El proyecto de ley de protección, recuperación y aprovechamiento del agua en El Salvador, concebido por un centenar de organizaciones sociales, religiosas y académicas, espera en el parlamento desde hace cinco años pese a la crisis hídrica que afronta el país.
"El debate legislativo se ha retrasado por falta de voluntad política", señaló a IPS Carlos Flores, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), una de las organizaciones de la sociedad civil que conforman el Foro del Agua.
El Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de Elías Antonio Saca (2004-2009), de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, no impulsó ninguna de varias iniciativas presentadas, muchas similares al proyecto de Ley General del Agua con la cual se pretende que el uso y el consumo del recursos sean sustentables.
Más de 20 proyectos llegados de diferentes sectores del país fueron desechados en el Congreso legislativo desde 2003, y no fue hasta 2006 que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de ese cuerpo unicameral decidió abrir el debate de la iniciativa enviada por el Foro del Agua. Pero desde entonces no hubo avances.
Por eso la llegada al gobierno en junio de 2009 de Mauricio Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), trajo expectativas de un cambio de rumbo para impulsar con fuerza un plan de sustentabilidad hídrica.
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Empero nada pasó, pese a declaraciones de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente de que el gobierno está elaborando una propuesta de ley en la materia.
"El ministerio va a presentar una propuesta próximamente, por lo que hemos decidido esperar para conocerla", dijo a IPS el diputado Edmundo Cabrera, del FMLN.
Mientras el debate político se demora, el cambio climático sigue empujando al país al estrés hídrico, es decir al punto en que la demanda supera la disponibilidad del recurso y la calidad se deteriora.
El estudio "Situación de los recursos hídricos en Centroamérica: hacia una gestión integrada", publicado en abril por la Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés), señala que El Salvador es el único país del istmo que no tiene una adecuada disponibilidad de este recurso.
La investigación, incluso, advierte que se encuentra en el umbral de los 1.700 metros cúbicos por persona al año, que es la referencia del déficit hídrico.
También la calidad de los cursos fluviales salvadoreños está en tela de juicio. Un estudio del Ministerio de Medio Ambiente de abril pasado determinó que solo dos por ciento de los ríos tienen agua dulce apta para potabilizar, usar en riego o realizar actividades recreativas.
"Estamos en una crisis severa de agua, que se agravará más con el cambio climático, y por eso urge una ley", explicó Flores, de la UNES.
El proyecto de ley, en manos de los diputados, establece entre otros aspectos que el acceso al agua es un derecho humano, y todas las personas, sin distinciones, deben disponer de ella en cantidades suficientes y potable para el uso doméstico.
Crea, además, un ente rector, al que llama Comisión Nacional del Agua (Conagua), y determina que el recurso es un bien público y, por ello, su protección y aprovechamiento tendrá en cuenta el bien común, primero para satisfacer las necesidades humanas y luego las de especies vivas y el ecosistema del país y, finalmente, para el uso en la agricultura y la generación de electricidad.
El retraso en el debate y aprobación de esta norma se explicaría a partir de los intereses económicos que resultarían afectados.
Si bien el anteproyecto permite el uso comercial e industrial del agua dulce, lo condiciona a que antes deben satisfacerse las prioridades establecidas en la normativa, es decir, asegurar el consumo humano doméstico.
La cobertura de agua por cañería abarca hoy a 92,9 por ciento de los habitantes urbanos, pero solo a 63,9 por ciento en el área rural, según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, del organismo estatal responsable de esta tarea.
La iniciativa del Foro del Agua también indica que los permisos para el uso industrial y comercial tendrán una duración específica de dos años, aunque serán prorrogables, y deberá pagarse la llamada "tasa de aprovechamiento", cuyo costo será determinado por la Conagua.
"Es obvio que la ley afectaría (al comercio y la industria), porque ya no tendrían la libertad total de extracción, y van a poner el grito en el cielo", alertó Nayda Medrano, directora del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), otra de las organizaciones integrantes del Foro del Agua.
Medrano comentó a IPS, no obstante, que la normativa no pretende coartar la libertad de las empresas que utilizan agua en sus procesos productivos, pero sí que haya más control y regulación en ese sector para asegurar que el recurso sea un derecho humano.
Es muy probable que, cuando por fin se reanude el debate en torno al texto de ley, los diputados terminen modificando o incluso quitando puntos espinosos de la propuesta del Foro, y agreguen otros artículos incluidos en la propuesta del gobierno, cuando esta por fin llegue.
Gloria de Ávila, de la Alianza por el Agua, una red que aglutina a más de 330 entidades estatales y privadas de España y América Central, dijo sentirse optimista de que el parlamento retome el tema antes de que finalice el año.
"Nunca hemos estado tan cerca, vamos a impulsar un esfuerzo para que la ley se apruebe antes de que finalice el año", indicó a IPS.
