Chile es un país con gran potencial de energías renovables no convencionales (ERNC), pero estas representan solo tres por ciento de su matriz eléctrica.
Al frente están las grandes empresas hidroeléctricas, que explotan buena parte de ríos y cuencas del sur del país.
«Chile tiene muy poco petróleo en el extremo sur del país, muy poco gas natural, y el carbón es muy malo, entonces entre los años de 1930 y 1940 se pensó que los ríos eran la única fuente de energía viable de este país», dijo a IPS el ecologista Juan Pablo Orrego, magíster en ciencias del ambiente y director de la organización no gubernamental Ecosistemas.
«El problema es que nos quedamos atascados en ese paradigma», agregó Orrego, ganador en 1998 del Right Livelihood Award (premio Nobel alternativo).
Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) se promulgaron la Constitución de 1980, el Código de Aguas de 1981 y la Ley General de Servicios Eléctricos de 1982.
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Esa «astuta tríada jurídica constituye el aval legislativo para que hoy empresas transnacionales tengan en su poder el control absoluto de los recursos hídricos de nuestro país», dijo Orrego.
Chile tiene una capacidad instalada de 17.000 megavatios: 74 por ciento está en el Sistema Interconectado Central (SIC); 25 por ciento en el Sistema Interconectado Norte Grande (SING), y menos de uno por ciento en redes medianas de las regiones australes de Aysén y Magallanes.
Hay casi 40 centrales hidroeléctricas en todo el país y 10 proyectos se encuentran bajo evaluación ambiental.
La energía hidráulica aporta 34 por ciento de la matriz eléctrica, mientras la generación termoeléctrica cubre 63 por ciento, y el tres por ciento restante corresponde a ERNC.
En 2008, el gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010) promulgó una ley de fomento a las ERNC, como biomasa de residuos agrícolas, pequeñas centrales hidroeléctricas, viento, sol y geotermia.
Según esa norma, a partir de 2010 cinco por ciento de la energía suministrada por las generadoras eléctricas con una capacidad instalada superior a los 200 megavatios, debía proceder de fuentes renovables no convencionales o de hidroeléctricas con potencia inferior a 40.000 kilovatios.
Esa proporción se iría incrementando en 0,5 por ciento anual hasta llegar a 10 por ciento del total de la generación de electricidad en 2024.
A inicios de este año, el actual gobierno del derechista Sebastián Piñera anunció la Estrategia Nacional de Energía 2012-2030 que, entre otros puntos, pretende «más que duplicar» en la próxima década la participación de las ERNC establecida en la ley de 2008.
La Estrategia también apunta a que la hidroelectricidad tradicional alcance una participación de entre 45 a 48 por ciento, completando la diferencia con generación termoeléctrica.
El plan para potenciar el desarrollo hidroeléctrico se focaliza en los vastos recursos hídricos de la austral Patagonia chilena, sobre todo en Aysén, 1.670 kilómetros al sur de Santiago.
Esa región posee una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, según estudios de grupos ecologistas, además de territorios de gran valor paisajístico y de biodiversidad.
Para Orrego, que es también coordinador internacional de Patagonia Sin Represas, la estrategia gubernamental «es un espaldarazo al meganegocio energético que está íntimamente relacionado y retroalimentado con el meganegocio minero» en este país, que es el primer productor mundial de cobre.
Según datos de la estatal Corporación del Cobre, en los próximos siete años se invertirán 97.000 millones de dólares en proyectos mineros, cifra que supera todo lo que ha invertido Chile en minería en los últimos 25 años.
«Ahí se centra el problema energético de Chile», advirtió Orrego, en referencia a los requerimientos de electricidad de la minería, concentrada en el norte del país.
Grandes empresas de energía envueltas en estos proyectos «no pagan por derechos de agua ni por la destrucción del valor ambiental del territorio, y tampoco por la degradación de la cuenca o por el valor escénico de lo que se está destruyendo», dijo Orrego.
Por ejemplo, la italiana Enel, que controla Endesa Chile, es responsable de la construcción del complejo HidroAysén, junto a la chilena Colbún. Y Energía Austral, propiedad de las transnacionales Origin Energy y la minera Xstrata, pretende construir la central de Río Cuervo en la misma región de Aysén.
Para el economista Jorge Rodríguez Grossi, que fue ministro de Energía del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), es «irracional» la oposición de los ambientalistas.
«La hidroelectricidad ha sido una base fundamental en el SIC y, desde el punto de vista ambiental, la producción de electricidad con agua es una de las más limpias que existen», dijo a IPS.
Si se toma en «consideración que el agua es un recurso del que dispone Chile, es bastante irracional ponerle obstáculos a su utilización», agregó.
Rodríguez Grossi, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, precisó que las ERNC «todavía están muy atrás desde el punto de vista tecnológico, son muy caras, poco eficientes, y el sistema eléctrico chileno, por ley, lo que hace es buscar las energías que son más económicas y eficientes».
Respecto de propuestas para que el norte chileno desarrolle fuentes no convencionales, evitando los largos tendidos eléctricos desde la zona austral, el economista sostuvo que el país «posee el desierto de Atacama con exposiciones solares (que son) de las mejores en el mundo, y hay recursos de geotermia abundantes también, pero no es barato invertir en esas tecnologías y no resultan eficientes».
La lucha ecologista contra las grandes represas llegó hasta la justicia, donde se anotó un triunfo el 11 de mayo, cuando la Corte Suprema ordenó paralizar el proyecto de Río Cuervo.
El fallo se basó en un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería que establece los peligros que plantea el proyecto para la población por emplazarse sobre una falla geológica.
«Río Cuervo es uno de los primeros casos en los que la protesta ciudadana hace eco en los tribunales», dijo a IPS el coordinador del área jurídica del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva.
Esa decisión «viene a sentar un precedente mediante el cual los tribunales han logrado tener en conocimiento las argumentaciones de las organizaciones ciudadanas para evidenciar las formas de aceptación de los proyectos hidroeléctricos», abundó.
Rodríguez Grossi, en cambio, apuntó que las resoluciones judiciales que han frenado planes hidroeléctricos no tienen sustento ambiental «y, en general, todos los proyectos que han sido aprobados en ese aspecto no han sido cuestionados».
Este país debe fomentar la producción de electricidad con todos los recursos de que dispone «y también con recursos que pueda traer de afuera».
Orrego, en tanto, cree que insistir en la hidroelectricidad «es lo peor que Chile puede hacer en términos de desarrollo energético. Debemos tender a un patrón de generación distribuida: proyectos de mucha menor escala distribuidos por todo el territorio», concluyó.
