Aunque amenaza con agravar el hambre y la pobreza, la presente crisis alimentaria, que se estima llegó para quedarse varios años, implica diversificar la agricultura, adaptarla al cambio climático y aumentar la productividad, sostienen la FAO y expertos.
El informe titulado "Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. Altos precios de los alimentos: oportunidades y riesgos", presentado este viernes 14 por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), alerta que los valores de mercado de los alimentos ya tocaron su más alto nivel histórico y muestran gran volatilidad.
Ambos factores "ponen en riesgo los avances" en la lucha contra el hambre y la desnutrición infantil en la región, cita el reporte, difundido en el marco de las celebraciones del Día Mundial de la Alimentación, este domingo 16, y del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el lunes 17.
Para los países fuertes productores de alimentos, como Argentina, Brasil, México y Uruguay, la coyuntura puede ampliar el valor de sus exportaciones, mientras que proveedores de materias primas, como Bolivia, Chile y Perú, pueden compensar las compras caras con los precios elevados de petróleo, cobre u oro. Pero naciones como las centroamericanas sufren la carestía.
En Guatemala, donde la mitad de sus 14 millones de habitantes viven en condiciones de pobreza y 17 por ciento en la indigencia, según agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la situación alimentaria es todavía muy precaria.
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Rony Palacios, de la no gubernamental Red Nacional por la Defensa de la Seguridad y Soberanía Alimentaria en Guatemala, dijo a IPS que las medidas del gobierno para contrarrestar la inseguridad alimentaria han sido "inefectivas y no responden a problemas estructurales".
"Se firman tratados comerciales que permiten la compra subvencionada de arroz, maíz, trigo y otros, de cuya producción éramos autosuficientes, mientras que ahora dependemos de su importación, lo cual ha provocado una pérdida de nuestra soberanía alimentaria", explicó.
La primera oleada alcista ocurrió en 2008, con un impacto fuerte sobre los segmentos más pobres de la región. A partir de junio de 2010, los precios volvieron a elevarse y en agosto pasado el nuevo índice fue "130 por ciento mayor que el que hubo en promedio en el período 2000-2005", según la FAO.
En América Latina y el Caribe, el hambre afectó el año pasado a 52,5 millones de personas, que equivalen a nueve por ciento de su población total, 600.000 menos que en 2009.
El descenso se corresponde con las políticas instrumentadas por los gobiernos para abatir el flagelo, que, empero, muestra resultados dispares en la región.
Brasil es reconocido como vanguardista en seguridad alimentaria, gracias al plan "Hambre cero", puesto en marcha por el presidente izquierdista Luíz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y proseguido por su sucesora y correligionaria, Dilma Rousseff, con el nombre de "Brasil sin miseria", orientado hacia la población más vulnerable.
"Los progresos se deben a importantes estrategias públicas que convirtieron esfuerzos de la sociedad en políticas de Estado, no sólo de gobiernos", dijo a IPS el director del no gubernamental Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), Francisco Menezes.
"Brasil partió de un nivel muy preocupante, en el que prevalecía el hambre" hace dos décadas, precisó Menezes, quien presidió el gubernamental Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria.
Mientras, Dolores Rojas, coordinadora de Campañas de Oxfam México, sostuvo que en la región "se empieza a hablar de la necesidad de hacer cambios en los productos que se siembran". "Pero no hay una planificación y menos una coordinación con los productores", lamentó.
Derechos y ocasiones
En 2010, el Congreso legislativo brasileño cambió la Constitución para declarar la alimentación y la nutrición adecuada como un derecho humano.
El parlamento mexicano siguió en mayo pasado la misma vía para garantizar el derecho a la alimentación, pero ese cambio solo entró en vigor el jueves 13 al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Desde 2005, Guatemala cuenta con la ley de Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que creó un consejo nacional y la secretaría respectiva, aunque sin reforma constitucional y sin resultados perceptibles para la población.
"Tenemos herramientas legales de enorme contenido, pero lamentablemente permanecen como letra muerta", lamentó ante IPS Luis Monterroso, de la unidad de derecho a la alimentación de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala.
La FAO indicó que la región no exhibe problemas de disponibilidad de alimentos, cuyos pronósticos para 2011 son "en general favorables, a excepción de los cereales que pueden sufrir una leve caída". El problema son los precios.
Las cotizaciones de los alimentos fueron 36 por ciento más altas en agosto pasado, comparadas con el mismo mes de 2010. En particular los precios del trigo y del maíz aumentaron 62 y 104 por ciento, respectivamente, sólo en el último año.
Los altos valores de los alimentos, empero, representan una oportunidad de mejores ingresos para la agricultura familiar, subrayó la FAO. "Para ello se requiere de políticas que aumenten su productividad y mejoren sus condiciones de inserción en los mercados, insumos y financiamiento", planteó esta agencia especializada de la ONU.
La agricultura familiar es fuente de la mayor parte de la ocupación de los trabajadores rurales brasileños.
En el censo agropecuario de 2006 se registró la existencia de 16,6 millones de trabajadores rurales, que representan 18,9 por ciento de la población ocupada en Brasil. De ese total, 84,4 por ciento laboraba en pequeñas propiedades de menos de 200 hectáreas.
En México, unos cinco millones de personas dependen de esa modalidad agrícola, con una superficie promedio de seis hectáreas y con equivalencias a 39 por ciento de la producción agropecuaria total y 70 por ciento de los puestos de trabajo en el sector, indican datos de la FAO.
El gobierno del conservador Felipe Calderón gestiona tres programas de apoyo agrícola, sin beneficios claros para los cosechadores pequeños.
La agricultura familiar cobra mucha importancia, según Monterroso, porque "sirve para el autoconsumo, principalmente de granos básicos como el maíz y frijoles, aunque sus reservas apenas les duran entre cinco y siete meses".
"Si el Estado les ofreciera apoyo a estos campesinos, podrían aumentar su capacidad de producción y alimentación, pero se sigue apoyando el modelo de exportación", lamentó.
La FAO sugirió medidas como la generación de mecanismos de gobernanza mundial y regional de la seguridad alimentaria y nutricional, la transformación de patrones de producción y consumo, más transparencia en los mercados internacionales, dinamizar los locales y adaptar el sector agropecuario al cambio climático.
"No es prioridad la adaptación al cambio climático ni el apoyo a la agricultura familiar. La atención del gobierno está puesta en la agricultura a gran escala y las importaciones como política, lo cual con la crisis nos pone en situación de vulnerabilidad", recalcó Dolores Rojas.
En Brasil quedan pendientes "nuevas cuestiones a trabajar, siendo las más visibles la contaminación de alimentos este país es el mayor consumidor mundial de agrotóxicos y la volatilidad de los precios, que resulta de tratarlos como mercancías, sujetas a la especulación en bolsas a futuro que tienen gran impacto en los precios", según Menezes.
*Aportes de Danilo Valladares (Guatemala) y Mario Osava (Río de Janeiro)