Es imperativo que en la Conferencia Río+20 a celebrarse del 4 al 6 de junio de 2012 se adopten políticas que constituyan una piedra miliar para la economía verde. Se trata de obtener un renovado compromiso político a favor del desarrollo sostenible, evaluar el progreso alcanzado hasta la fecha y los incumplimientos de los compromisos asumidos en las cumbres precedentes, y enfrentar los nuevos desafíos.
Mi asociación con el ambientalismo se remonta a la Conferencia de Estocolmo en 1972. El progreso logrado desde entonces en nuestra comprensión de los problemas y nuestra capacidad para enfrentarlos eficazmente es impresionante. Pero las insuficiencias en el incumplimiento de las resoluciones asumidas por los gobiernos en la Cumbre de la Tierra en 1992 ha creado una situación insostenible que amenaza el futuro de la humanidad.
La economía verde no es un mero eslogan: Río+20 debe producir nuevos y firmes impulsos que incrementen grandemente la eficiencia económica en la producción de bienes y servicios, en el uso de la energía, en el uso y reutilización de los recursos. La experiencia de una serie de naciones, como Japón y Alemania, demuestra que es viable.
Los países más desarrollados, que han contribuido en mayor medida a los problemas ambientales, deben respetar los acuerdos de proporcionar a las naciones en desarrollo el acceso a la financiación y a las tecnologías requeridas para hacer más verdes sus economías.
Río+20 debe debe confrontar a los gobiernos con algunos radicales y innovadores desafíos:
1) En el Simposio de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible efectuado en Pekín (Septiembre 8 y 9) tuvo amplio apoyo la iniciativa de encargar a las organizaciones de la sociedad civil de cada país que evalúen la implementación de los compromisos concordados y que opinen sobre las propuestas que se presentarán en Río+20.
2) La disponibilidad de recursos financieros adicionales continúa siendo un requisito primario para que los países menos desarrollados puedan efectuar la transición hacia la economía verde. Sin embargo, bajo la actual crisis económica son limitadas las perspectivas de obtener compromisos de financiamientos sustanciales por parte de los gobiernos. Deberíamos entonces recurrir a fuentes privadas, dándoles oportunidades para invertir en la conservación ambiental. El Simposio de Pekín.respaldó esta apertura.
3) Otro medio para que los países pueden hacer un progreso significativo consiste en un mayor uso del sistema legal existente. Ésta no es una idea nueva, pero merece más atención y una aplicación más universal. El Principio 21 acordado en la Conferencia de Estocolmo estipula que los Estados tienen ( ) el derecho soberano de explotar sus propios recursos ( ) y la responsabilidad de asegurar que sus actividades no afecten al ambiente de otros Estados situados más allá de los límites de su jurisdicción nacional. El Principio 22 señala que los Estados deben cooperar para perfeccionar ulteriormente la ley internacional acerca de la responsabilidad y la compensación a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales causados por actividades dentro de la jurisdicción o el control de tales Estados en áreas más allá de su jurisdicción.
Este último principio ha sido invocado en una serie de incidentes que se remontan al famoso caso Trail Smelter, en el cual la contaminación provocada por un importante proyecto en Canadá estaba causando daños en Estados Unidos. Conceder a víctimas de daños ambientales en un país el acceso a los tribunales del país en el cual se originó el daño para que puedan obtener compensaciones daría un efecto práctico a los principios enunciados en Estocolmo. Asimismo, se requerirán medidas para asegurar que los pobres, que a menudo son las víctimas principales de tales daños, tengan pleno acceso a este recurso. Ya existe, por lo tanto, un sustancial conjunto de prácticas como para poder extender este concepto a escala internacional.
Río+20 puede dar una contribución única a la realización de la economía verde y asegurar que sus beneficios sean completa y equitativamente compartidos por los pobres y los más desfavorecidos.
Las ciudades son los centros de nuestra civilización y las principales fuentes de deterioro ambiental y de los riesgos que enfrentamos. Son también las principales fuentes de soluciones al problema. Hacer que nuestras ciudades sean más verdes, más ecológicas, debe estar en el centro de nuestras prioridades. Muchos países han comprendido que todas las medidas que emprendamos para mejorar el ambiente deben estar sistemáticamente integradas con el reverdecer de nuestras ciudades y con los impactos que ellas produzcan en sus territorios, con los cuales son interdependientes.
Es fundamental que Río+20 otorgue fuerte ímpetu al papel clave de las ciudades como pieza central de la nueva economía. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Maurice Strong, quien fue Secretario General de la Cumbre de la Tierra en 1992 y primer Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es actualmente Asesor Especial del Secretario General de Río+20 (www.mauricestrong.net).
