«Si se divorció fue por ambición y amor al dinero», sentenció a IPS la comerciante Dulce Álvarez, ante la decisión de la hasta abril primera dama de Guatemala, Sandra Torres, de poner fin a su matrimonio y eludir así el impedimento legal de aspirar a gobernar para los familiares de los presidentes.
El artículo 186 de la Constitución impide optar a gobernar a "los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia".
Colom y Torres, casados hace ocho años cuando ambos eran dirigentes políticos, encontraron en el rompimiento de su vínculo marital la salida para que ella pudiese optar a sucederlo a él en las elecciones generales del 11 de septiembre, en un país con una democracia aún en consolidación y donde está prohibida la reelección inmediata.
El divorcio fue solicitado en marzo y concedido en abril, pero ha entrado en una maraña de apelaciones, suspensiones, recursos y decisiones, en que el último acto hasta ahora favorece a Torres. El viernes 12 la Corte de lo Constitucional, desestimó dejar sin efecto la separación legal, tras ser suspendida provisionalmente por un tribunal inferior.
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Torres, de 51 años, fue proclamada el 8 de mayo como la candidata presidencial de una coalición de la gobernante y socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (Une) y su aliada y centro derechista Gran Alianza Nacional (Gana). En las primeras encuestas electorales aparece como segunda en intención de voto.
El proceso electoral arrancó formalmente este mes, cuando el Tribunal Supremo Electoral abrió el proceso de inscripciones de candidatos, que concluye el 2 de julio. La coalición Une-Gana aún no cumplió ese trámite.
"No parece ético acudir a una figura como el divorcio cuando la pretensión no es divorciarse sino estar en la capacidad de optar a la Presidencia", dijo a IPS Raquel Zelaya de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
"Se debilita mucho la legitimidad de doña Sandra porque para gobernar hay que tener antecedentes de respeto profundo a la letra y al espíritu de la ley", agregó.
Esa tampoco es la forma correcta de romper la brecha política que discrimina a las mujeres guatemaltecas, según Zelaya. "Las luchas femeninas se tienen que hacer recurriendo a los caminos legales pero este no es el enfoque que yo esperaría de las mujeres", precisó.
La participación política femenina es limitada en Guatemala. En el unicameral Congreso legislativo, de 158 diputados solo hay 19 mujeres, y la Unión Interparlamentaria Mundial sitúa a Guatemala en el puesto 90 entre 129 países, en cuanto al porcentaje de presencia femenina.
Peor es la situación en otros poderes públicos. En el máximo órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia hay una mujer de entre 13 magistrados, y en los 333 municipios del país, únicamente seis tienen al frente una alcaldesa.
Guatemala, con 13,5 millones de habitantes, tampoco cuenta con una ley de cuotas de participación política para la mujer, al contrario de la mayoría de países latinoamericanos.
Además de Torres, también fue proclamada como candidata presidencial la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quien concurrirá por segunda vez a las urnas, al frente del partido indígena Winaq y un Frente Amplio de izquierda. Menchú se convirtió en 2007 en la primera indígena en aspirar a la Presidencia de un país en América Latina.
Nineth Montenegro, diputada del centroizquierdista Encuentro por Guatemala, dijo a IPS que las barreras que enfrentan las mujeres no validan que se quebrante la ley para llegar a los espacios de poder.
"El divorcio no sería un problema si no es por la razón que lo motiva. Todos tenemos derecho a casarnos y a divorciarnos. Pero aquí pareciera que se usó la figura del matrimonio para usufructuar beneficios para ser primera dama y ahora el divorcio para ser candidata", argumentó.
Por el contrario, la legisladora saludó otras luchas femeninas de la historia del país. "Las primeras mujeres obreras dieron batalla por lograr horarios y salarios dignos y resistieron las dictaduras de Jorge Ubico (1931-1944) y Manuel Estrada Cabrera (1898-1920)", citó como ejemplo.
"Ser capaz de cualquier cosa para lograr objetivos es delicado porque para dirigir el país se necesita, además de poseer dotes de estadista, mucha objetividad, tolerancia y respeto a la ley", advirtió Montenegro.
Pero algunos grupos de mujeres han restado importancia a la separación. "Hay una transgresión a la ley pero no nos parece lo más preocupante de la situación actual", dijo a IPS Mayra Alvarado, de la no gubernamental Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas.
"Estas mujeres han tenido que asimilar mayores méritos que sus correligionarios hombres para llegar a esos puestos de decisión como en el caso de Sandra Torres, en un sistema patriarcal, autoritario y militarista", dijo.
"Apenas hace 46 años que las mujeres podemos elegir y ser electas en Guatemala, al igual que la violación dentro del matrimonio hasta hace poco no existía en este país", recordó.
Rosario Escobedo, del no gubernamental Sector de Mujeres, dijo a IPS que la separación presidencial "es una maniobra electorera" pero que no deja de ser un divorcio al que "todas y todos tenemos derecho".
La activista enfatizó en que la participación de las mujeres en la política guatemalteca "ha sido de relleno y en cargos que no son prioritarios para los partidos". Aunque "más mujeres en política no garantizan un cambio en su vida cotidiana, sobre todo si no se ven planes que mejoren su calidad de vida a largo plazo", puntualizó.
Torres, por su parte, asegura que "tengo el derecho a elegir y ser electa. Me divorcio del presidente pero me caso con el pueblo", en una frase repetida a sus seguidores en los mítines.
La aún formalmente precandidata ostentó un inédito poder como como coordinadora del Consejo de Cohesión Social, creado por Colom, a través del cual manejó millonarios fondos para programas sociales y participó en los gabinetes ministeriales. Sigue usando su alianza matrimonial y, según sus opositores, vive en la residencia presidencial.
El grupo Alternativa Renovadora de Abogados y Notarios obtuvo la suspensión provisional del divorcio presidencial, al alegar un "fraude de ley", por fingir una separación para que Torres pueda optar a un cargo al cual tenía prohibición.
La medida quedó superada por la decisión del tribunal constitucional, pero la batalla jurídica no está terminada, e incluso un grupo de redactores de la actual Constitución amenaza con pedir un juicio político contra el presidente si la candidatura de Torres es formalmente inscrita, bajo el cargo de "tentativa de violación" a la ley fundamental.
Torres reitera que "me critican por lo que hago y no hago", mientras que Colom, de 59 años, asegura ahora que ella "no tiene prohibición constitucional" para aspirar a sucederle, después que en abril de 2010 afirmó que un divorcio con fines políticos sería "inmoral".
Argentina, Brasil y Costa Rica son los países latinoamericanos actualmente gobernados por mujeres, a los que pudiera unirse Perú en julio.
