Ya sea que cuiden el medio ambiente, la salud sexual y reproductiva o combatan la violencia, las defensoras de Derechos Humanos en México sufren persecución y amenazas.
Sin importar la causa que enarbolen (ecología, defensa del trabajo, derechos sexuales o lucha contra el feminicidio), las mujeres defensoras de derechos humanos en México tienen un rasgo fatal en común: son amenazadas de muerte, desaparecidas, exiliadas, e incluso asesinadas por el sólo hecho de ejercer su labor.
El estudio «Defensoras de Derechos Humanos en México, diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo», documenta que la integridad física y moral de las activistas está en constante peligro, y se agrava con el clima de impunidad y corrupción que impera en el país.
La investigación de las organizaciones civiles Asociadas por lo Justo, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez (en el extremo norte del país), y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca (estado sureño), revela que no importa la causa que ellas defiendan: todas pueden ser blanco de violencia.
El diagnóstico indica que las defensoras, al igual que sus pares hombres, son víctimas de las políticas represivas y la inseguridad en el ejercicio de su activismo. Sin embargo observa que las mujeres sufren formas específicas de agresión por su condición de género.
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Un 76 por ciento de las activistas entrevistadas reconoció agresiones particulares por el hecho de ser mujeres, y 96 por ciento reportó haber vivido violencia o enfrentado algún obstáculo para realizar su trabajo.
Según el análisis, los ataques contra las defensoras de derechos humanos son más graves en estados como Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Misión internacional
En medio de la violencia que azota al país, la llamada Iniciativa de Mujeres Nobel una delegación internacional de Estados Unidos y Canadá, integrada por periodistas, actrices y activistas, estuvo en la última semana de enero en México, encabezada por la Premio Nobel de la Paz 1997, Jody Williams.
La misión visitó el sudoccidental Guerrero y se reunió con mujeres indígenas nahuas, tlapanecas, mixtecas y amuzgas, para constatar las amenazas y riesgos que enfrentan por ser defensoras de derechos humanos.
Elsa Baldovinos Ríos, presidenta de la organización Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, narró a las visitantes cómo tuvo que enfrentar la discriminación de los varones de su comunidad por querer defender los bosques.
«Por herencia tenemos eso de la discriminación de las mujeres y a mí sí me ha tocado ( ) Pese a los obstáculos he avanzado, pero si esto no te gusta no lo sigues haciendo», contó Baldovinos, quien ahora promueve la siembra de hortalizas para el autoconsumo.
La activista dijo que vive en riesgo latente, aunque reconoció que a su agrupación no le ha pasado lo que a la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, cuyos dirigentes, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista, están desaparecidos desde el 8 de diciembre.
En respuesta, Jody Williams aseguró que en los países donde las Fuerzas Armadas realizan labores de seguridad pública, como en México, la situación es peor para las activistas.
La Nobel estadounidense destacó la lucha de las mujeres de Guerrero. «Me da inspiración ver que estas mujeres indígenas tienen el valor de seguir adelante en la lucha para defender los derechos de todos y no sólo de ellas», dijo.
Testimonios
Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, es una indígena que por defender a víctimas de violación sexual por parte de militares, ha recibido amenazas de muerte que la obligaron a abandonar su hogar en busca de seguridad.
Ella dijo a la Iniciativa de Mujeres Nobel que cuando las lideresas sociales «agarran poder» son «un peligro para las autoridades».
También criticó la impunidad del Estado. «Ellos lo único que hacen es mandarme a declarar una y otra vez. Y me mandan las mentadas medidas cautelares, que no son otra cosa que cámaras de video que no funcionan», atestiguó.
Otra mujer que se enfrentó al Ejército es Tita Radilla, hija del líder social Rosendo Radilla (desaparecido en 1973) y presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos.
La delegación encabezada por Williams advirtió que la falta de normas para proteger a las defensoras y evitar la impunidad, alcanza a cualquier luchador social.
Silvia Castillo, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, explicó que en la entidad las organizaciones también defienden los derechos sexuales y reproductivos. Las activistas se organizaron para defender a tres mujeres acusadas de homicidio, cuando en realidad tuvieron abortos espontáneos. Una fue liberada, pero otras dos siguen presas; una de ellas condenada a 22 años de cárcel.
La directora de la internacional organización Asociadas por lo Justo e integrante de la misión, la también estadounidense Lisa VeneKlasen, criticó que el Estado mexicano tolere la impunidad contra las defensoras de derechos humanos.
«En una situación donde (el Estado) no tiene la voluntad, ni la capacidad de responder y dar protección a las mujeres, nosotras, las mujeres, tenemos que crear una protección alternativa», planteó.
Protección congelada
Mientras la situación de vulnerabilidad de las defensoras de derechos humanos se agrava cada día, la Secretaría de Gobernación (ministerio del interior) mantiene en la «congeladora» el mecanismo de protección para activistas, criticó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
La abogada de la Comisión, Silvia Vázquez, una víctima de amenazas por su trabajo humanitario, afirmó que la falta de un marco normativo que proteja a las y los defensores y la impunidad dejan en riesgo a aquellas personas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Vázquez dijo a Cimacnoticias/ IPS que actualmente las y los activistas trabajan en «un terreno complicado», ya que viven con la zozobra de padecer amenazas y violencia.
Como ejemplo citó los asesinatos de Marisela Escobedo y Susana Chávez, dos mujeres que denunciaban casos de feminicidio en Ciudad Juárez, que permanecen impunes.
Mencionó que tampoco se puede olvidar que en diciembre la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, fue víctima de un intento de homicidio, lo que a decir de Vázquez muestra la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores.
En este escenario, la abogada recordó que desde 2011 el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, se comprometió a elaborar un mecanismo de protección para activistas, junto con organizaciones de la sociedad civil.
Pero el mismo no está listo pese a que las agrupaciones presentaron una propuesta.
El 7 de julio de 2011 la Secretaría publicó las bases para crear el mecanismo de protección, pero días después el secretario (ministro) de Marina, Mariano Francisco Saynez, declaró que quienes defienden los derechos humanos «intentan dañar la imagen de las instituciones».
A partir de ahí, el diálogo se rompió hasta septiembre. «En tanto, hay más defensores muertos, amenazados e intimidados, y más movilización interna para salvaguardar su seguridad», advirtió Vázquez.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia de noticias mexicana Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
