por el ejército particular del jefe de un clan político local, Andal Ampatuan Sr.
Por el crimen hubo 196 acusados, entre ellos el propio Andal Ampatuan y su nieto, Anwar Ampatuan Jr, pero menos de 100 fueron arrestados y ni uno resultó condenado.
Detrás de los carteles que proclaman el regocijo de vacacionar en Filipinas, los trabajadores de los medios de comunicación continúan luchando contra la impunidad.
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Un comunicado de la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de este mes, indicaba que "hay pocos motivos para celebrar, pues no se ha arrestado, ni juzgado, ni condenado a un solo autor intelectual de ninguno de los 152 asesinatos de periodistas cometidos desde 1986".
La mayoría de esas muertes tuvieron lugar durante los nueve años de gobierno de Gloria Macapagal-Arroyo (2001-2010), ahora detenida y acusada de fraude electoral. Pero por lo menos 12 se cometieron en los últimos dos años de la Presidencia de Aquino.
"Los asesinatos de trabajadores de los medios, como todas las demás ejecuciones extrajudiciales, son responsabilidad del Estado", declaró la Unión de Periodistas.
"Si la prensa filipina es libre pese a todas las amenazas en su contra, no es gracias al gobierno, sino porque la prensa insiste en ser libre", agregó.
No obstante, gobierno del Partido Liberal señaló la mejor ubicación del país en el índice anual sobre libertad de prensa, publicado el 1 de este mes por la organización de derechos humanos Freedom House, con sede en Washington.
Entre sus motivos para mejorar la calificación, el índice menciona una reducción de la violencia contra los periodistas, esfuerzos del gobierno para enfrentar la impunidad y una mayor diversidad en la propiedad de los medios.
El secretario de Desarrollo de Comunicaciones, Ramon Carandang, reconoció que es necesario hacer más, pero declaró que el mejor lugar en la lista reconoce los esfuerzos gubernamentales para fortalecer la libertad de prensa.
Poco después, el portavoz presidencial Edwin Lacierda manifestó que el gobierno de Aquino no toleraría ejecuciones extrajudiciales, especialmente contra periodistas.
Bajo la fachada
"Después de la masacre de Ampatuan, nada mejoró en cuanto a los asesinatos de periodistas" ni en su situación en general en Filipinas, dijo a IPS el vicepresidente de la Unión de Periodistas, Joseph Alwyn Alburo.
De acuerdo al dirigente, 124 periodistas filipinos fueron asesinados mientras cumplían con su trabajo desde el final de la dictadura del difunto Ferdinand Marcos (1965-1986), pero solo 10 de esos casos fueron resueltos.
"Falta un año para las elecciones legislativas y locales de mitad de periodo, en mayo de 2013, y, según nuestra información, la familia que perpetró la masacre (de 2009) todavía tiene parientes en el poder y ejércitos particulares, incluso mientras su patriarca y otros veteranos del clan enfrentan juicios", agregó.
Filipinas es el tercer país más peligroso para los periodistas, luego de Iraq y Somalia, según el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, y el único de los tres que es una democracia, dijo Alburo. Y el 23 de noviembre fecha de la masacre de Ampatuan fue designado Día Mundial Contra la Impunidad. Pero el actual presidente ni se ha inmutado por esas desafortundas distinciones, sostuvo.
"Con gran tristeza digo que las cosas no van a mejorar, porque todos los factores que promueven una cultura de impunidad todavía están presentes. En este país los periodistas todavía están en peligro", expresó Alburo.
Otra vía por la que políticos poderosos y magnates restringen la libertad de los medios es el uso de denuncias penales por difamación contra los periodistas, planteó.
La Unión de Periodistas y otros sindicatos y asociaciones lideran un movimiento para despenalizar la figura de la difamación.
El 28 de enero el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, dictaminó que las leyes que en Filipinas penalizan la difamación son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La decisión respondió a una denuncia de Alex Adonis, un periodista radial de Davao, quien fue encarcelado entre 2007 y 2008 por informar correctamente que un importante político local había sido encontrado en la cama con su presunta amante, por el esposo de esta.
Otra preocupación de los periodistas es la concentración de medios en pocas manos.
El sindicato que dirige Alburo sigue de cerca la muy publicitada operación del director ejecutivo de First Pacific Group, Manuel Pangilinan, para comprar la cadena de televisión GMA 7 por unos 1.200 millones de dólares.
El empresario ya posee una televisora, así como empresas de telecomunicaciones y de electricidad, y acciones en los tres mayores diarios.
"Semejante concentración compromete la ética periodística y la independencia editorial", advirtió Alburo.
