Las comunidades latinoamericanas deben recurrir aun más a los tribunales para pugnar por el acceso al agua potable, considerado un derecho universal, combinando esa acción con la movilización social y el reclamo político, alientan expertos.
Ya "se han dado cuenta de que el tema jurídico puede ser usado como un último eslabón, porque los jueces no están tan contaminados por la parte política", explicó Javier Gonzaga, miembro del Observatorio de Conflictos Ambientales de la estatal Universidad de Caldas, de Colombia.
"Los tribunales están aceptando demandas relacionadas con el derecho al agua, y el derecho crea la exigibilidad", agregó Gonzaga, quien conversó con IPS en un alto de la Tercera Reunión Anual de la Red Waterlat, formada por académicos de América Latina y el Caribe para investigar temas de gobernabilidad, ciudadanía en gestión hídrica y salud ambiental.
México puede erguirse como antecedente, pues un tribunal federal amparó en septiembre a una residente de la comunidad de Xochitepec, en el central estado de Morelos y unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de México, que no contaba con el servicio de agua desde los años 80.
De esa forma, 100 familias pobres pudieron acceder al recurso en una zona donde conviven residencias de lujo con barrios carentes del líquido.
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"Nuestro objetivo inicial se cumplió, porque queríamos obligar a un juez a reconocer el derecho al recurso, dijo a IPS la delegada de la oficina regional de la Coalición Internacional para el Hábitat, María Emanuelli, también asistente al foro realizado del lunes 24 al miércoles 26 en la capital mexicana bajo el lema "La lucha contra la desigualdad y la injusticia en la gestión del agua en América Latina y el Caribe".
"Es uno de los caminos por seguir, aunque no el único", indicó.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el año pasado una resolución reconociendo el acceso al agua como derecho humano básico, que adquirió naturaleza vinculante un mes después por el Consejo de Derechos Humanos. Las naciones adherentes están obligadas reformar sus respectivas legislaciones para respetarlo.
En ese sentido, 34 países americanos se comprometieron a legislar para cumplir con los principios de la declaración y a que, en 2015, un 25 por ciento más de naciones posean al menos un plan de acción para materializar ese derecho.
Para 2020, más de la mitad de la región reducirá la brecha de acceso al agua potable y duplicará el porcentaje del recurso tratado para purificarlo.
En países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay ya fueron incorporados a sus constituciones el mandato de derecho universal de acceso al agua, además de que ese recurso debe ser un bien común estatal.
"Las dimensiones de la crisis son de carácter sociopolítico e institucional, no de escasez o tecnologías apropiadas", señaló a IPS el coordinador de la Red Waterlat, Esteban Castro.
"La macrotendencia de las luchas por el agua es por la demanda de gobernabilidad y de gestión" del recurso, apuntó Castro, profesor de la Escuela de Geografía, Ciencia Política y Sociología de la estatal Universidad de Newcastle, en Gran Bretaña.
En México, 30 por ciento de las viviendas carecen de agua potable entubada y otro 15 por ciento las reciben cada tres días por otras vías, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Mientras, en Uruguay, el agua potable es de acceso casi universal, pues llega a más de 98 por ciento de sus 3,3 millones de habitantes, según datos oficiales, y en Ecuador el abastecimiento alcanza a 96 por ciento de la población en las zonas urbanas y a 74 por ciento en las rurales.
En el sudoriental estado mexicano de Veracruz, pobladores de ocho municipios se han organizado en el llamado "Comité Defensa Verde, Naturaleza para Siempre", para oponerse a la construcción del complejo hidroeléctrico El Naranjal, que pretende desviar el río Blanco para generar entre 305 y 360 megavatios, lo cual lo llevaría a ser la novena más grande del país.
"Esta obra quitaría 92 por ciento del caudal del río", aseguró a IPS la académica Beatriz Torres, de la estatal Universidad Veracruzana, un pilar de apoyo al Comité.
"Existe el temor a inundaciones, al fraccionamiento de las comunidades y la disponibilidad de agua", detalló tras participar también del encuentro la ciudad de México.
El uso de aguas en la cuenca del río Blanco estaba vedado por un decreto de 1948, que el gobierno nacional derogó en 2006 para dar paso a proyectos como El Naranjal.
Los opositores a estas obras, quienes cultivan principalmente café y caña de azúcar, quieren emular el éxito de las comunidades afectadas por la represa La Parota, en el sureño estado de Guerrero, detenida desde 2009 gracias a las protestas.
Las advertencias de los ambientalistas y académicos cobran mayor importancia debido a que en México hay al menos siete iniciativas hidroeléctricas que suscitan el rechazo social.
"Hay que combinar diversas estrategias, la movilización social, la demanda jurídica y la acción política. Por eso, es importante abogar por la reforma constitucional", planteó Gonzaga, en cuyo país el Congreso legislativo rechazó la convocatoria a un referendo para garantizar el derecho al agua.
En México está pendiente un cambio constitucional en esa dirección, proyecto que implica también la reforma a la Ley de Aguas Nacionales de 1992.
"En un año es necesario cambiar la Ley de Aguas, esperamos que el espíritu de la declaración de la ONU permee la nueva norma", refirió Emanuelli.
Castro criticó la construcción de grandes obras de infraestructura que ponen en peligro el derecho al agua de las poblaciones.
"Las luchas actuales son por la protección de los cuerpos de agua contra la contaminación, reivindicaciones sociales por la imposición de grandes obras, por fallas en la protección contra riesgos y por la defensa del recurso como bien común", enumeró.
