El nuevo gobierno conservador de España anunció cambios en la política ambiental que significarán un grave retroceso en la protección ecológica del país y que recibieron un inmediato y duro rechazo de la oposición y de la sociedad civil.
Mario Rodríguez, director en España de la no gubernamental Greenpeace, dijo a IPS que ante lo anunciado por el gobierno "solo caben las movilizaciones ciudadanas para reclamar que no tire abajo los logros alcanzados en la defensa del medio ambiente en las últimas dos décadas".
El activista también consideró que las organizaciones ambientalistas y las poblaciones afectadas deberán "estar atentas para actuar judicialmente".
Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, informó en el Congreso de Diputados que el gobierno planteará la reforma "profunda" de la Ley de Costas de 1988 para "compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales".
Rodríguez consideró que si este y otros anuncios del ministro se concretan "se echaría abajo la legalidad proambiental lograda en los últimos veinte años".
En su comparecencia parlamentaria para explicar los planes a su sector del gobierno, presidido por Mariano Rajoy desde el 21 de diciembre, Arias Cañete defendió la reforma de la Ley de Costas arguyendo que sería un vehículo eficaz, entre otras cosas, para mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa.
A su juicio, también permitirá revalorizar económicamente "zonas ya degradadas y sin valor medioambiental" y fomentar una adecuada ordenación de la actividad económica en el litoral español, cuyo anárquico desarrollo y desatado urbanismo ya recibió reprimendas de la Unión Europea (UE).
El gobernante Partido Popular tiene una cómoda mayoría absoluta en las dos cámaras del parlamento, por lo que podrá llevar adelante la reforma sin obstáculos legislativos.
Diversas organizaciones coincidieron en subrayar que la reforma abriría nuevos usos del litoral virgen, lo que hará que importantes zonas protegidas dejen de estarlo.
El ministro también hizo otros anuncios que generaron alarma entre los defensores del ambiente. Adelantó que se revisará el marco normativo estatal sobre la protección del medio natural y se acometerá una mejora en la gestión de la red de Parques Nacionales y de la Red Natura 2000, así como una reforma del Plan Hidrológico Nacional.
"Volvió la economía gris" tras los avances del país a favor de una economía verde, sentenció José Díaz Trillo, consejero de ambiente de la Junta de Andalucía, la mayor y más poblada comunidad regional de España, en manos del ahora opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Rodríguez anticipó a IPS cómo actuará Greenpeace ante las medidas anunciadas. "Cuando empiecen a hacer lo que anuncian veremos cómo contestar, pero seguramente será impulsando movilizaciones y analizando la situación jurídica para ver si se puede apelar a los jueces", dijo.
La organización emitió un comunicado el miércoles 1, en cuanto el ministro dio a conocer la nueva política ambiental, en que expresó su temor de que España retorne a viejas y negativas políticas de gestión del agua y de que se flexibilicen las exigencias en los estudios de impacto ambiental de los futuros proyectos de desarrollo.
"Tras el discurso del ministro, queda claro que el actual gobierno considera que las políticas medioambientales son un obstáculo para el desarrollo económico y no una oportunidad para salir de la crisis", afirmó Rodríguez.
Por eso y "en espera de que se concreten al detalle las líneas estratégicas del Ministerio, Greenpeace se opondrá rotundamente a cualquier medida que suponga una merma de los niveles de protección ambiental conseguidos hasta ahora, especialmente en la Ley de Costas, la lucha contra el cambio climático y al control de la sobrepesca".
Según Greenpeace lo que piensa hacer el gobierno de Rajoy ataca los principios fundamentales de la defensa del litoral del mar Mediterráneo, así como el uso público de la costa.
Ello porque de aumentarse y flexibilizarse las concesiones costeras, en especial las turísticas, "se facilitaría la desafección del dominio público marítimo terrestre y se abriría la puerta a nuevos usos en la costa, por lo que la Ley de Costas dejaría de tener efecto".
La organización hace especial hincapié en la ambigüedad e imprecisión del discurso ministerial, pues cuando señala que "frenar la actividad económica en el litoral no garantiza su conservación está abriendo la puerta a nuevos proyectos urbanísticos".
Para Greenpeace, esa posibilidad afectaría la salud ambiental del saturado litoral español.
También se lamenta de que el ministro no haya dejado claro si apoya una reducción del 30 por ciento en las emisiones europeas de gases de efecto invernadero para 2020, como medida para mitigar el cambio climático.
"Esta omisión es llamativa cuando, dos días antes de la comparecencia del ministro, la Comisión Europea publicó un estudio que muestra los claros beneficios económicos para cada uno de los estados miembros de la UE de aumentar la lucha contra el cambio climático", planteó Rodríguez.
Por eso demanda al gobierno que acabe con las subvenciones públicas a las industrias sucias y que se comprometa y asegure que las nuevas asignaciones de derechos de emisión al sector eléctrico, posteriores a 2012, se harán todas por subasta.
En 2009 se estableció que las empresas del sector eléctrico dejarían de tener derechos de emisión gratuitos a partir de 2013. En esa línea, se estima que las compañías españolas generadoras de electricidad necesitarán comprar derechos de emisión de 104 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) el año próximo, a un costo de unos 2.800 millones de dólares.
Frente a este panorama, el secretario de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, manifestó que "la estrategia del ministro de demolición de toda la normativa ambiental vigente es el mayor riesgo de viabilidad futura para las principales bases económicas de nuestro país, como son la agricultura y el turismo". El consejero andaluz José Díaz aseguró que si el paquete de reformas del gobierno se concreta, España dará "un paso atrás medioambiental de 40 años".
