Los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay comienzan a proponer leyes para poner coto a la avidez extranjera por sus codiciadas y extensas tierras aptas para la producción de alimentos.
Pero sí procuran poner límites frente al avance sobre estas propiedades agropecuarias desde países que las apetecen para facilitar el abastecimiento de sus propios mercados de alimentos o como instrumento de inversión especulativa.
En Brasil ya se dictó una norma que limita la adquisición de tierras por parte de extranjeros y de empresas brasileñas con capital foráneo, mientras en Argentina y Uruguay se analizan proyectos que apuntan a igual dirección. En todos los casos, el alerta viene por la creciente compra de tierras registrada en estos países en los últimos años a raíz del aumento de los precios internacionales de los alimentos y de la falta de otras alternativas de inversión financiera.
Un estudio presentado en 2008 por la organización no gubernamental internacional Grain, que trabaja a favor de campesinos y pequeños productores rurales, ya había advertido de este proceso y mostrado casos concretos de ese avance.
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China, Egipto, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, India, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos están adquiriendo o arrendando tierras fértiles en otros países donde no siempre los alimentos abundan, señala Grain.
La investigación menciona que Camboya, que recibe ayuda del Programa Mundial de Alimentos, arrienda campos de arroz a Qatar y Kuwait, mientras Uganda cede campos de trigo y maíz a Egipto, y a Filipinas llegan interesados de Arabia y Emiratos Árabes.
Esta avanzada no sólo procura asegurar la provisión de alimentos. También hay compras de tierras con fines especulativos por parte de bancos y financieras en Ucrania, Senegal, Nigeria, Rusia, Brasil y Paraguay, sostiene el informe.
En entrevista con IPS, el dirigente campesino brasileño José Pedro Stédile, del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), dijo que en su país se percibió esta presencia cada vez más importante de capitales especulativos en el sector.
Adquirieron tierras, usinas de etanol (combustible hecho a base de caña de azúcar) y represas entre otras inversiones, explicó. "El MST está preocupado porque esto pone en riesgo la soberanía y causa más inseguridad alimentaria", alertó.
El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria de su país informó que hay unas 4,5 millones de hectáreas en manos extranjeras, pero el gobierno admite que el dato no refleja la realidad y que podría ser más del doble.
Stédile aplaudió la norma aprobada en septiembre que limita la compra o arrendamiento de parcelas más allá de un mínimo a extranjeros, y fija en 25 por ciento el límite de superficie de un mismo municipio que pueden adquirir.
"La prioridad del uso de la tierra debe ser producir alimentos para nuestro pueblo y las empresas extranjeras compran tierras para especular, para proteger sus patrimonios, y plantan lo que les de más lucro", aseguró.
En tanto, en Argentina, el gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández envió al parlamento en abril un proyecto de ley en el que fija en 20 por ciento el límite a la titularidad de extranjeros en territorio nacional y no les permite comprar más de 1.000 hectáreas en zonas productivas.
No obstante, no limita, como en Brasil, la participación de extranjeros en fondos de inversión, ni tampoco revisa lo ya vendido.
Las autoridades argentinas estiman que hay unas siete millones de hectáreas en manos extranjeras, pero la Auditoría General de la Nación fijó en 17 millones esa propiedad, lo cual representa 10 por ciento del territorio o más de la mitad del área sembrada.
Sólo el magnate italiano Luciano Benetton posee casi un millón de hectáreas de tierras en la sureña región de la Patagonia.
La iniciativa del gobierno de Fernández reivindica a la tierra como recurso natural no renovable y se funda en un análisis del contexto global en el que se destaca el constante aumento de la población mundial y el creciente deterioro de las tierras cultivables.
La Federación Agraria Argentina, que agrupa a productores de pequeña escala, pedía una norma de este tipo desde 2002 y por eso celebró el proyecto. Sin embargo, advirtieron que se requiere además una ley de arrendamientos.
En esa norma se deberían establecer criterios sobre lo que se produce en tierras de alquiler. La objeción apunta, por ejemplo, a una polémica que se suscitó en Río Negro, una provincia de la Patagonia.
El gobierno provincial rionegrense suscribió un convenio de cooperación con un grupo de empresas chinas para arrendar 240.000 hectáreas para la producción de soja en los próximos 50 años, con opción a la renovación automática del contrato.
El ingeniero agrónomo argentino Walter Pengue, del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la estatal Universidad de Buenos Aires, comentó a IPS que, si la iniciativa no revisa lo ya vendido ni regula el uso del suelo, tendrá serias limitaciones.
"El proyecto está bárbaro, pero me deja preocupado porque en el mundo académico internacional se discute la disponibilidad de la tierra y para 2020 se prevé que habrá unos 15 países con tierras productivas, entre los que está Argentina", indicó.
Pengue cuestionó el acuerdo del gobierno de Río Negro. "No venden la tierra, pero la arriendan y allí se produce lo que quiere el que la alquila, entonces la huella ecológica de otros países queda para siempre en nuestro territorio", advirtió.
En Uruguay, el intento del gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez (2005-2010) de hacer aprobar una ley que limite la extranjerización no se pudo concretar, pero la fuerza que lidera, el Frente Amplio, proyecta concretarla este año gracias a la mayoría absoluta que ostenta en el parlamento en el marco de su segundo gobierno, ahora encabezado por José Mujica.
El censo de 2000 indicó que 17 por ciento de la tierra de ese país estaba en manos de capitales externos, afirmó a IPS el geógrafo Marcel Ashkar, de la Facultad de Ciencias. Pero hoy se estima que ya cubre entre 20 y 30 por ciento de las tierras aptas para la agricultura.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informó que de 2000 a 2009 se comercializaron más de seis millones de hectáreas y que más de la mitad fueron adquiridas por extranjeros, fundamentalmente argentinos y brasileños.
El peso de la soja, el arroz y la forestación a gran escala atraen capitales, además de de sus dos grandes vecinos, también de España, Chile y Finlandia, que aumentan sus posesiones en Uruguay de la mano de grandes complejos industriales de producción de celulosa.
* Aportes de Fabiana Frayssinet (Río de Janeiro) y Raúl Pierri (Montevideo)
