La millonaria campaña de cara a las elecciones de septiembre en Guatemala evidencia el descontrol sobre el financiamiento de los partidos políticos y la necesidad de endurecer su fiscalización ante la filtración de recursos del narcotráfico y de empresarios que más tarde cobran «el favor», advierten expertos.
"Se necesita de una gran reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para darle dientes al Tribunal Supremo Electoral para que sea una entidad que actúe con suficiente peso", señaló a IPS el diputado independiente Aníbal García.
Pero no solo eso, sino que también se requiere "voluntad política" de los magistrados electorales y del Ministerio Público, el ente coordinador de la persecución penal, para hacer cumplir la ley, agregó.
Los ciudadanos guatemaltecos están convocados a las urnas para septiembre con el fin de elegir presidente y vicepresidente por los próximos cuatro años, 153 diputados para el unicameral Poder Legislativo, 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano y 333 gobiernos municipales.
La polémica se ha instalado una vez más del lado de los partidos políticos, cuyas millonarias campañas están en marcha, pero no han informado a la población sobre el origen de los recursos para llevarla a cabo.
Por esa razón, el organismo electoral sancionó este mes a nueve de los 26 partidos que participan en la contienda por incumplir con entregar su presupuesto de campaña, aunque la pena no va más allá de una amonestación pública por escrito.
Desde 1985, el país cuenta con una Ley Electoral y de Partidos Políticos, reformada en varias ocasiones, la cual establece un marco legal para transparentar el financiamiento de la actividad política, históricamente oculto.
Sin embargo, las sanciones incluidas dentro de la norma son apelables y consideradas "tibias", al igual que el actuar del tribunal electoral.
"El tribunal sigue teniendo una inspección débil, irresponsable y discrecional", afirmó García.
Esa autoridad también ha multado a 11 partidos por hacer campaña antes de la convocatoria formal a elecciones, que se realiza el 2 de mayo. Las 348 sanciones suman arriba de 43.000 dólares, aunque la mayoría no han sido canceladas porque fueron impugnadas.
"Si hay violación grave a la ley debería sancionarse ejemplarmente con la suspensión del partido pero aquí nunca ha sucedido aunque esto pasa frecuentemente", señaló el congresista.
"El daño es para el país, porque al final no exigir cuentas claras y tener siempre falta de transparencia en el financiamiento lo que trae como resultado es que los poderes del Estado deban pagar facturas a los sectores que financian esas compañas millonarias", sostuvo García.
En abril de 2004, el parlamento aprobó 152 reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, las cuales obligan a las agrupaciones a llevar un registro contable de las contribuciones privadas, fija un techo al gasto de campaña equivalente a un dólar por ciudadano empadronado y prohíbe aportar más de 10 por ciento de este límite.
No obstante, esas normas fueron incumplidas en las elecciones de 2007, lo cual puso en duda su efectividad y su efecto coercitivo.
Miguel Ángel Balcárcel, analista político de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales, dijo a IPS que el país aún no ha logrado reformas "muy desarrolladas y en una dirección correcta" para transparentar el financiamiento de los partidos.
De hecho, "fue abandonada por los diputados" otra propuesta de enmiendas a la norma electoral denominada "de segunda generación", que fortalecería los mecanismos e instrumentos jurídicos de control del financiamiento político y que además abordaba la reducción del número de diputados y la democratización de los partidos, indicó el experto.
"Deben fortalecerse los mecanismos de control" del financiamiento privado y público, según Balcárcel, lo cual pasa por "darle dientes al Tribunal Supremo Electoral".
"Nuestro sistema no ha avanzado a un nivel donde la transparencia sea determinante y solo se puede superar mediante una exigencia fundamental de la ciudadanía y un marco jurídico que asegure vigilar el uso de los recursos tanto públicos como privados", añadió.
José Dávila, de la no gubernamental Coalición Civismo Electoral, comentó a IPS que "en América Central está el agravante del dinero del crimen organizado y del narcotráfico, que está bien incrustado en la sociedad y en estructuras estatales y que va a parar a las campañas electorales".
"En Guatemala, como en los demás países de la región, no hay una cultura de rendición de cuentas, mucho menos de los partidos, de tal forma que se avanza a duras penas y la situación seguirá así mientras no haya reformas profundas a las leyes electorales", puntualizó.
Pero hay un paso legal que trae esperanzas y nuevos retos al país en su lucha contra la opacidad en el manejo de los recursos utilizados por las organizaciones políticas.
Se trata de la aprobación de varios delitos electorales, entre ellos, el de financiamiento ilícito, el cual es generado por una actividad criminal, y el de propaganda oficial ilegal o mediante uso de recursos estatales, que entraron en vigencia en febrero pasado. La sanción más severa es de 12 años de prisión y las multas llegan al equivalente de 65.800 dólares.
"No tenemos experiencia en Guatemala al respecto porque no existían esas figuras delictivas pero será interesante la experiencia de aplicarla a los responsables del financiamiento ilegal", observó a IPS el abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac.
Será trascendental el papel que juegue la autoridad electoral y el Ministerio Público para determinar estos delitos, según el jurista.
