La revelación de negocios turbios por los que es investigado Iñaki Urdangarin, duque de Palma y yerno del rey Juan Carlos de España, hace temblar a la Casa Real.
Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, aparece involucrado en negocios de distinto tipo, aunque las miradas están fijas en el presunto desvío de fondos públicos, por lo cual tendrá que responder ante la justicia.
Pero, además de lo que resulte de esa situación, ya se ha planteado también el reclamo de que las cuentas de la Casa Real se hagan públicas.
La coalición Izquierda Unida (IU) comenzó una campaña por Internet de recolección de firmas para exigir a la Casa Real que divulgue la distribución del dinero que recibe de los presupuestos del Estado y también las rentas y el patrimonio de cada uno de los miembros de la familia real.
En el escrito enviado al Congreso de los Diputados, la agrupación señala que el reparto que el Rey hace de los fondos que recibe del Estado para el sostenimiento de la Casa Real no debe ser "opaco" ni "secreto", ya que la Constitución no determina que pueda serlo.
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Se pide, además, que la Casa también informe sobre los regalos que recibe, las organizaciones en los que sus miembros tienen cargos y las actividades por las que reciben ingresos, así como las acciones que posean en sociedades empresariales.
Sobre lo planteado por IU, la corona española no dijo nada, pero sí fuentes oficiales de la misma informaron que se planifica limitar, "posiblemente en 2012", el concepto de familia real, para que de ese modo solo sean considerados miembros el rey Juan Carlos y la reina Sofía, su hijo y heredero del trono, Felipe de Borbón, a su esposa, la experiodista Leticia Ortiz, y a las hijas de estos, Leonor y Sofía.
Sin embargo, la Casa Real emitió un comunicado este jueves 8 en el que asegura que la composición de la familia no sufrirá ningún recorte, por lo cual las infantas Elena (divorciada) y Cristina, al igual que Urdangarin, seguirán siendo consideradas miembros de la misma.
La Unidad de Relaciones con los Medios de Comunicación de la Casa Real se disculpó ante el mundo periodístico y dijo asumir la "responsabilidad" por haber contribuido a que se informase sobre cambios que no se concretarán.
De haberse mantenido el criterio especificado en el primer anuncio ahora anulado— Elena y su cónyuge, Cristina, y los hijos de ambas tendrían un rango similar al que tienen en la actualidad las hermanas del Rey, Pilar y Margarita de Borbón, que continúan siendo consideradas parientes del monarca pero no son integrantes de la familia real, por lo que no representan a la corona en actos oficiales ni reciben fondos de los presupuestos generales del Estado.
Todo indicaba que la decisión, ahora frustrada, estaba orientada a excluir de la familia real a Urdangarin y a su esposa, ya que ninguno de los dos se han planteado divorciarse.
Pero la exclusión no se producirá, a menos que lo que se revele sobre Urdangarin golpeara en sus muros.
Urdangarin, quien luego de haberse casado con una hija de los reyes fue designado duque de Palma, se asoció con el empresario Diego Torres para crear en 2005 el Instituto Nóos y luego varias empresas vinculadas entre sí. El juez de la causa sospecha que el entramado fue montado para apoderarse de dinero público.
El Instituto Nóos recibió 5,8 millones de euros (7,7 millones de dólares) de las comunidades autónomas de Valencia y de las Islas Baleares, y una cifra similar recibieron cinco sociedades en las que tenían participación Urdangarin y Torres.
También ambos recibieron 10,6 millones de euros (14,1 millones de dólares) de 103 empresas públicas y privadas entre 2002 y 2010.
La falta de información financiera por parte de la Casa Real no viola ninguna norma, ya que todavía está sin desarrollar la Ley de la Corona de acuerdo a la Constitución vigente desde que se inició la transición democrática en España, tras la muerte en 1975 del dictador Francisco Franco, quien estuvo en el poder desde 1939.
Los presupuestos generales del Estado destinaron este año 8,4 millones de euros (11,2 millones de dólares) para la Familia Real. Además, otros gastos, como seguridad, viajes, traslados, actos públicos y demás actividades son financiados directamente con fondos públicos, sin que nunca se haya dado información sobre su cuantía.
El caso Undargarin trae a la memoria otros que afectaron al rey años atrás, como el encarcelamiento en 1992 de su principal amigo y asesor, Manuel Prado y Colón de Carvajal, por haber recibido 30 millones de euros (40 millones de dólares) del gobierno kuwaití destinados al monarca.
Otro caso fue el de los banqueros Mario Conde y Javier de la Rosa, procesados también en aquella época por casos similares a los de Prado y Colón de Carvajal.
