La criminalidad desbordada en Venezuela incuba el riesgo de estallidos de violencia política en el marco de las elecciones presidenciales y regionales de 2012, advirtió la organización International Crisis Group (ICG), basada en Bruselas.
Venezuela, con 28 millones de habitantes, registra entre 17.000 y 19.000 homicidios por año, decenas de cadáveres acribillados a balazos llegan a la morgue de Caracas cada fin de semana, en un solo mes pueden ser robados 100.000 teléfonos móviles y circulan ilegalmente millones de armas de fuego, según organizaciones no gubernamentales.
Detrás de cada cifra, un caso: una bebé abatida en brazos de su madre en medio de un intercambio de balazos entre bandas rivales, un adolescente recibe 40 disparos en un ajuste de cuentas, ocho delincuentes con armas largas asaltan a 150 escolares que van de camping y hasta un sastre es apuñalado por un cliente al que arregló con descuido un pantalón.
"Hasta ahora los niveles de violencia política han sido relativamente bajos comparados con los altísimos niveles de violencia común", observó a IPS Silke Pfeiffer, responsable para la región andina en el ICG.
Sin embargo, "dado el nivel de polarización del país, la masiva circulación de armas y la erosión de mecanismos institucionales de solución de conflictos, los riesgos de un estallido de violencia política aumentarán en un escenario electoral ", según Pfeiffer.
La coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) ya puso en claro que llevará la inseguridad ciudadana al debate electoral, pues es un tema sensible al punto de que desde hace al menos cinco años es la primera preocupación de los venezolanos de todas las clases sociales, según las principales firmas de encuestas.
"Desde que Hugo Chávez llegó al gobierno hace 12 años, el crimen ha crecido hasta convertirnos en uno de los países más violentos del mundo, mucho más que Colombia o México, que tienen conflictos armados", dijo a IPS Luis Izquiel, coordinador en el tema de seguridad de la MUD.
Según el gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de homicidios de Venezuela es de 48 por 100.000 habitantes, mientras que la de Colombia es de 33 por 100.000, al decir de la Policía Nacional de ese país.
El no gubernamental Observatorio Venezolano de la Violencia registró 44.000 homicidios entre 2007 y 2010, contra 28.000 caídos por la violencia asociada al tráfico de drogas que asola a México desde 2006. En Caracas, la tasa de homicidios pasa de 140 por 100.000 habitantes, contra 22 en Bogotá y 14 en Sao Paulo.
Por el contrario, Soraya El Achkar, una antigua activista de derechos humanos que dirige la estatal Universidad Experimental de la Seguridad, sostuvo que "este gobierno ha tomado el camino de la construcción de la política de seguridad, que no se ve de la noche a la mañana".
"Atacamos el problema con medidas inmediatas y soluciones estructurales. Estamos reparando el daño de 200 años en esta materia", dijo El Achkar, quien impulsó con el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, la conformación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
En Venezuela hay más de 100 cuerpos policiales, entre nacionales, regionales y municipales, y la PNB debutó este año desplegando varios centenares de efectivos en una de las 24 parroquias del Distrito Capital (Caracas oeste), con el plan de expandirse progresivamente por todo el país.
"Reconocemos los esfuerzos del gobierno, con nuevas leyes de policía y de desarme, pero son una respuesta muy lenta y parcial", dijo Pfeiffer.
Izquiel sostuvo, en cambio, que "no existe voluntad política por parte del gobierno para atender el tema de la criminalidad, sobre todo del presidente Chávez, quien se ha desentendido del asunto y casi ni lo toca en sus larguísimas cadenas" de radio y televisión.
Otro problema que nota Izquiel es que "el gobierno ha venido armando grupos políticos que pueden ser utilizados en acciones de agresión". "Deben ser desarmados, independientemente de que actúen por razones políticas o que también utilicen sus armas para cometer delitos comunes", apuntó.
El informe de ICG advierte que, además de las individualidades, pandillas urbanas y bandas que siguen a organizaciones delictivas internacionales, "hay grupos armados que cabalgan entre la delincuencia y el discurso político a favor del presidente Chávez y cuentan con cierta tolerancia por parte del gobierno".
En primer lugar, guerrillas colombianas que incursionan en Venezuela, y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, un grupo que aparece en la frontera con Colombia con frecuencia irregular, se dice partidario de Chávez y, según medios locales, hace "auditoría social" y suprime a criminales o individuos que considera indeseables.
Luego están los "colectivos urbanos", presentes de modo destacado en la populosa barriada "23 de Enero" de Caracas. Se trata de grupos vecinales o juveniles con abundantes armas de fuego, que recogen los lemas más izquierdistas del actual gobierno y ocasionalmente exhiben, encapuchados, su control sobre zonas del oeste capitalino.
El informe de ICG también recoge déficit en materia de justicia, de coordinación policial, dado que es frecuente el rechazo al trabajo conjunto entre órganos de seguridad nacionales y las policías de estados gobernados por opositores, y, finalmente, el apoyo brindado por los mandos militares al proyecto político de Chávez.
Cita el caso del general Henry Rangel, ubicado por Washington en una lista negra por presunta colaboración con el narcotráfico—, quien es el máximo jefe operativo de la Fuerza Armada y quien ha declarado que los militares están "casados con este proyecto".
Rangel dijo que "la Fuerza Armada no es leal a medias, sino completamente leal a un pueblo, a un proyecto de vida y a un comandante en jefe", rango éste que en el caso de Chávez, según una ley que dictó, no es solamente un título sino la máxima posición dentro de la estructura operativa militar.
"La oposición parece unida alrededor del propósito de ganarle a Chávez por medios electorales y el liderazgo de la Fuerza Armada luce muy leal al gobierno. No creemos que pueda haber por ejemplo una rebelión en el corto plazo", dijo el peruano Javier Ciurlizza, director de ICG para América Latina.
Pero "dada la erosión de los mecanismos de resolución de conflictos, en un escenario poselectoral, hay un riesgo de violencia política independientemente de quien gane", dijo Ciurlizza. Los comicios presidenciales están previsto que se realicen en octubre de 2012 y los de gobernadores regionales dos meses después.
"Sin un acuerdo, y no lo vemos entre los contendores, un resultado ajustado puede exasperar a los perdedores y exaltar a los ganadores. La tentación de patear el tablero puede ser muy fuerte y con millones de armas en las calles eso puede ser como regar mucha gasolina ante quien tiene fósforos en las manos", concluyó Ciurlizza.
