Paralizar proyectos mineros e hidroeléctricos que dañan a sus comunidades y establecer programas específicos frente al cambio climático, que incorporen el enfoque de género, reclamó un centenar de mujeres rurales al gobierno de El Salvador.
"Se nos arruinaron las cosechas de frijoles y maíz, y cuando la laguna El Espino rebalsó, el agua inundó la zona y se ahogaron nuestros conejos", testimonió Irma Solórzano, oriunda del occidental departamento de Ahuachapán.
La audiencia y otra serie de actividades vinculadas se escenificaron en San Salvador entre los días 13 y 18 de este mes como parte de la campaña internacional "El Mundo que Queremos", promovida por el Llamado Global para la Acción contra la Pobreza (GCAP, por sus siglas en inglés) y Greenpeace, entre otras organizaciones.
Una veintena de mujeres rurales brindaron su testimonio sobre cómo el cambio climático está destruyendo sus cosechas y dañando la infraestructura de sus comunidades.
[related_articles]
Además, en la audiencia sobre Género y Justicia Climática, también contaron cómo ese impacto se hace especialmente pesado para ellas, en quienes crece el estrés diario de tener que atender la alimentación y la provisión de agua de sus familias.
"Cuando hay escasez de granos básicos, nos toca a nosotras andar viendo dónde se pueden comprar más baratos, porque nos toca hacer de jefas de hogar", señaló a IPS Vidalina Morales, de 43 años y madre de cinco hijos.
Los organizadores completaron la audiencia con una jornada de concientización ambiental a niños y niñas, algunos de los cuales construyeron relojes de cartón como un mensaje simbólico enviado a los líderes del mundo de que el tiempo se acaba y hay que actuar rápido en la adaptación y mitigación del cambio climático.
Las actividades concluyeron el domingo 18 en una plaza del centro de San Salvador, con un acto sobre "Un Bicentenario sin Pobreza y Hambre", en el que también se trató de que la ciudadanía comprenda como el cambio climático afecta la vida de todos y genera pobreza y hambre en las comunidades rurales.
"Es el pueblo el que hace la diferencia, la sociedad civil organizada", dijo a IPS la salvadoreña Marta Benavides, copresidenta mundial del GCAP.
La audiencia y las otras actividades debieron celebrarse en octubre, pero tuvieron que postergarse por un vendaval de lluvias que ese mes causó la muerte de 43 personas, inundó 10 por ciento del país y dañó 40 por ciento de la red vial.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que la reconstrucción de la infraestructura productiva dañada costará a la región unos 4.200 millones de dólares.
La gravedad de la situación llevó a los presidentes centroamericanos a reunirse el día 16 en San Salvador para hacer un llamado a la cooperación internacional a que brinde los fondos necesarios para iniciar esa reconstrucción.
Pero las mujeres rurales, no solo tienen que hacer frente al cambio climático, contó Morales al panel de cuatro juezas que presidieron la audiencia.
La producción, el hábitat y la salud de sus comunidades también son impactados por los proyectos impulsados por los sucesivos gobiernos que, al final, terminan impactando negativamente sus vidas.
![]("/imagenes/transparente.gif"){kind=spacer} |
!["Una]("/fotos/El-Salvador-IPS-Audiencia2-1.JPG") Niñas salvadoreñas alertan con un reloj que acaba el tiempo para evitar la tragedia climática Crédito: Edgardo Ayala /IPS
|
|
Ella se refirió en particular al caso de la mina de oro y plata El Dorado, situada en el departamento central de Cabañas y operada desde 2002 por Pacific Rim El Salvador, cuya actividad ha terminado afectando a comunidades aledañas como la de Santa Marta, de donde Morales es originaria.
Los pozos de agua se han secado y los ríos están contaminados con cianuro y otros metales como fruto de las actividades de exploración de la mina, agregó. "Cuando hay escasez de agua, a nosotras las mujeres nos toca caminar más para encontrarla", comentó a IPS.
Las actividades en la zona de la subsidiaria de la empresa canadiense Pacific Rim Mining Corp están temporalmente suspendidas, después que en 2008 el gobierno del derechista Antonio Saca (2004-2009) negó el permiso de explotación de El Dorado, a 65 kilómetros al noreste de la capital del país.
La firma transnacional ha demandado al Estado por 100 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arbitrajes de Disputas de Inversiones del Banco Mundial, con sede en Washington.
La presa El Chaparral, que se construye en el oriental departamento de San Miguel, a un costo de 65 millones de dólares, también ha enfrentado una fuerte oposición de parte de grupos ambientalistas y comunidades afectadas, por las implicaciones que tiene para el medio ambiente y para el modo de vida de las familias de la zona.
Por su lado, Ivette Aguilar, especialista en cambio climático y una de las juezas durante la audiencia, dijo que los gobiernos no deben escudarse en las precariedades provocadas por las alteraciones climáticas, para impulsar políticas públicas que afectan a la población y en particular a quienes viven en el campo.
Cifras de la Organización de las Naciones Unidas indican que 40 por ciento de los 6,1 millones de salvadoreños viven con menos de dos dólares al día, entre los que se encuentran la mayoría del 22,7 por ciento de la población dedicada a la agricultura.
Otro problema en que insistieron las campesinas es el del agua. El estudio "Situación de los recursos hídricos en Centroamérica: hacia una gestión integrada", publicado en abril por la Asociación Mundial para el Agua, señala que El Salvador es el único país del istmo centroamericano sin una adecuada disponibilidad de este recurso.
El país, de 6,1 millones de habitantes, se encuentra en el umbral de los 1.700 metros cúbicos por persona al año, que es la referencia del déficit hídrico.
Por eso, la declaración adoptada al final de la audiencia recomendó, entre otras cosas, que se apruebe el derecho humano al agua tal como se plantea en el proyecto de Ley de Agua, que se debate en el Congreso legislativo desde 2006.
También, le exigió al gobierno del izquierdista moderado Mauricio Funes que la búsqueda de la soberanía alimentaria y nutricional sea uno de sus objetivos estratégicos en su política agropecuaria, que además debe estar basada en prácticas agrícolas sostenibles.
Además, que se incorpore el enfoque de género en una Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y que el derecho a la alimentación esté plasmado en la Constitución.
Benavides dijo a IPS que las conclusiones recogidas en la declaración, así como los testimonios de las mujeres que participaron en la audiencia, serán compartidas en foros internacionales donde se aborda la situación de las mujeres en su relación con el medio ambiente.
"Queremos ver cómo impactamos en los gobiernos y en instancias como el Foro Social Mundial y el Grupo de los 20 (de países industrializados y economías emergentes)", señaló.
