Los trabajadores de España siguen sin ser escuchados en su demanda de diálogo con el gobierno para discutir la reforma laboral y la política de fuertes restricciones al gasto, dos asuntos cruciales ante la severa crisis económica que afrontan el país y el resto de la Unión Europea (UE).
El secretario general de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez, señaló a IPS que el objetivo de las organizaciones sindicales no es confrontar sino negociar y buscar soluciones. La huelga, como la multitudinaria concretada el jueves 29 de marzo, es considerada "un medio, no un fin", aclaró.
Por eso "hemos mandado dos cartas al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, porque lo más importante es que se avenga a una negociación y que podamos corregir en profundidad la reforma", añadió el líder de la organización afín al opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
"Es curioso que, mientras que la señora (jefa del gobierno alemán, Angela) Merkel se reúne con los sindicatos, en este país las organizaciones de trabajadores no han sido convocadas ni una sola vez para hablar con Rajoy desde su investidura" el 21 de diciembre, apuntó.
El desempleo en España alcanzó al finalizar el año pasado 22,8 por ciento de la población económicamente activa. Es el más alto de la UE y sus principales víctimas son los jóvenes.
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Además, el gobierno aprobó días atrás el nuevo presupuesto nacional, en el cual se contempla, entre otros ajustes, una merma de casi 17 por ciento en promedio en el gasto de los ministerios y el aumento del impuesto a la renta de las personas físicas y de las tarifas se los servicios públicos, como energía eléctrica y gas, a la par de que se congelarán los salarios de los empleados estatales.
Con el argumento de mover el campo laboral, el gobierno decretó una reforma a la ley laboral que limita a dos años la vigencia de los contratos laborales y, en caso de despido, sustituye la indemnización de 45 días por año trabajado por una de 33.
El decreto convalidado el 8 de marzo por el Parlamento en primera instancia, pero que se debatirá y puede ser objeto de enmiendas en los próximos meses, también modificó el llamado despido objetivo, de forma que las empresas que registren pérdidas o tres trimestres consecutivos de caídas de ingresos podrán rescindir contratos con solo una compensación de 20 días por año trabajado.
Para la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, la francesa Bernadette Ségol, esa reforma laboral "no es buena para la paz social ni traerá empleo".
En cambio, el presidente de la Confederación de Empresas Europeas (Business Europe), Philippe de Buck, entiende que Rajoy "ha tomado todas las medidas necesarias para mejorar la situación, tanto recapitalizando bancos como consolidando la política fiscal".
"Por eso "ahora el gobierno necesita tiempo para aplicar estas reformas y que se vean sus resultados", sostuvo.
Pero Rajoy, del Partido Popular, no solo no se abre al diálogo con los sindicatos sino que acusa a su predecesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de no haber hecho nada para evitar la crisis.
"Si el gobierno anterior hubiese cumplido su plan de mantener el déficit fiscal controlado, este año habríamos tenido que recortar 18.000 millones de euros (24.000 millones de dólares) menos", dijo Rajoy
"Gastar más de lo que se ingresa no es bueno y al final acaba generando problemas", como resulta de lo gastado en 2011 por el gobierno socialista, que llegó a "25.000 millones de euros (33.300 millones de dólares) más de lo que nos habíamos comprometido con nuestros socios de la UE ", agregó el mandatario al término de una reunión de su partido el lunes 2 en Madrid.
Méndez, en su diálogo con IPS, subrayó que la reforma que se plantea el gobierno "no va a resolver el problema del paro (desocupación) ni en el corto ni en el medio plazo y, por el contrario, lo va a agravar, tanto que el propio gobierno ya reconoció que este año se van a perder 600.000 empleos más".
"La creación de empleo no viene por un cambio en la normativa laboral, sino por el impulso de la actividad económica", puntualizó.
Para el líder sindical, Rajoy solo tiene la opción de cambiar. "Lo debería hacer ahora y con el concurso del Parlamento y, si no, lo tendrá que hacer de manera vergonzante, porque se va a encontrar con una respuesta social y unas cifras de desempleo que le van a desacreditar hasta tal punto que las movilizaciones serán lo de menos", dijo.
Mientras, el gobierno sigue su rumbo. En su discurso ante la dirección de su partido, Rajoy emplazó a los gobernantes de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos a que formen parte activa en los esfuerzos de reducción del déficit público.
En esa línea, arengó que "ahora no es el momento de hacer pabellones, ni autopistas, ni aeropuertos ni otras cosas" en el sector de la construcción, que es tradicionalmente uno de los que más mano de obra absorbe.
La línea de acción del gobierno del PP motivó la respuesta de la secretaria general del PSOE, Elena Valenciano, quien afirmó que ahora en España "la vida es más cara, el empleo más precario, el despido más barato y los impuestos más altos".
Para Valenciano, los primeros 100 días de gobierno de Rajoy han sido "muy fructíferos" para "recortar derechos, para los defraudadores, para el sector más integrista de la Conferencia Episcopal (de la Iglesia Católica) y para el sector más ultraliberal de la Confederación de Española de Organizaciones Empresariales, pero no para el conjunto de los ciudadanos".
