La polémica en Egipto por las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben apoyo exterior alcanzó su punto más álgido en los últimos días y derivó en lo que analistas locales consideran un drástico giro en las históricas «relaciones estratégicas» con Estados Unidos.
"Un año después del derrocamiento de (Hosni) Mubarak, las relaciones entre Egipto y Estados Unidos han llegado a una encrucijada", dijo a IPS el politólogo Tarek Fahmi, de la Universidad de El Cairo.
"El tema de los grupos de la sociedad civil apoyados desde el extranjero ha derivado en la primera crisis fundamental entre los dos países en más de 30 años", indicó.
El martes 1 por la noche, 15 activistas extranjeros, entre ellos ocho estadounidenses, abandonaron apresuradamente El Cairo con destino a Estados Unidos, luego de que las autoridades judiciales egipcias levantaran sorpresivamente la prohibición a viajar que les habían impuesto.
Los extranjeros, entre los que se encontraba el hijo del secretario (ministro) de Transporte de Estados Unidos, Ray LaHood, habían sido acusados de administrar diversas ONG que operaban en Egipto sin permiso oficial.
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"El gobierno de Estados Unidos ha provisto un avión para facilitar su partida y ya abandonaron el país", informó la noche del martes 5 la portavoz del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense, Victoria Nuland.
No obstante, añadió que esto no resolvía "los temas más amplios que afectan a las ONG" en Egipto.
Funcionarios del área legal y grupos políticos de todos los sectores egipcios criticaron la liberación de los extranjeros acusados y coincidieron en que el sistema judicial había cedido a la presión de Washington.
Al día siguiente, más de 200 manifestantes marcharon en El Cairo desde la emblemática Plaza Tahrir hasta la cercana sede de la embajada estadounidense para protestar por lo que consideraban interferencia extranjera en asuntos internos egipcios. El sábado 3, decenas de magistrados presentaron un pedido oficial para que se investigara a las autoridades judiciales que levantaron la prohibición de abandonar el país a los extranjeros. "La liberación de los estadounidenses sacude al sistema judicial egipcio", rezaba el titular dominical del periódico estatal Al-Gomhouriya.
"Levantar la prohibición de viaje a los activistas estadounidenses fue la gota que derramó el vaso", dijo Farid Ismail, del Partido Libertad y Justicia (PLJ), de la Hermandad Musulmana, durante una reunión del Comité de Seguridad Nacional del parlamento.
El legislador pidió la renuncia inmediata del gobierno de transición, a cargo de las Fuerzas Armadas.
En la misma reunión, el parlamentario liberal Ziad Bahaa Eddin al-Eleimi llamó a romper las relaciones con Washington, y acusó al primer ministro Kamal al-Ganzouri de "alta traición" por "ceder a la presión de Estados Unidos".
La crisis comenzó a gestarse en diciembre pasado, cuando las autoridades egipcias realizaron redadas en las oficinas de cinco ONG prodemocráticas, incautando computadoras y documentos. Activistas fueron acusados de recibir fondos del exterior sin autorización y usarlos para incitar la anarquía.
Las cinco organizaciones eran el Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Demócrata, la Freedom House, el Centro Internacional para Periodistas, todas estas con sede en Estados Unidos, y la alemana Fundación Konrad-Adenauer.
Poco después, 43 individuos, egipcios y extranjeros, entre ellos 19 empleados estadounidenses de diversas ONG, fueron acusados de participar de actividades no autorizadas.
Cuando se les prohibió salir del país, varios buscaron refugio en la embajada de Estados Unidos en El Cairo, y otros fueron detenidos en el aeropuerto de la capital desde donde habrían intentado escapar.
Washington reaccionó con malestar ante estas medidas, que medios internacionales presentaron como un ejemplo de represión a la sociedad civil por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que gobierna Egipto transitoriamente desde la salida de Mubarak en febrero de 2011
La mayoría de los principales activistas egipcios también condenaron las redadas.
El Consejo gobernante "intenta empañar la imagen de esas organizaciones en lugar de reconocer sus propias fallas en la administración de la fase de transición de Egipto", dijo a IPS el director del Centro de El Cairo para Estudios sobre Derechos Humanos, Bahei Eddine Hassan.
Ahora, otras ONG temen también ser víctimas de la campaña oficial. Se estima que en Egipto existen unos 40.000 grupos de la sociedad civil trabajando en diversos temas, desde conservación de la naturaleza hasta erradicación del analfabetismo.
Un gran número de esas ONG fueron creadas desde la caída de Mubarak, y se dedican en su mayoría a temas de derechos humanos y construcción de la democracia.
Pero, según Fahmi, las sospechas por la influencia extranjera en la sociedad civil no carecen de motivos.
Durante el régimen de Mubarak, "a estas organizaciones se les permitía operar bajo el lema de la promoción de la democracia y los derechos humanos", indicó. "Pero hay muchos indicios de que algunos de estos grupos están aquí principalmente para reunir información sobre la política interna, especialmente luego de la revolución".
"Y quizás incluso para influenciar a los partidos políticos egipcios de acuerdo con los intereses de Estados Unidos", añadió.
A mediados de febrero, el Congreso legislativo de Estados Unidos subió las apuestas al amenazar con una cancelación del paquete de ayuda anual que otorga a Egipto, por unos 1.500 millones de dólares, si los activistas estadounidenses no eran liberados.
La asistencia de Washington a El Cairo ha sido más o menos la misma desde la firma del acuerdo de paz de Camp David en 1979 con Israel.
Para no quedarse atrás, la Hermandad Musulmana, que a través del PLJ controla casi la mitad del nuevo parlamento, respondió amenazando con anular el acuerdo de Camp David, si El Cairo dejaba de recibir la ayuda estadounidense.
"La asistencia estadounidense está directamente vinculada a Camp David", dijo a IPS el vicepresidente del PLJ y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del parlamento, Essam al-Arian. "Si Washington corta la ayuda, nos reservamos el derecho a modificar o abrogar por completo el acuerdo de paz", advirtió.
