Brasil es uno de los países más avanzados en garantizar por ley derechos a las comunidades que viven en la selva y en el combate a la deforestación, afirma en esta entrevista el economista Jeffrey Hatcher.
En 2002, 85 por ciento de la propiedad de tierras boscosas del planeta estaba en manos de los estados. En 2008, esa proporción había caído a 70 por ciento, según la Iniciativa para los Derechos y Recursos, una coalición de 14 organizaciones, con sede en Washington, que promueve reformas a favor de las comunidades pobres que viven en los bosques.
En este panorama, resalta el progreso de Brasil en derechos comunitarios e indígenas, dijo Hatcher, director global de programas de la Iniciativa, conocida por sus siglas inglesas RRI.
La RRI analiza el estatus legal de las selvas y registra los cambios en informes que publica cada cinco o seis años, explicó Hatcher, de 31 años, en una entrevista en Río de Janeiro. En su opinión, Brasil ha demostrado liderazgo y esfuerzo para racionalizar la gestión de las selvas.
TIERRAMÉRICA: ¿Qué resultados han observado en la evolución de la tenencia de bosques y selvas en las últimas décadas?
JEFFREY HATCHER: Desde 1992 ha ocurrido un cambio legislativo significativo para garantizar más derechos a las comunidades que viven en las selvas, no solo los pueblos indígenas.
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En África, legalmente casi todos los bosques son de propiedad estatal, pero desde 1992 se han creado regímenes especiales que permiten otorgar derechos a las poblaciones que los habitan. Mucha gente vive en la selva, pero no tiene un derecho formal a hacerlo. Ha vivido en la selva desde antes de que existiera el Estado.
Brasil es probablemente uno de los más avanzados, junto con China y Suecia. Hubo una gran innovación en su Constitución de 1988, que permitió reconocer tierras indígenas a gran escala. No hay muchos países que hayan elaborado leyes al respecto.
TIERRAMÉRICA: ¿Cuál es el papel de los pueblos indígenas en la conservación de las florestas?
JH: En los últimos 15 años se han realizado muchos estudios para entender esta cuestión. Las investigaciones revelaron que cuando las comunidades tienen derechos legales y se sienten protegidas hacen un excelente trabajo en mantener las áreas verdes, la biodiversidad, los animales y la absorción y captura de carbono.
La mayor parte de la deforestación mundial se produce en Brasil, República Democrática del Congo (RDC) e Indonesia. Pero en los últimos años, la tala ha caído drásticamente en Brasil.
Solo Indonesia libera 20 por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono procedentes de la deforestación. Ni en ese país ni en la RDC las comunidades tienen derecho a la tierra.
TIERRAMÉRICA: ¿Es posible que los pueblos indígenas se mantengan en los bosques para protegerlos, aunque su número sea reducido respecto de los territorios que ocupan?
JH: Sí es posible. Puesto que viven allí, saben cómo administrarlo mejor. Un estudio reciente comparó áreas protegidas por el gobierno y por comunidades indígenas, y halló ocho veces más riesgo de incendios en las gestionadas por el Estado, pues en ellas no hay nadie. Cuando se necesita un monitoreo intenso hay que atraer gente.
Por otra parte, en los territorios indígenas hay suficiente dispersión, y (estas comunidades) tienen una gran habilidad para mantener afuera a otras poblaciones, lo cual es bueno para la conservación.
Lo complicado de Brasil, en la Amazonia en particular, es la maraña de reclamos agrarios superpuestos, títulos irregulares o ilegales. Cuando no hay claridad, siempre hay quienes se aprovechan. Y esto sucede en muchos lugares.
TIERRAMÉRICA: La delimitación y homologación de tierras indígenas pueden llevar décadas en Brasil.
JH: Se podría hacer en menos tiempo, pero la razón de la demora es política, acerca de quién controla los recursos. La homologación entraña mucha negociación para fijar los límites, puesto que cada día que pasa la tierra vale más. Por eso se necesita apoyo político de alto nivel y también voluntad de las comunidades.
TIERRAMÉRICA: El Congreso legislativo está por votar una reforma al Código Forestal, rechazada por ambientalistas pues otorga amnistía a los productores agropecuarios que talaron bosques y flexibiliza controles. ¿Cómo ve esta discusión?
JH: Entiendo que exista el deseo del desarrollo, pero este modelo agropecuario expansivo, que consume grandes extensiones de tierras, no parece el más racional. Puede que el nuevo Código Forestal sea relevante para la agricultura, pero probablemente no para el resto del país.
TIERRAMÉRICA: ¿En qué consiste el estudio que RRI va a publicar a fines de mayo, antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20?
JH: Es un análisis sobre la tenencia de las selvas y lo que ha cambiado desde 1992 en los 50 países que vamos a estudiar. Habrá también casos específicos para mostrar la relación entre derechos agrarios, pobreza y deforestación.
Empleamos imágenes satelitales y registros de propiedad para revisar qué cambios hubo en zonas donde la población obtuvo títulos.
En Brasil vamos a observar la diversidad de leyes y su aplicación. Queremos mostrar lo que este país ha hecho para proteger sus selvas y exponer también la amenaza que constituye el nuevo Código Forestal.
TIERRAMÉRICA: ¿Qué espera de Río+20?
JH: Puede ser una oportunidad para levantar este tema de los derechos forestales, uno de los pocos logros desde Río 92 (la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable celebrada en esta ciudad en 1992).
Me gustaría ver un gran compromiso con la economía verde que, en mi opinión, se vincula al empoderamiento de quienes viven cerca de los recursos naturales. Hay miles de millones de personas cuya existencia diaria depende de lo que les da la naturaleza. Si se reconoce que hay que empoderarlas para que tomen decisiones y usen sus recursos de forma legal, eso sería un resultado positivo.
* Este artículo fue publicado originalmente el 7 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
