Un bosque de enorme riqueza natural con una superficie de 3.000 canchas de fútbol en el centro de Bolivia será la primera víctima de la carretera proyectada por el gobierno sobre el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
El parque natural, creado en 1965, fue delimitado en 1990 con 12.362 kilómetros cuadrados. Y el territorio indígena fue titulado en 2009 con una extensión de 10.910 kilómetros cuadrados.
Sus bosques y sabanas tienden desde la llanura de Moxos, en el nororiental departamento del Beni hasta las sierras subandinas de Cochabamba, con diferentes pisos ecológicos que van desde los llanos hasta los 2.700 metros sobre el nivel del mar.
La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) estimó en septiembre de 2008 un presupuesto de 3,8 millones de dólares para el desmonte, la limpieza de acequias y de tierra en una extensión de 1.530 hectáreas del bosque.
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La carretera tendrá 306 kilómetros entre Villa Tunari, en el central departamento de Cochabamba, y San Ignacio de Moxos, en Beni, con un ancho de 7,30 metros, bermas de dos metros a cada lado y un tipo de asfalto de tratamiento superficial doble. El tramo a través del Tipnis, de 177 kilómetros, requiere una licencia ambiental que aún no ha sido expedida.
Con un costo de 415 millones de dólares, 80 por ciento financiado por Brasil, el principal argumento del gobierno es integrar a 1,7 millones de habitantes de Cochabamba y Beni y concretar un corredor internacional para el tránsito de mercadería desde Brasil hacia el océano Pacífico.
Para la analista ambiental Teresa Flores, ese elevado costo anuncia el "uso de grandes insumos como cemento, hierro y la operación de maquinaria pesada para deforestar con altos impactos", dijo a Tierramérica.
Los riesgos para la zona, con una fauna de 714 especies y una flora de 3.400, son enormes, dijo a Tierramérica el exsenador del gobernante Movimiento al Socialismo, Gastón Cornejo. Por la vía ingresarán proyectos para desarrollar biocombustibles y transgénicos, herbicidas y componentes químicos para procesar marihuana y cocaína, lo cual elevará también la delincuencia e inseguridad, sostuvo.
Un análisis del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo al que tuvo acceso Tierramérica compara el efecto de la carretera con "el paso de un tornado que destruiría todo a su paso, con la anticipada desaparición de las 64 comunidades que habitan el Tipnis", compuestas de unas 15.000 personas de las etnias moxeña, yuracaré y chimán.
Bolivia es uno de los países que más bosques talan en el mundo, a razón de 320 metros cuadrados anuales por persona, unas 20 veces más que el promedio mundial estimado en 16 metros cuadrados por persona al año, según la coordinadora de Biocomercio Sostenible de la Fundación Amigos de la Naturaleza, Andrea Urioste.
Cada año se pierden cerca de 130.000 kilómetros cuadrados de bosques tropicales en el mundo, un área similar a la de Nicaragua, recordó.
Bolivia "no reconoce la posición que ocupa como uno de los países con las mayores tasas de deforestación per cápita en el mundo" y carece de "una propuesta real" para "avanzar en un verdadero plan de desarrollo sostenible", dijo Urioste en el texto "Deforestación en Bolivia: Una amenaza mayor al cambio climático", publicado en septiembre de 2010.
En mayo, la representante de las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, afirmó que "si bien Bolivia no es uno de los grandes culpables del calentamiento global, tampoco creemos que ha apoyado suficientemente la reducción de emisiones, si pensamos que todos los años se destruyen en el país 300.000 hectáreas de bosque".
Para Flores la carretera representa una "apertura a la colonización y a la plantación de coca". El gobierno concedió tierras a los cultivadores del vegetal en el norteño departamento de Pando, pero, según la analista, la concentración de alcaloide en las plantas de esa zona es menor y por eso los cocaleros tienen puesta la mira en el Tipnis.
El cultivo de coca para usos ceremoniales y alimentarios es legal en Bolivia, pero hay extensas zonas plantadas con fines ilegales.
El 28 de septiembre de 2009, funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y dirigentes indígenas denunciaron la presencia en el Tipnis de gente con armas de fuego, presumiblemente vinculada al narcotráfico, a la que se atribuyó acciones de violencia que terminaron con un muerto y dos heridos.
Un día después, el entonces viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo sospechar que los asentamientos de colonos y las plantaciones de coca se relacionaban con el narcotráfico y que había entre 4.000 y 5.000 hectáreas de cocales ilícitos en la reserva. El 2 de febrero de 2010 renunció a su cargo y hoy es uno de los activistas contra la carretera.
Los cocaleros consideran "legítimo" despojar de su territorio a los indígenas de tierras bajas porque los ven como "salvajes" y por tanto sin capacidad para producir alimentos, arguyó Flores.
De hecho, el avance de los cocales en la zona tropical de Cochabamba, especialmente en el Chapare, obligó al pueblo yuracaré a dejar tierras ahora cubiertas de coca y refugiarse en el Tipnis, recordó. "El impacto no sólo es ambiental, es cultural".
El gobierno cree que la carretera permitirá combatir las irregularidades y concertar entre todas las partes la preservación del territorio, dijo a Tierramérica el secretario general de la ABC, Antonio Mullisaca.
Pero todavía no se hizo una consulta previa sobre la ruta a las comunidades indígenas, prevista en la Constitución y varias leyes, y ese mecanismo no está reglamentado.
En opinión del exministro de la Presidencia y director de la estatal Agencia para el Desarrollo de Macro Regiones y Zonas Fronterizas, Juan Ramón Quintana, la marcha contra la carretera que llevan a cabo un millar de indígenas amazónicos hasta La Paz, es azuzada por organizaciones no gubernamentales que impulsan una política ambiental del mundo desarrollado.
El mayor retirado Quintana, hombre de confianza del presidente Evo Morales, acusó incluso a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) de promover la caminata de 600 kilómetros para generar un ambiente de desestabilización, y propuso expulsarla. El gobierno no se adhirió a esa sugerencia.
* El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 3 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
