Pueblos originarios del noroeste de Argentina defendieron este miércoles 28 ante la justicia su derecho a ser consultados sobre un proyecto de exploración y explotación de litio, considerado el mineral del futuro, en un yacimiento ubicado bajo un inmenso salar.
Desde hace dos años, 26 comunidades de Jujuy y siete de Salta piden explicaciones a las autoridades acerca de los planes de exploración del material, considerado por la Secretaría de Minería como "la vedette" de los próximos 50 años.
El litio se utiliza para las baterías recargables de computadoras portátiles, celulares, reproductores de audio y video digital y otros productos tecnológicos, así como para automóviles eléctricos, que podrían así prescindir del combustible fósil contribuyente del recalentamiento global.
Ese mineral es muy abundante en una vasta región que se extiende por el sur de Bolivia, el noroeste argentino y el norte de Chile, y que la revista estadounidense Forbes llamó "la Arabia Saudita del litio". Se estima que allí se encontrarían 85 por ciento de las reservas mundiales de ese mineral.
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Las Salinas Grandes constituyen un ecosistema frágil, que se extiende sobre la cuenca hídrica de la laguna de Guayatayoc, y numerosas comunidades de pueblos originarios que viven de la sal la reivindican como territorio ancestral.
En 2010, los indígenas de la zona pidieron a la Corte Suprema de Justicia intervenir en defensa de su derecho a la consulta previa, libre e informada, amparada en la Constitución Nacional argentina y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos originarios.
El máximo tribunal de justicia los citó para este miércoles a una audiencia pública en su sede de Buenos Aires, adonde llegaron representantes y numerosos miembros de las comunidades, sus abogados y el fiscal de Estado de Jujuy, Alberto Matuk.
El fiscal aseguró que el gobierno provincial no otorgó ningún permiso para la exploración o explotación de litio en el área de las 33 comunidades, aunque sí para extraer borato, otro mineral, pero en un territorio que no es reivindicado por los demandantes.
En el caso del borato hubo que consultar a una comunidad que vivía en la zona y, para remover sus temores por el eventual daño ambiental, se le presentó un estudio de impacto realizado por la empresa explotadora, explicó el funcionario.
Al ser consultado por los jueces, Matuk admitió que es cierto que hay "pedidos" de empresas para la exploración de litio y que el gobierno jujeño los tiene "bajo análisis", pero aseguró que para darles curso está previsto consultar a las comunidades.
No obstante, Alicia Chalabe, una de las abogadas de las comunidades, denunció ante la Corte que hay firmas que informan desde sus sitios en Internet que ya están operando en la zona con permisos de exploración de la provincia.
También afirmó que nunca obtuvo respuesta por escrito en el juzgado de minas de la provincia a su pedido de informes sobre este tema. Solo le contestaron en forma verbal que no había ningún permiso otorgado.
"Nosotros reclamamos la implementación de un procedimiento de consulta, no de las empresas, como hasta ahora, sino del Estado. Y las comunidades deben dar su consentimiento", explicó Chalabe a IPS, al término de la audiencia.
Durante su presentación, los jueces interrumpieron a Chalabe para que definiera concretamente el reclamo de las comunidades ya que, según el gobierno provincial, aún no hay ninguna empresa con permiso para explorar litio.
"¿Ustedes sostienen que el Estado debe pedir permiso a los pueblos originarios y que ellos tienen derecho a decir que no autorizan? ¿O piden participar y que decida el Estado?", quiso saber el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Chalabe respondió: "Nosotros sostenemos que sin consentimiento de las 33 comunidades no se puede explorar ni explotar en el territorio de uso comunitario", más allá de que haya otras comunidades que sí lo consientan, remarcó.
En representación de los reclamantes habló Liborio Flores. "Descendemos de pueblos originarios y tenemos una identidad cultural que nos hace más fácil la vida en una región seca, muy distante, sin suficientes servicios ni comunicación", expuso.
Flores relató ante cuatro magistrados de la Corte que las comunidades en esa región crían llamas y ovejas, elaboran artesanías y almacenan agua en las zonas de cerros y quebradas, para regar sembradíos de hortalizas y verduras de subsistencia.
No obstante, Flores remarcó que la actividad económica principal y la que tiene más tradición es la extracción de sal. "Nuestros abuelos cortaban panes de sal, los cargaban en burros y viajaban 30 días para intercambiarla", rememoró.
Con el auge del litio, añadió, las empresas empezaron a llegar. Hacen pozos, manchan el salar, levantan terraplenes y producen filtraciones que contaminan con sal el agua dulce de los acuíferos que están bajo la salina.
"Nunca nos consultaron sobre qué proyecto se iba a hacer. Hubo empresas que se lo explicaron a algunas familias ofreciéndoles trabajo, y eso generó divisiones en nuestra comunidad", lamentó.
El dirigente indígena expresó finalmente que ellos quieren preservar su identidad cultural, pero para eso necesitan conservar su territorio. Al finalizar su exposición, dijo a IPS que estaba satisfecho de haber sido escuchado por el tribunal.
"Fue una oportunidad de expresar lo que sentimos, nuestra realidad. El gobierno de Jujuy dice que no otorgó permisos, pero los pedidos están, y si están demorando (la respuesta) es porque nosotros nos organizamos", opinó.
También dijo no saber por qué la Corte Suprema de Justicia no convocó al gobierno de Salta, que también ha sido demandado y está más comprometido, ya que allí se habrían otorgado permisos de exploración en zonas donde viven comunidades.
En esas áreas, según la abogada, hay al menos 47 perforaciones realizadas por la empresa Orocobre para litio y borato y, según un estudio encargado por organizaciones indígenas, ya estarían contaminando.
El informe titulado "Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en las Salinas Grandes" indica que las perforaciones "están generando impactos y riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos".
Este estudio fue citado por el relator especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Originarios, James Anaya, en su informe enviado a la Corte en diciembre, en apoyo a la demanda de las 33 comunidades indígenas, luego de visitar personalmente la región de Salinas Grandes.
