«¿Otra? ¿Otra violada?», le dijeron a Mari en la fiscalía general de Colombia cuando fue a presentar la denuncia. «Yo me quedé como paralizada», contó ella, luego, a defensores de derechos humanos. Se puso de pie y dijo: «Gracias, otro día vuelvo».
Esta líder comunitaria del occidental departamento del Valle se definió así en febrero ante la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI): "Soy desplazada, soy una violada amenazada, he perdido un hijo". Su cuestionamiento a la justicia colombiana no deja resquicios.
El informe que AI presentó este miércoles 21 en Bogotá contiene este y varios otros testimonios de víctimas, detalla las falencias de la justicia nacional, hace recomendaciones y termina pidiendo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que le ponga fecha a su intervención en este país andino.
No por nada el informe, titulado "Eso es lo que nosotras exigimos: que se haga justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia", se inscribe en una campaña de AI "a favor de la justicia internacional".
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"A pesar de incontables iniciativas, leyes, políticas, mecanismos, decretos y protocolos, el Estado colombiano sigue sin proteger a las sobrevivientes efectivamente y sin garantizar que se respete plenamente su derecho a la verdad, la justicia y a la reparación", dice AI.
Habla de una "inacción endémica", que atribuye a la "falta de voluntad política de sucesivos gobiernos" para ir a las causas de la impunidad en las violaciones de los derechos humanos, "especialmente de la violencia sexual".
La guerra interna colombiana surgió en 1946. Desde 1964, guerrillas de izquierda se enfrentan con las fuerzas de seguridad del Estado. En 1977 reaparecieron grupos paramilitares de ultraderecha que actualmente el gobierno llama "bandas criminales" (Bacrim).
Según la Organización de las Naciones Unidas, estos paramilitares cometen 75 por ciento de los crímenes perpetrados en la guerra civil de este país andino.
En ese marco, se estima que miembros de la guerrilla fueron autores de 8,5 por ciento de los 183 casos de violencia sexual que en 2008 la Corte Constitucional ordenó investigar a la Fiscalía General de la Nación, la fuerza pública sería responsable de 19,4 por ciento y los paramilitares de 45,8 por ciento.
La proporción restante en esa limitada muestra se reparte en 4,5 por ciento a cargo de grupos armados no identificados, cuatro por ciento por la delincuencia común, 1,5 por un familiar y el resto de los casos no se pudo determinar la autoría.
Hace un año, la justicia dictaminó en cinco de estos casos, cuatro de los cuales no estaban relacionados con la guerra. En el único caso vinculado a esta, y resuelto, el paramilitar acusado fue absuelto, aunque el fallo fue apelado. Otras 140 violaciones están en fase preliminar y no se ha identificado a los autores.
En territorios con predominio de fuerzas del Estado y del paramilitarismo, que corresponden a las zonas del país con mayor concentración de población y de riqueza, ocurre reiteradamente una particularidad. Si las mujeres denuncian ante las autoridades que han sido violadas, llueven prontamente amenazas de muerte.
Leidi (nombre supuesto) fue violada por paramilitares en 2001 en el departamento de Santander, en el noreste. Tenía 17 años. Su primer intento de denunciar judicialmente se truncó por amenazas. Huyó a Bogotá.
Ya en la capital colombiana, "cuando yo fui y averigüé cómo denunciar, a los dos días mi mamá recibió amenazas. La llamaron por teléfono y le dijeron que dejáramos eso quieto", dijo en su testimonio ante miembros de AI. "¿Cómo es que averiguan todo? ¿Cómo es que saben tanto?", se pregunta.
"Lo que a mí me da rabia es que cuando uno trata de hacer algo, de una vez las amenazas. No hay quién lo proteja a uno", añadió.
Como resultado, según una encuesta de la organización civil Oxfam y el centro feminista colombiano Casa de la Mujer, 82,1 por ciento de las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto armado interno se abstuvieron de acudir a la justicia.
Aún más: la autoridad forense (Instituto Nacional de Medicina Legal) clasificó como casos "sociopolíticos" apenas 0,62 por ciento del total de exámenes que adelantó en 2009 sobre presunta violencia sexual.
La violación de mujeres siembra el terror en las comunidades y genera desplazamiento forzado de los hogares y robo de tierras. Para el exministro Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, hasta ocho millones hectáreas habrían sido despojadas de sus legítimos ocupantes durante la guerra.
A contrapelo de disposiciones de la Corte Constitucional, los tribunales no están viendo en la práctica el conjunto y no tipifican los casos acorde con la normativa internacional que rige en Colombia, son algunas observaciones del informe de AI.
