¿Dónde está la justicia? En Perú, que todavía intenta recuperarse de dos décadas de terror e incertidumbre política, esta pregunta es una letanía casi cotidiana. Y para las víctimas de la violencia intrafamiliar una de cada tres peruanas, un grito de desesperación.
Son incontables las peruanas que soportan un sistema legal plagado de ineficiencias y demoras, permeado de machismo y discriminación.
Pero hace 12 años, decenas de ciudadanas de los suburbios pobres y comunidades rurales de Cusco, en el sur del país, decidieron convertir su indignación en acción.
Formadas y empoderadas como defensoras comunitarias por el Instituto de Defensa Legal (IDL), aprendieron a ayudar a las víctimas de violencia intrafamiliar brindándoles apoyo emocional sin juzgarlas, y ofreciéndoles orientación jurídica y acompañamiento.
Sembrando las semillas del cambio
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Cusco, corazón del antiguo imperio inca y puerta de ingreso a Machu Picchu, despierta la fascinación de sus visitantes. Pero la mayoría de los turistas son ciegos a la pobreza y la violencia que yace bajo la bella máscara de "capital de la cultura" que ostenta esta ciudad andina.
Se trata de una región donde la indigencia sigue atentando contra la salud, la educación y el desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 69 por ciento de las mujeres de Cusco han sufrido violencia física o sexual, o incluso ambas. Y 23 por ciento de las adolescentes de 15 años o menos han sido víctimas de violencia sexual.
El proyecto del IDL, que aspira a frenar la reproducción intergeneracional de la violencia, opera con una metodología innovadora pero simple: trabaja desde la comunidad y para la comunidad. Como sus integrantes están directamente involucradas, se han vuelto participantes activas, en vez de beneficiarias pasivas.
"Me siento respetada y con poder, lo que marca una diferencia. Por primera vez en mi vida me siento protagonista, como una agente de cambio", dijo Guadalupe Cuba, defensora comunitaria que ronda los 50 años.
Desde 1999, los equipos de defensoras comunitarias pasaron de ocho a 65, y la cantidad de integrantes aumentó de 40 a 450. Formadas para entender el ciclo de los abusos domésticos, estas voluntarias asistieron ya a más de 36.000 víctimas de violencia intrafamiliar, principalmente niñas y mujeres pobres de entre 12 y 59 años, que hablan quechua y tienen pocos o ningún estudio.
Justicia con obstáculos
"Llevo la historia de cada víctima en mi corazón y en mi alma. Recuerdo cada detalle, cada lágrima, cada moretón. Sé cómo se siente la violencia, y cómo duele. Y, a veces, a causa de la corrupción y la impunidad, siento que estoy tomando la justicia en mis propias manos", dijo la defensora comunitaria Gladys Allasí.
El sistema judicial de Perú está muy rezagado en relación a otras instituciones sociales en sus profundas tendencias sexistas, culturales y racistas. No es raro que los jueces se resistan a calificar la violencia intrafamiliar como un delito serio, y el modo de vestir de una mujer, por ejemplo, todavía es citado como una incitación a la violación.
"La mayoría de los agentes policiales todavía consideran que la violencia familiar es un asunto doméstico y privado. Tienden a interrogar y abusar verbalmente de las víctimas, justificando las agresiones físicas o sexuales. Preguntas como: ¿Qué hizo usted para provocarlo? y ¿Qué vestía usted en ese momento? son muy comunes", dijo Claudia Rosas, abogada del no gubernamental Movimiento Manuela Ramos.
El acceso a la justicia en el sistema legal formal también se dificulta por el costo de contratar a un abogado, el aislamiento geográfico, las inclemencias del tiempo, las barreras idiomáticas y culturales, el analfabetismo, la corrupción y la falta de transporte adecuado, especialmente en las selvas y las tierras altas de los Andes peruanos.
Según un estudio del Banco Mundial, más de la mitad de los casos de violencia intrafamiliar que se presentan ante la justicia nunca obtienen un fallo, mientras que muchos más ni siquiera llegan a tribunales.
Debido a las deficiencias del Estado, muchas poblaciones rurales y suburbanas dependen de instituciones de resolución de disputas comunitarias, como las rondas campesinas o los jueces de paz.
Si se las compara con el sistema judicial, a menudo hostil, lento e ineficiente, estas instituciones son de fácil acceso, rápidas y eficientes. Pero las rondas, como están fundadas en el derecho consuetudinario o ancestral, tienden a impulsar la conciliación y el restablecimiento de las relaciones comunitarias a expensas de grupos más vulnerables, como las mujeres.
En algunos casos, el machismo está tan profundamente arraigado que incluso las mujeres justifican la violencia. "Cuanto más te pega, más te quiere", es un dicho popular en Perú. Y también es un mito difundido que los esposos o novios no violan a sus mujeres.
"Muchas víctimas no (los denuncian) por temor o vergüenza. Algunos valores están tan arraigados que impiden que las mujeres desafíen prácticas que se perciben como la norma", dijo Cuba.
Están aquí para quedarse
Las defensoras comunitarias de Cusco ejercen la a veces difícil de tarea de vigilancia ciudadana de policías y otros funcionarios públicos, lo que demuestra que las mujeres de las comunidades rurales también pueden desempeñar un rol fuera de su hogar. Al hacerlo, desafían el orden social establecido, generando a menudo reacciones adversas.
"A veces las autoridades locales se burlan de nosotras: ¿Qué creen que van a lograr estas campesinas?", relató la defensora comunitaria Gregoria Guzmán.
En cuanto a conciliar el activismo no remunerado con las responsabilidades familiares, definitivamente no es una tarea fácil. Pero las defensoras comunitarias de Cusco lo han logrado porque las motiva su convicción, solidaridad y compasión, más que el dinero u otros bienes materiales.
"Ser defensora comunitaria es una experiencia reparadora. Yo perdí a mi hermana por culpa de la violencia intrafamiliar. Y aunque nunca olvidaré ni perdonaré lo que ocurrió, hallé solaz en la posibilidad de ayudar a otras personas", dijo Cuba.
Con la sustentabilidad como objetivo, la Coordinadora Departamental de Defensorías Comunitarias del Cusco (Codecc) puso en marcha un innovador programa de capacitación para que la experiencia y el conocimiento acumulados puedan transmitirse a las generaciones más jóvenes.
Y como 2011 señalará el fin de la ayuda financiera del IDL al proyecto, debido al retiro de algunas agencias de asistencia de Perú, la organización recurrió a la recolección de fondos a pequeña escala y presentó sus planes a la Unidad de Presupuesto Participativo de Cusco.
"He sido defensora comunitaria durante 10 años, y no siempre fue fácil. Pero no abandonaré (esta tarea). Como le dije a mi hijo: Estoy sembrando las semillas del cambio y, algún día, tú cosecharás lo que yo sembré", resumió Cuba.
* La autora forma parte del equipo de la Revista Ideele del Instituto de Defensa Legal de Perú.
